La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó que se investigue el rol de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el intento de magnicidio que propiciaron contra la exmandataria el pasado 1° de septiembre, en las puertas de su domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El pedido fue realizado este viernes por los abogados de la dirigente, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
En el documento que presentaron ante la Fiscalía, los representantes legales de la vicepresidenta manifestaron: "Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Y añadieron: "Dado que recientemente el fiscal tomó medidas de prueba relativas a esta fuerza, venimos a proponer otras para que se dilucide cuál fue, efectivamente, la responsabilidad de esa fuerza".
Por otro lado, los abogados de Cristina Kirchner señalaron que es "llamativo" que hasta el momento solo se ha investigado a la Policía Federal y a la custodia de la dos veces mandataria nacional, mientras que no ocurrió lo mismo en relación a "la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado". Y remarcaron: "La Policía de la Ciudad era, además, la mayor responsable de garantizar la seguridad de la Vicepresidenta (a quien solo la salvó un milagro)".
Entre los fundamentos para investigar a la responsabilidad de la Policía de la Ciudad, remarcaron que la vicepresidenta fue "víctima de un hecho de violencia política en general y contra las mujeres, en particular"; aclaración que observan como importante debido a que sostienen que mientras la jueza María Eugenia Capuchetti estuvo a cargo, negó el carácter político y el carácter de víctima de la vicepresidenta. Es decir, que investiga al hecho y lo juzga como "un delito ordinario".
Con respecto a los posibles efectos del intento de asesinato, ambos abogados señalan que quienes planificaron el magnicidio "no buscaron matar a CFK por un problema personal, sino por sus ideas", por lo que es evidente que "buscaron eliminar a la vicepresidenta del debate público y, especialmente, de la posibilidad de participar en futuros procesos democráticos". Para evitar que se repitan hechos como este, subrayan la importancia de "investigar con profundidad" y plantearse que uno de los atentados más graves "no fue producto de un personaje marginal que pasaba por el lugar".
Por esta razón, la importancia de investigar -sostienen- tiene un doble fundamento: por un lado, "averiguar la verdad y hacer justicia" y por el otro, "dar el mensaje de que tenemos una democracia consolidada, en la que si alguien atenta o planea un atentado contra representantes políticos será hecho responsable". Al mismo tiempo, remarcan la importancia de que dicha investigación esté atravesada por una perspectiva de género a la altura del hecho.
En relación al rol de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, vuelven a remarcar que la jueza a cargo "emitió estudiar el accionar" de dicha fuerza que tenía el control territorial del domicilio, tanto el día del atentado como en los previos. "Durante esos jornadas, con el barrio pomposo y sorpresivamente saturado de efectivos de la Policía de CABA, no solo ocurrieron hechos violentos nunca antes registrados, sino que, como se supo luego, ya se encontraban los autores materiales intentando concretar el acto homicida", señalaron.
La falla en la investigación es "inexplicable en términos jurídicos" al ser la fuerza con jurisdicción en el domicilio de la vicepresidenta. "Sin embargo, todo cobra sentido cuando se pone el poco en quien estuvo a cargo, hasta hace muy poco, en dirigir la investigación. Ha salido a la luz que la jueza Capuchetti cobra un sueldo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA", añaden.
Al resaltar que Capuchetti "tiene un cargo de investigadora senior (...), de apoyo a la conducción política" y "brinda asesoramiento al Ministerio de Justicia y Seguridad o a funcionarios afines", señalan la necesidad de evaluar la "clara incompatibilidad de autoridades judiciales" participando de la formación de funcionarios públicos. Y concluyen: "En otras palabras, Capuchetti trabaja en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo al mismo tiempo. La independencia de poderes, bien, gracias".
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