El abogado Alejandro Rúa solicitó formalmente este lunes la renuncia del procurador general interino Eduardo Casal y el juicio político del titular de la UFI-AMIA Sebastián Basso luego de que el Estado nacional reconociera en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte - IDH) la semana pasada en Montevideo su responsabilidad en la impunidad del atentado contra la mutual judía. La Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA (UFI-AMIA) fue el eje de las críticas de las víctimas, el Estado y la CIDH durante el jueves 13 y viernes 14 de octubre en lo que fue la audiencia final del caso ante la Corte Interamericana.
En diálogo con El Destape, Rúa, extitular de la Unidad Especial de Investigación del atentado de la AMIA que depende del Ministerio de Justicia, explicó que pide el jury de Basso por su mal desempeño y la renuncia de Casal por haberlo mantenido en el cargo a pesar de las evidencias de su mala actuación, las denuncias en su contra y el constante reclamo para que lo desplace de la UFI. “El Estado reconoció las alegaciones de las víctimas y las afectaciones a sus derechos e incluso la Comisión Interamericana de DDHH pidió que con urgencia se corrija la situación de la integración de la UFI AMIA”, señaló Rúa en referencia a las audiencias que se realizaron en Uruguay la semana pasada. Este pedido del abogado es el primer coletazo de que lo que sucedió en esos encuentros internacionales.
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El letrado formalizó su solicitud en una nota que elevó este lunes al procurador interino Casal. En la nota realizó tres solicitudes:
- Le pidió a Casal que “renuncie a mantenerse interinamente en el cargo de Procurador General de la Nación, como su único y último aporte al proceso de Verdad y Justicia y Reparación que se impone en el caso”.
- “Se someta al Tribunal de Enjuiciamiento el mal desempeño del fiscal Sebastián Lorenzo Basso, pudiéndose reclamar los antecedentes del caso a Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales, nuestra Cancillería y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
- “Se concrete esa urgente revisión de la integración UFI-AMIA”.
Rúa indicó en la nota a Casal que se presentó “a propósito de las denuncias por el mal desempeño del titular de la Unidad Fiscal para la investigación de la Causa AMIA presentadas por las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994 y su representación legal en el marco de la audiencia pública de los últimos días 13 y 14 de octubre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Rúa recordó que en esos encuentros, el Estado reconoció que “es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso” y que “el reconocimiento de responsabilidad del Estado se extiende a todas las violaciones de derechos humanos…hasta hoy”. También agregó que eso incluye “las demoras en la investigación” y “las múltiples violaciones del derecho a la dignidad y a la integridad de las víctimas y sus familiares en la búsqueda de Justicia”. Y que la propia CIDH reclamó que “resulta urgente que el Estado revise la integración de la UFI-AMIA a fin de garantizar que cuente con los recursos técnicos y humanos que al tiempo de ofrecer confianza a las víctimas, logre subsanar las irregularidades y darle un impulso auténtico a la investigación”. Nota al margen: la UFI AMIA es la que encabezaba hasta su fallecimiento el fiscal Alberto Nisman.
Para sostener su pedido, Rúa recordó que el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez Manrique, le indicó al Estado argentino que “no espere a la sentencia de la Corte para empezar a genera hechos concretos”.
En diálogo con este nedui, Rúa explicó: “Se ha denunciado el mal desempeño de Basso durante muchos años. Se le reclamó al procurador Casal que lo desplace durante muchos años. Ahora el Estado reconoció las alegaciones de las víctimas y las afectaciones a sus derechos e incluso la CIDH pidió que con urgencia se corrija la situación de la integración de la UFI AMIA”. “El propio presidente de la Corte IDH instó al Estado no esperar la sentencia. Es una situación que puede resolverse inmediatamente. La UFI AMIA no puede estar un minuto más a cargo de quienes han sido ya admitidos como responsables de las violaciones de los derechos de las víctimas del atentado. No hay que esperar ni un minuto más para que se asuman las responsabilidades políticas que a cada uno le compete”, agregó quien fue titular de la Unidad AMIA y en 2005 participó del reconocimiento de la responsabilidad internacional por el caso anta la CIDH.
El rol de Basso al frente de la UFI AMIA es cuestionado por los familiares de las víctimas hace años. No solo critican que no fueron consultados para su designación como aconteció con antecesores suyos. Por ejemplo, en febrero de 2020 Memoria Activa le había pedido a Casal la remoción del fiscal de ese cargo porque es sobrino de la excamarista Luisa Riva Aramayo, jueza visitaba a Carlos Telleldín y fue parte del armado que incluyó el pago de 400.000 dólares al reducidor de autos para implicar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado.
Las audiencias ante la Corte IDH y su importancia
El pedido que realizó Alejandro Rúa es el primer coletazo de que lo que sucedió el 13 y 14 de octubre en las audiencias que se realizaron en Montevideo, Uruguay, para abordar el rol del Estado argentino en el caso AMIA. En 1999, Memoria Activa había hecho una denuncia contra el Estado nacional por no haber prevenido ni investigado el ataque terrorista.
Consultada para esta nota, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, organización que representa a Memoria Activa y alegó en las mentadas audiencias, explicó la importancia de lo que pasó en torno al caso AMIA: “La audiencia ante la Corte IDH fue muy importante porque permitió por un lado a familiares y víctimas nucleados en Memoria Activa tener una situación ante el Estado nacional con la Corte y poder plantar sus demandas. Ese tipo de instancias es reparadora en sí misma”, indicó la letrada.
“Además –continuó al poner en dimensión el encuentro- es el último tramo de la demanda internacional que iniciamos en 1999 ante la Comisión Interamericana que después de tantos años llega a esta instancia oral en la que finalmente planteamos las violaciones del Estado Argentino”.
“El estado Argentino ya había hecho un reconocimiento en 2005 pero no había cumplido los compromisos que había asumido entonces. Ahora llega esta audiencia con un reconocimiento de responsabilidad. Pero lo que quedó planteado en la audiencia es que el Estado debe comprometerse a hacer cosas concretas para revertir el estado de situación que nosotros probamos durante todo el tramite internacional”, añadió Litvachky a El Destape.
¿Cuáles son esas cosas concretas? “La necesidad de que el Estado reencauce la investigación del atentado y la del encubrimiento del ataque. Para eso puede hacer cosas muy concretas como renovar toda la UFI AMIA y nombrar allí a fiscales y un equipo de colaboradores que estén comprometidos con la investigación”, explicó la abogada y directora ejecutiva del CELS.
Otra cuestión muy importante de lo sucedido en la audiencia ante la Corte - IDH esta vinculado con el Derecho a la Verdad. “Lo tremendo de todo este tiempo es que el Estado argentino no solo no investigó para juzgar a quienes cometieron el atentado o a quienes colaboraron con los que lo perpetraron sino que tampoco reconstruyó la verdad sino más bien todo lo contrario, hizo maniobras para encubrir el hecho, para eliminar los rastros de verdad que podían encontrarse”, indicó Litvachky.
“Durante todos estos 20, 25 años hubo un mayor sufrimiento, hubo una violación agregada al sufrimiento del atentado en sí que se podría haber evitado porque fue producto de la acción deliberado del Estado argentino”, sintetizó la directora ejecutiva del CELS. “Y la construcción de verdad sigue siendo uno de los aspectos centrales del caso”, aseguró. “Para avanzar en esa línea es necesario que la Argentina abra sus archivos, los organice, los ordene, ponga recursos y voluntad política para ver qué hay y construir un archivo histórico para la memoria colectiva”, añadió Litvachky.
“Esta audiencia fue muy reparadora, hizo que el Estado Argentino reconociera plenamente su responsabilidad y ahora hay que esperar que la Corte Interamericana saque su fallo. No obstante, la Corte dijo que la Argentina no puede esperar a esa sentencia para empezar a hacer lo que hay que hacer. Nosotros, a partir de hoy, vamos a exigirle al Estado que haga eso. Y con la sentencia tendremos una herramienta para hacer un seguimiento de las medidas que el Estado tiene que hacer”, concluyó Litvachky. Un primer paso es renovar la UFI AMIA. De allí el pedido de Rúa.
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