El ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio Alak, presentó en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Seguridad y Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para expropiar tierras y construir establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.
Debido a la superpoblación carcelaria, los establecimientos se encuentran “en un estado de hacinamiento que agudizó el deterioro del sistema”. En los últimos años se han realizado obras de ampliación y/o mejoramiento de establecimientos existentes para generar 2.050 nuevas plazas de alojamiento, aunque ello “no logró dar respuesta a la sobrepoblación, ni solucionó el déficit estructural carcelario”.
Por ello, y según se desprende de la iniciativa presentada, “entre los años 2016 y 2019 se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad. En 2015 la cantidad de encarcelados era cercana a los 35.000, con una tasa de prisionalización de 240 personas por cada 100.000 habitantes; a finales de 2019 la cifra era de 308 por cada 100.000 habitantes, es decir con una población de casi 49.000 presos”.
El Servicio Penitenciario Bonaerense “afronta la sobrepoblación más alta de su historia, cuyo registro se ubica por encima del 100%, de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 Unidades Penitenciarias y 10 Alcaidías Departamentales existentes”. De esta forma el ministro propuso expropiar tierras en Quilmes, Merlo, Moreno y La Matanza.
La explicación a dichas locaciones se basa en que la cantidad de presos con domicilio en el AMBA representan el 69,2% del total de la población, cuando el total de plazas que posee el sistema para alojar a personas en ubicaciones cercanas en dicha región es de apenas el 38,7%.
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“La construcción de establecimientos carcelarios próximos a los vínculos familiares y/o afectivos resultan fundamentales y de ninguna forma el encarcelamiento puede cercenar el derecho a mantenerse en contacto con personas o instituciones del medio libre”, señala la normativa presentada. En tanto, otros de los factores a tener en cuenta están relacionados con los servicios disponibles, la cercanía y comunicación con los centros urbanos y otras ciudades, y el impacto ambiental que producirá cada edificación.
Los inmuebles expropiados serían transferidos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, en el plazo de 10 años, deberá construir los establecimientos penitenciarios y alcaidías Departamentales.
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