A un año del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional lanzó un comunicado exigiendo mayor celeridad al Poder Judicial para determinar y condenar a los responsables -tanto materiales como intelectuales- del hecho ocurrido en la puerta del domicilio de la dos veces mandataria, en el barrio porteño de Recoleta. "La impunidad es una amenaza para nuestra democracia", titulan.
Sobre el "lamentable hecho que marcó el regreso de la violencia política a la Argentina", el PJ sostiene la importancia de que existan condenas para los responsables y también acusa a los medios de comunicación por la persecusión contra CFK. "El atentado contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de nuestro país fue una muestra de las consecuencias de la persecución y el hostigamiento que se impulsa hacia su figura y las ideas que representa desde algunos medios de comunicación y espacios políticos", señalan.
Asimismo apuntan contra la Justicia y su falta de accionar en la causa. "El Poder Judicial sigue en deuda para avanzar en la investigación de las conexiones entre los ejecutores del atentado y ciertos actores económicos y políticos vinculados a la oposición. Frente a un hecho de esta gravedad, no podemos admitir la desidia y la complicidad de jueces y fiscales", sostienen. Actualmente, hay tres detenidos que esperan el juicio oral en la cárcel: Fernando Sabag Montiel, quien disparó la bala que no salió; Brenda Uliarte, su pareja y presunta cómplice y Gabriel Carrizo, jefe de "Los Copitos".
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"La violencia, el odio y la impunidad son una amenaza para la democracia que la Argentina supo conquistar hace 40 años. Llamamos a todos los sectores sociales, económicos y políticos a renovar su compromiso con el pacto de convivencia pacífico de nuestra sociedad", sostuvieron. Y concluyeron desde el espacio: "Reiteramos nuestra más profunda preocupación por este hecho y acompañamos a nuestra vicepresidenta con la convicción de que el pueblo jamás olvida a quienes lo defienden".
En qué estado está la causa
Actualmente, la causa sigue frenada. La querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo luego de señalarlo como responsable de la filtración de información relativa a la declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, ex secretaria del diputado nacional Gerardo Milman. La Cámara Federal de Casación Penal ha emitido un dictamen declarando "inadmisible" el recurso presentado. La Sala II, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, ha decidido mantener la decisión tomada en primera instancia por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y posteriormente ratificada por la Cámara Federal porteña.
En el medio, el proceso se vio entorpecido por una licencia de viaje del fiscal Rívolo, lo que retrasó la ampliación de la declaración de la ex secretaria. Durante el tiempo transcurrido entre su solicitud y la declaración efectiva, la ex secretaria recibió mensajes y llamadas insistentes de Carolina Gómez Mónaco, su ex compañera que aún trabaja con Milman y que fue funcionaria durante la gestión de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad. Esto llevó a los abogados querellantes a argumentar que Rívolo había puesto en riesgo a la testigo.
Los abogados querellantes alegaron que durante un período de 24 horas, la información sobre la ampliación de la declaración de Bohdziewicz había estado en manos de la fiscalía, y que durante ese tiempo personas cercanas a Milman habían intentado averiguar los detalles de la declaración.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal, con los votos mayoritarios de los jueces Yacobucci y Ledesma, decidió rechazar el pedido de la querella. El juez Slokar votó en disidencia argumentando que, en su opinión, se habían cumplido las condiciones de admisibilidad y que se debía dar tratamiento al asunto.
Los motivos
El juez Yacobucci argumentó que el recurso presentado no era procedente, ya que la parte querellante no había refutado de manera completa y detallada los argumentos considerados en la resolución recurrida. Además, enfatizó que el fallo cuestionado había sido emitido por la Cámara de Apelaciones como órgano revisor de las decisiones judiciales, lo que constituía una doble conformidad judicial.
Por su parte, la jueza Ledesma compartió la posición de Yacobucci y afirmó que la querella no había demostrado la cuestión federal invocada que habría permitido habilitar la competencia de la Cámara como tribunal intermedio.
Este reciente desarrollo ha generado un debate tanto en el ámbito político como en el judicial de Argentina, destacando las tensiones entre la querella y la fiscalía, así como la participación de Milman y otros actores en la investigación del intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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