El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de juicio político contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por orquestar "un plan" para "garantizar su impunidad" y "alterar el orden constitucional" a través del Poder Judicial.
"Venimos a promover juicio político contra la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, por considerarla responsable de desplegar conductas de enorme gravedad institucional, alterando el orden institucional y el sistema democrático consagrado en la Constitución Nacional", señaló el texto introducido en la Cámara baja, que se conoció este jueves.
En ese marco, agregó que "estamos frente a un plan orquestado por Cristina Fernández de Kirchner —y ejecutado por funcionarios vinculados a ella— que tiene por finalidad garantizar su impunidad —y la de aquellos funcionarios que formaron parte de su gobierno, investigados por presuntos hechos de corrupción— obstruyendo el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, en este caso, del Poder Judicial".
El proyecto fue firmado por los diez diputados pertenecientes a la Coalición Cívica, que responden a Elisa "Lilita" Carrió: Juan Manuel López (presidente del bloque), Maximiliano Ferraro (titular del partido), Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada y Mariana Stilman.
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De todos modos, el juicio político debe ser aprobado por dos tercios de Diputados para poder ser iniciado y pasar al Senado, es decir, 169 votos si la Cámara está completa. Dado que la oposición sólo cuenta con 124 bancas, más otras 15 de independientes, es virtualmente imposible que el proyecto prospere.
El supuesto "plan de impunidad" de CFK denunciado por la Coalición Cívica
Entre los fundamentos para justificar la existencia del "plan de impunidad", los diputados de la CC citan una concatenación de diversos hecho que habrían obstruido el correcto funcionamiento del Poder Judicial que culminaron en el juicio político a la Corte Suprema.
El supuesto plan "comenzó con la desarticulación del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores —ejecutado al poco tiempo de haber asumido las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo—, con la presentación como amicus curiae de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tendiente a solicitar la liberación de Ricardo Jaime y Martín Báez y, luego, con el desistimiento por parte de la Oficina Anticorrupción de todas las querellas existentes en causas de corrupción".
"Continuó con la reforma del Poder Judicial (...) junto a una serie de acciones que tuvieron por fin desplazar del ejercicio de la función pública a magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación que, en el ejercicio de la función jurisdiccional, han dictado resoluciones contrarias a su conveniencia personal y partidaria; nos referimos, en concreto, a los jueces federales en materia penal Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli; así como quien por ley se encuentra ejerciendo interinamente el cargo de Procurador General de la Nación, Eduardo Casal", afirmaron los diputados opositores.
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"Luego, con la modificación de la ley de Ministerio público y una carta pública escrita por Cristina F. de Kirchner en la que criticaba abiertamente a la Corte Suprema —ejerciendo una clara presión sobre ella— y de la que se desprendía un futuro intento de juicio político a todos los ministros de la Corte Suprema, un proyecto de ampliación de dicho órgano judicial —para designar allí jueces militantes— y un avance hacia la elección popular de jueces", continuaron.
"Finalmente, se organizaron marchas solicitando la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dio media sanción a un proyecto de modificación de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y finalmente se inició el juicio político a los integrantes de la Corte", cerraron.
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