El procesado fiscal Stornelli quiere quedarse con la causa de la Gestapo antisindical

El fiscal Carlos Stornelli pretende quedarse con el caso de la Gestapo antisindical que tramita en los tribunales federales de La Plata. Se trata de la única causa que preocupa a Mauricio Macri y a sus cómplices que está afuera de la ciénaga de Comodoro Py. La pesquisa, hoy en manos del juez Ernesto Kreplak, hace foco en la persecución judicial contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina pero deja entrever una sistematicidad que excede ese ejemplo puntual. De hecho, tal como reveló El Destape, en los documentos de ese expediente constan llamadas de los directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con jueces y fiscales de Comodoro Py. Stornelli, procesado en una de las causas de espionaje que Macri logró pasar a los tribunales porteños, se hizo eco del planteo de un ex capo de la AFI y firmó un dictamen para que la causa de la Gestapo M pase al edificio de Retiro.

La jugada de Stornelli se da mientras se debaten otros dos planteos más de inhibitoria también realizados por ex directivos de inteligencia en Comodoro Py: uno está radicado en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, uno de los magistrados que hablaba con los capos de la AFI, y otro en el de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que acaparó los casos de espionaje ilegal que tramitaban en Lomas de Zamora y Dolores. 

Sin temor al ridículo –o a sabiendas de su impunidad-, Stornelli pide la investigación de la Gestapo M para anexarla a una causa donde por su inacción en los últimos 3 años fue denunciado penalmente por el propio Pata Medina. Es que en noviembre de 2019, Medina denunció en Comodoro Py a Macri por una persecución judicial en su contra. El gremialista había hecho referencia a la reunión en el Banco Provincia y apuntado al ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Recién en marzo del 2021 Stornelli le dio impulso penal a esa causa y no avanzó en nada. Ahora que explotó el caso Gestapo M en la justicia federal de La Plata pretende absorberlo. En declaraciones mediáticas que dio en diciembre pasado, Stornelli ya sentó posición sobre esta pesquisa: “No creo que haya habido una Gestapo que persiguió al kirchnerismo durante la gestión de Macri”, aseguró. Está claro para qué quiere la causa.

Vale recordar que Stornelli además de estar procesado en una causa de espionaje por sus vínculos con el espía ilegal Marcelo D’Alessio, se nutrió de escuchas ilegales que tomó la AFI en la cárcel de Ezeiza para darle impulso a la Operación Puf, maniobra con la que se buscó derribar el D’Alessiogate. Además, como publicó El Destape, su hijo estuvo como orgánico en la agencia de inteligencia durante el macrismo.

Gestapo M: La avanzada de Comodoro Py

Juan Sebastián De Stéfano y Darío Biorci, dos directivos de la AFI macrista imputados en la causa Gestapo antisindical, presentaron diversos planteos de inhibitoria en Comodoro Py en pos de que distintos juzgados de los tribunales de Retiro pidan la causa al juez federal platense Ernesto Kreplak. Mientras avanza la primera tanda de indagatorias en ese caso, se aceleró la avanzada de Comodoro Py para absorber este expediente que tanto preocupa a Macri y Vidal. El momento no parece azaroso. Este viernes terminaron de ser indagados los empresarios que participaron en la reunión del Banco Provincia y esta semana desfilarán por tribunales los exministros bonaerenses comprometidos en la maniobra.

Según pudo confirmar este medio, el fiscal Stornelli se hizo eco de un planteo de Biorci, el exjefe de la AFI macrista y cuñado de Silvia Majdalani, y firmó un dictamen para que la causa de la Gestapo salga de La Plata y viaje a Comodoro Py. El dictamen se dio en una causa que tramita en el juzgado federal Nº 6 que actualmente subroga el juez Daniel Rafecas. Rafecas correrá vista a la querella de ese caso y las defensas y luego resolverá si hace lugar a los planteos o los rechaza.

Biorci, uno de los jerarcas de la AFI que participó de esa maniobra de armado de causas, intenta que el expediente se suba a la autopista Buenos Aires-La Plata. En enero, en plena feria judicial, hizo el planteo de inhibitoria ante el juzgado 6. Pero no se habilitó la feria para su tratamiento. ¿Qué plantea el exespía? Que la causa Gestapo aborda los mismos hechos que se denunciaron ya en 2019 en Comodoro Py (y que Stornelli no investigó). Y que además de una cuestión de territorialidad el de Retiro es el juzgado que primero previno.

El de Biorci no es el único planteo de inhibitoria que hubo en Comodoro Py. El exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, realizó dos presentaciones más en el mismo sentido: una en el juzgado de Lijo –quien en pleno Lawfare mantuvo diálogos telefónicos justamente con De Stéfano, como publicó El Destape- y otra en el juzgado de Martínez de Giorgi, donde tramita la causa de los Súper Mario Bros.

La presentación ante el juzgado de Lijo por ahora no trajo buenas noticias para el exespía que fue cobijado por Horacio Rodríguez Larreta una vez que terminó la presidencia de Macri.

De Stéfano busca que Lijo pida la causa Gestapo M para anexarla a una pesquisa que tiene a los Moyano como querellantes y apunta contra Macri, la AFI, Patricia Bullrich y Elisa Carrió, entre otros. ¿Qué sostuvo el exAFI su reciente pedido de inhibitoria? Que existe entre ambos expedientes una “evidente similitud entre los hechos supuestamente ilícitos mediante la presunta utilización de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por parte del Gobierno de Macri para ‘perseguir’ a sindicalistas”. Y, agregó, que los hechos de la Gestapo ocurrieron en la Capital Federal y no en La Plata.

De Stéfano pretende llevar el caso a donde obtuvo resultados que lo beneficiaron. En la causa que impulsan los Moyano se analiza la persecución a los referentes de Camioneros y allí De Stéfano fue investigado por el apriete al juez Luis Carzoglio y fue favorecido en noviembre de 2019 con un sobreseimiento.

Pero por ahora no logró su objetivo. El abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, y el fiscal de ese caso, Ramiro González, se opusieron a su planteo. González, en un dictamen firmado el 24 de febrero pasado, resaltó que el espía no está legitimado para hacer el planteo porque al ser sobreseído ya no es parte del expediente. Llermanos planteó lo mismo. Resta que el juez Lijo resuelva. Si bien circuló la noticia de que el magistrado había dado curso al pedido del agente de inteligencia, fuentes del juzgado aseguraron a este medio que el magistrado aún no resolvió el incidente.

Sería bastante escandaloso que Lijo busque quedarse con esta investigación. Tal como reveló este medio, el ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI habló al menos 10 veces con el juez federal entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017. En esos meses Lijo era uno de los cabecillas del lawfare y tenía en su escritorio causas tanto contra CFK como contra Macri.

En pos de abrir distintas posibilidades para dar con su objetivo, De Stéfano también hizo un planteo de inhibitoria en el juzgado federal Nº 8 de la Capital Federal que encabeza el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Lo planteó en la causa de los Super Mario Bros, pesquisa que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y donde se investiga el espionaje masivo a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresarios, entre otros. Este jueves Martínez de Giorgi formó un incidente con el planteo de De Stéfano. Es decir, se tratará si corresponde anexar a esa megacausa el caso Gestapo M, lo que implicaría sacarla de La Plata. El ex Nº 3 de la AFI llegó a estar procesado en el caso de  los Super Mario Bros pero se vio beneficiado con la teoría del cuentapropismo cuando la investigación pasó a Comodoro Py.

La apuesta de los espías de la AFI de sacar el caso Gestapo antisindical de los tribunales La Plata y llevarlo al edificio de Retiro tiene sentido. Los antecedentes muestran que el macrismo ha logrado que Comodoro Py absorba cuanta causa judicial preocupe a Macri y los suyos.

Comodoro PRO

Hablar de Comodoro PRO es descriptivo. Macri tiene a esos tribunales como propios y no es una sensación. Por el contrario, se ocupó de que así sea. La clave está en la Cámara de Casación, que es la que resuelve tanto los planteos de competencia (donde tiene que tramitar cada causa) como la palabra casi final en las sentencias y procesamientos. Casi final porque está la Corte Suprema, pero en materia penal la Casación es la máxima instancia.

Macri nombró a 5 los actuales 12 miembros de Casación: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Carlos Mahiques, éste último directamente a dedo y sin concurso. De los 7 restantes hay 4 que igualmente le responden: Juan Carlos Gemignani (sobre el cuál hay múltiples denuncias por violencia de género), Eduardo Riggi (que formó parte del entramado de pago de coimas para direccionar la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra) y los habitués de Macri en Olivos Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que no sólo siguen en sus cargos como si nada hubiera sucedido sino que se niegan a excusarse de intervenir en los casos contra CFK y en los que involucran a su partenaire de tenis. Solo 3 no están alineados con Cambiemos, los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma.

En ese contexto es que se cocinan las mudanzas de las causas de Macri a Comodoro Py. El ex presidente tiene casi todos los números y allí tampoco hay cuentapropismo, la maquinaria de impunidad es vertical y sigue aceitada.

Las dos megacausas por espionaje ilegal ya están en Comodoro Py en su totalidad, algo que buscaron tanto Macri como el fiscal Stornelli, el mismo que ahora quiere quedarse también con el caso de la Gestapo antisindical.

Se trata de:

• El caso D’Alessio y sus derivaciones, tanto el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan como el armado de bases de la AFI  en territorio bonaerense, que se investigaba en Dolores.

• El caso Super Mario Bros, donde quedó al descubierto el espionaje masivo a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y hasta a presos políticos, que estaba en los juzgados de Lomas de Zamora.

En ambos casos hubo regalos de Navidad, como los describió CFK. El 21 de diciembre pasado los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi decretaron que los jefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani no tenían nada que ver con el espionaje ilegal, que el expediente que se inició en Lomas de Zamora no daba cuenta de una asociación ilícita y que las actividades de Alan Ruiz y su grupito de espías eran fruto del cuentapropismo. A los pocos días se conoció el video de la Gestapo antisindical donde se ve a los jerarcas de la AFI macrista armando una causa. Ahora Comodoro Py quiere quedarse también con ese caso.

Al día siguiente del fallo cuentapropista, el 22 de diciembre pasado, fue la mudanza de una parte del caso D’Alessio, la que involucraba al espía ilegal D’Alessio y al fiscal Stornelli. Lo decidieron los camaristas Riggi, Yacobucci y Carbajo, 3 de Macri, por pedido de Stornelli. La excusa fue que la investigación que inició en su momento el juez Alejo Ramos Padilla y siguió su colega Martín Bava giraba en torno a tareas de espionaje ilegal ordenadas desde la AFI, cuya sede central está en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, según estos camaristas, el caso tenía que pasar a Comodoro Py. Vale repetir: ahora Stornelli quiere quedarse con el caso de la Gestapo.

El argumento de ese traslado del caso D’Alessio no es válido ya que la investigación iniciada en el juzgado de Dolores derivó en múltiples delitos cometidos en distintas jurisdicciones, el primero y disparador de todo en Pinamar. El ex camarista federal Jorge Ballestero, eyectado de Comodoro Py por Macri, derrumbó estos argumentos hace unos días en la radio AM 750, donde argumentó: “Si todo va a Comodoro Py, no sé para qué existe la justicia federal de provincia. Es como si a Videla solo le hubieran juzgado en la Capital Federal. Videla fue juzgado en todo el país, no se trajeron todas las causas a Comodoro Py. No deben venir todas las causas a Capital Federal”.

Desde febrero pasado todas las causas que habían quedado en Dolores se mudaron a Comodoro Py. Eran las investigaciones sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan y el proyecto AMBA, el armado de bases de espionaje en la provincia de Buenos Aires coordinado entre la AFI y el gobierno de María Eugenia Vidal, desde las que se desplegaron tareas de inteligencia masivas sobre dirigentes políticos, sindicales y sociales, en especial durante las elecciones de 2017.

El caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan tiene una característica particular: es el único que tiene a Macri ya procesado, decisión del juez Bava. En el expediente constan las tareas de inteligencia sobre las familias de los tripulantes del submarino, los documentos donde muestran que eso se remitía directo a Macri, los testimonios de personal de Casa Militar que afirman que no pedían informes de inteligencia a la AFI para cuidar la seguridad presidencial, entre otros elementos.

En el caso del proyecto AMBA fue reconocido por los propios Arribas y Majdalani ante la Bicameral de Inteligencia. Ambos fueron procesados en su momento por Ramos Padilla. Tal como publicó El Destape, al menos 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos fueron víctimas de la AFI macrista desde las bases de la exSIDE desplegada en la provincia de Buenos Aire. El espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Macri.

Bava tuvo que mandar todo a Comodoro Py: el espionaje a los familiares del ARA San Juan y el caso del proyecto AMBA. En Py el expediente rebotó como bola de flipper entre los juzgados de Maria Eugenia Capuchetti (designada por Macri con el padrinazgo de Daniel “Tano” Angelici), Lijo (que ahora también puede quedarse con el caso de la Gestapo), Martínez de Giorgi (otro que puede absorber el caso Gestapo) y Julián Ercolini (medalla de plata del lawfare muy cerca del extinto Claudio Bonadio). El que definió que fuera Ercolini el que finalmente se quede el caso fue el camarista Pablo Bertuzzi, designado a dedo por Macri como premio por la condena contra Boudou gracias el testimonio pago con un hotel de Alejandro Vandenbroele y mantenido en ese sillón por la Corte Suprema hasta que se termine el concurso para ese puesto, trabado en el Consejo de la Magistratura.