Atentado a Cristina Kirchner: un fiscal pidió que los tres detenidos vayan a juicio

El fiscal federal Carlos Rivolo pidió este lunes enviar a juicio oral a los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre pasado. Según Rivolo, la conducta de los tres acusados fue "premeditada" e idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato" a la Vicepresidenta.

En este marco, la fiscalía pidió a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que dé por cerrada la parte de la investigación vinculada al autor material del disparo, Sabag Montiel, a su novia y al llamado "líder" de la denominada banda de los "copitos", Carrizo, informaron fuentes judiciales. Según el escrito de 197 carillas al que tuvo acceso Télam, Rivolo entendió que la conducta de los tres acusados fue "premeditada" e idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación".

En el caso de Sabag Montiel, de "ocupación remisero en Remitour y vendedor de algodones de azúcar", le imputó " haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo".

Sabag Montiel, "aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente apuntó hacia el rostro de Cristina Fernández de Kirchner, a corta distancia, una pistola semiautomática de acción simple", detalló. La acción de Sabag Montiel fue interrumpida primero por los militantes que aguardaban saludar a Cristina Kirchner en la puerta de su casa y luego por los custodios de la Policía Federal a cargo del cuidado de la vicepresidenta.

Además de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad y de las tantas que ese día estaban presentes en el departamento de la ex mandataria, el fiscal se valió de otra gran cantidad de pruebas, entre ellas, la de los mensajes que se mandaron Sabag Montiel y Uliarte planificando el hecho desde muchos días antes, incluso, con la idea de llevarlo a cabo antes y de los que ellos tuvieron con terceras personas. Tal fue la planificación que hasta idearon alquilar un inmueble cercano a la vivienda de la vicepresidenta y desde un balcón atentar con un arma de fuego, algo que, finalmente, desistieron, según surge de esas conversaciones.

Respecto a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del fallido atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.

"Estamos decididos a matarla a la puta esa", dijo Carrizo quien además mantuvo una conversación con otras personas donde les hacía saber que él había participado en la planificación del hecho. "Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante", concluyó la fiscalía.

"Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos", dijo el fiscal y tuvo en cuenta que el arma utilizada, incluso, pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual el ahora acusado había convivido.

En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Sobre ello, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido a ellos la máquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública. "Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir", indicó la fiscalía.

También, Rivolo se refirió a la posible vinculación de los imputados con algún partido político o agrupación. "No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso", dijo.

"Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc. Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos", sostuvo.

La fiscalía, la cual tiene delegada la investigación, es la que hizo el pedido en momentos en que la vicepresidenta, quien es querellante en la causa, solicita más medidas de prueba y vincula a sectores de la oposición como ser el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. 

Es que 48 horas antes del atentado, un asesor legislativo del bloque de Frente de Todos declaró que en un café cercano al Congreso hubo una reunión entre Milman y dos asesoras suyas y que el legislador les dijo que tenía previsto irse a la Costa Atlántica "cuando la maten" a la ex mandataria. Si bien Milman no fue imputado, sí se está investigando a sus secretarias sobre si dijeron o no la verdad respecto a que eso que se le atribuye a Milman es falso.

Ahora, la jueza correrá vista a las partes, defensas y querella para que opinen y luego definirá si la causa pasa a instancias de juicio oral para juzgar a los tres detenidos. No obstante, un tramo de la causa podría seguir bajo investigación si faltan medidas de prueba por delante.