"Mañana el pueblo se lo va a demandar en la plaza", auguró el diputado de Unión por la Patria y secretario general de los Bancarios, Sergio Palazzo, respecto a lo que calificó como "una asquerosa entrega de la Argentina", por la ley ómnibus debatida de trasnoche en el plenario de comisiones de la Cámara baja. El deseo de Javier Milei de que el megaproyecto obtuviera dictamen antes del paro y movilización de la CGT obligó a una jornada de negociaciones frenéticas entre el oficialismo y la oposición dialoguista que terminó en una sanción emparchada pasadas la 1.30, con una discusión en la que hubo una mayor exposición de diferencias que coincidencias con la propuesta.
Tan atropellado todo que muchos legisladores opositores ni siquiera conocían el texto que se estaba debatiendo, del que se habían notificado gracias a lo que adelantaron los medios. La impericia política que viene mostrando el oficialismo deberá sortear una prueba de fuego hoy ante la primera gran protesta contras las medidas de ajuste en marcha, que lejos de centrarse en la "casta" pusieron foco en la situación de los trabajadores, jubilados y sectores productivos. La CGT y las dos CTA convocaron a un ceses de actividades en todo el país a partir del mediodía con una movilización posterior, en la que esperan convocar a más de 100 mil personas en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos.
El muy trajinado dictamen de mayoría, por el que se negoció aún dentro del plenario de comisiones que empezó tres horas más tarde de lo estipulado, obtuvo 55 firmas, pero 34 de ellas con disidencias parciales. Eso da la idea del nivel de diferencias que aún persisten respecto a la propuesta oficial en las bancadas de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, especialmente a lo referido a retenciones y movilidad jubilatoria. En pleno debate del plenario el Gobierno envió al Congreso el proyecto que reimplanta el impuesto a las Ganancias -renombrado "Ingresos Personales"- por el que volverán a pagar el tributo más de 800 mil trabajadores.
Con esa iniciativa, el Ejecutivo buscó asegurarse el respaldo de los gobernadores de Juntos por el Cambio, quienes le reclamaban alguna solución al agujero fiscal que les generó la eliminación de ese impuesto coparticipable en septiembre pasado. Sin embargo, el anuncio del envío no le significó al Gobierno el inmediato apoyo de los gobernadores a le ley ómnibus, como aparentemente creyó la Rosada. En un apriete público poco usual, el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió temprano que, sin ley, el Gobierno debería hacer más ajuste y que los envíos de dinero a las provincias se reducirían drásticamente.
En la tensa jornada de negociaciones, los gobernadores consiguieron nuevas modificaciones. Por ejemplo, que el blanqueo sea coparticipable y que antes de la liquidación del FGS del Anses se salden juicios a los jubilados y las deudas con las cajas previsionales de las provincias. Pero no se pusieron de acuerdo en otras cuestiones y, por eso, el alto número de disidencias que pone en duda la suerte del proyecto en el recinto en la sesión que, en principio, sería el jueves. La Coalición Cívica firmó su propio dictamen, lo mismo que los diputados socialistas y Margarita Stolbizer, todos ellos integrantes del bloque variopinto que preside Miguel Angel Pichetto.
El dictamen de rechazo de Unión por la Patria obtuvo 45 firmas y Nicolás del Caño, del FIT, firmó uno propio. "El corazón de esta ley es la delegación de facultades", sostuvo el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, quien insistió que gracias a esa delegación Milei va a poder hacer el ajuste que quiera, incluso volviendo sobre cuestiones que ahora le obligaron a dejar afuera de la propuesta. Leandro Santoro habló de "una extorsión política que no tiene antecedentes", respecto a las amenazas del Ejecutivo a gobernadores y diputados de la oposición amigable. Tanto Santoro como Palazzo destacaron la movilización de este miércoles, igual que Leopoldo Moreau, quien se ocupó de las declaraciones amenazantes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para las organizaciones que marchen.
Al paro y movilización convocado por las centrales obreras adhirieron todos los sectores internos de Unión por la Patria, con columnas que marcharán hacia Congreso desde distintas esquinas del centro porteño. El desplazamiento fue comunicado al gobierno de la Ciudad, por lo que se supone que no habrá complicaciones respecto al protocolo de Bullrich. El escenario estará montado desde avenida Entre Ríos hacia la plaza. Sólo subirían los sindicalistas. El transporte público parará recién a partir de las 19, para facilitar el traslado de la militancia.
El paro general se decidió en respuesta al DNU que apuntó a recortar derechos laborales, que la CGT consiguió frenar con una cautelar en la justicia laboral. Esa causa ya está en manos de la Corte Suprema, luego de las apelaciones del Gobierno. Pero el dictamen de la ley ómnibus agregó nuevos elementos a la protesta. El co secretario general de la central, Héctor Daer, mostró un gráfico con las diferentes curvas según los criterios de actualización de las jubilaciones. Se calcula que los jubilados podrían perder un 30% de su poder adquisitivo sólo en el primer trimestre del año, debido a que recién en abril se haría el empalme con el nuevo criterio de movilidad según el índice de IPC.
Además de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales, anunciaron que participarán de la movilización el gobernador Axel Kicillof e intendentes de la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa, la agrupación La Cámpora y demás fuerzas pertenecientes a Unión por la Patria. "Va a ser incontrolable la cantidad de laburantes que se van a movilizar", anticipó Pablo Moyano en la previa, en desafío a las amenazas de la mnistra de Seguridad. "No somos orcos ni grupos paramilitares. Queremos expresar el descontento con estas medidas. Nosotros le garantizamos a la gente que va a ser una movilización en paz", afirmó en diálogo con El Destape Radio.
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