En su discurso inaugural del año legislativo, el presidente Alberto Fernández cuestionó al Poder Judicial e hizo referencia de forma clara pero sin nombrarlos a actores protagónicos de los tribunales de Comodoro Py como el fiscal procesado Carlos Stornelli, el presidente de la Cámara Federal porteña Martín “Doctrina” Irurzun y el titular de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, quien visitaba a Mauricio Macri en su despacho privado antes de firmar fallos que perjudicaban a dirigentes kirchneristas. También mencionó de forma tácita el caso Correo Argentino, expediente que lleva casi 20 años mientras la familia Macri no paga su deuda con el Estado. Criticó a la Corte Suprema y sostuvo que una reforma en el tercer poder del Estado es “impostergable”. Si hay algo que está claro es que sin cambios no se podrá dar vuelta la página del Lawfare.
“Empecé mi presidencia interviniendo la Agencia Federal de Inteligencia y prohibiendo que cualquier agente del organismo se vincule a cuestiones de seguridad interna o estrictamente judiciales. Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia de los que entonces hablé. Pero lamentablemente no fue así”, inició Alberto su pasaje dedicado al Poder Judicial.
Tras afirmar que no hubo cambios importantes en los que hace a la esencia del Lawfare, Fernández resaltó que “en la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara”. La referencia fue al titular de la Fiscalía Federal N° 4 de Comodoro Py, el fiscal Stornelli que está en funciones e interviniendo en casos sumamente sensibles (recientemente, se excusó de intervenir en una causa de espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora pero el macrismo pretende llevar al edificio de Retiro).
El Presidente resaltó que a Stornelli “no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual’ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”. El apuntado en este párrafo no fue solamente el fiscal del caso Cuadernos procesado por sus vínculos con la banda paraestatal del espía Marcelo D’Alessio. La doctrina a la que hizo referencia el primer mandatario es la que ordenó implementar Martín Irurzun en Comodoro Py. Bajo su tesis, todo dirigente kirchnerista podía llegar a ser detenido por su “poder residual”.
En un claro ejemplo de lo blindado que se siente, Stornelli le respondió al Presidente: “Perseverar en cumplir con el deber y guardar silencio son la mejor respuesta a la calumnia”, afirmó el fiscal, según publicó Infobae.
En otro pasaje de su discurso, el Presidente resaltó cómo a pesar de revelarse los engranajes de la persecución judicial nada cambió: “También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”.
Y es difícil esperar un cambio si siguen en actividad los mismos actores judiciales que implementaron el Lawfare en todas las instancias de Comodoro Py. De hecho, no sólo están en actividad los jueces como Julián Ercolini y Ariel Lijo, sino que las instancias revisoras de todo lo que hacen siguen copadas por magistrados alineados con Macri o contra el Gobierno. O un mix de todo.
Un ejemplo claro es la Cámara Federal de Casación Penal, con amplia mayoría de jueces alineados con Juntos por el Cambio. Y, puntualmente, el actual presidente del Tribunal, Hornos. “Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la Casación al entonces Presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio”, dijo Alberto sobre el presidente de la cámara de Casación Penal.
Hornos fue denunciado penalmente y en el Consejo de la Magistratura (donde se pidió su renuncia) porque, tal como publicó este medio, visitó a Macri en su despacho privado en la Casa Rosada antes de suscribir resoluciones que perjudicaban a dirigentes kirchneristas. Es más, en una insólita justificación ante sus pares dijo que tiene “una relación social” con el líder del PRO y que lo contactaba para hablar de diversos temas judiciales pero no de fallos puntuales.
Durante la apertura del año legislativo, no faltaron cuestionamientos a la Corte Suprema de Justicia. Es que difícilmente el Poder Judicial pueda funcionar con las deficiencias que lo hace sin que el Alto Tribunal tenga cierto grado de responsabilidad.
Fernández subrayó la atención que los supremos le dieron al caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes Macri trasladó a dedo en la estratégica Cámara Federal porteña, que revisa todo lo que pasa en la primera instancia de Comodoro Py. “En este año también hubo decisiones judiciales llamativas. Como un per saltum que le asignó extrema gravedad al traslado de dos jueces ignotos”, afirmó el Presidente. Bruglia y Bertuzzi permanecen en la cámara porteña a la espera de que se designe a dos jueces “naturales” en esos cargos. El concurso para esas funciones recién está dando sus primeros pasos.
No fue el único cuestionamiento a los ministros cortesanos: “En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, señaló el Presidente. Y luego agregó que “la relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone”. La suprema Elena Highton de Nolasco bien podría darse por aludida, ya que sigue en su cargo pese a que cumplió los 75 años que la Constitución pone como limite. Logró el beneficio gracias a un acuerdo con el macrismo materializado en un fallo del juez Enrique Lavié Pico.
A modo de una primera conclusión, el Presidente indicó: “Todas estas dudas, que se mezclan con otras en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho”.
Ante este panorama, el Presidente le pidió “al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”.
“Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”, añadió Fernández. Será de vital importancia, por ejemplo, atender al informe que brindará la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia que está analizando el espionaje político que realizó el macrismo.
“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia”, aseguró el jefe de Estado. Y en una descripción que refleja lo vigente que sigue el Lawfare, añadió: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”.
Tras describir este cuadro de situación, el Presidente solicitó que se aprueben los proyectos de reforma judicial que se empezaron a trabajar el año pasado, recibieron media sanción del Senado pero quedaron trabados en Diputados: el de la reestructuración judicial que hace foco en el funcionamiento del fuero federal; y el de la reforma al mandato y forma de acceso al cargo del Procurador General de la Nación. “Sería muy importante que ese proyecto se trate para regularizar de una vez por todas ese órgano que la constitución instituye”, señaló Fernández respecto a la necesidad de nombrar a un jefe de los fiscales y terminar con el interinato de Eduardo Casal. También anunció el envío de una serie de proyectos para modificar la discrecionalidad con la que se maneja la Corte y otro para cambiar la estructura del Consejo de la Magistratura.
Es que sin esos cambios difícilmente se pueda dar vuelta la página del Lawfare que, tal como lo describió el Presidente, sigue vigente.
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