Los empresarios Eduardo Costantini y Nicolás Caputo se beneficiaron de supuestas irregularidades en ventas de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires en los años de gestión de el expresidente Mauricio Macri. Un informe en poder de la Oficina Anticorrupción, realizado por la SIGEN, detectó la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación lo que provocó un perjuicio al Estado de, al menos, 75 millones de dólares. Consultatio Argentina SAU y TGLT, empresas de Costantini y Caputo respectivamente, son algunas de las adquirieron los bienes que están bajo investigación por pagar casi 44 millones de dólares en la compra de cinco propiedades.
El documento, al que tuvo acceso El Destape, relevó operaciones llevadas adelante entre marzo de 2017 y abril de 2018, en Capital Federal. Si bien durante ese lapso se concretaron 54 subastas, la muestra alcanzó a 21 operaciones, seleccionadas de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación.
En el detalle de las ventas se observa que el total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares. Entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT.
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Respecto a estas compañías, el documento detalla que a Consultatio SAU se le objetan tres subastas en las que pagaron 31.109.298 de dólares menos cuando el valor de las tasaciones era de 171.409.298 de dólares. Mientras que TGLT se le refuta una subasta por la que pagaron 12.889.766 de dólares menos cuando el valor era de 53.389.766 de dólares. Todas ubicadas en Puerto Madero.
La AABE, en la argumentación que hizo del remate de esos activos, se refirió a la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble. Sin embargo, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión.
El informe es seguido ahora por la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, organismo que deberá definir el rumbo a seguir en esta investigación.
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