A un año del atentado contra Cristina Kirchner, la corporación judicial respaldó a Capuchetti y Rívolo

A un año del atentado contra Cristina Kirchner, la corporación judicial salió en defensa de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes están a cargo de la cuestionada investigación sobre el ataque a la Vicepresidenta de la Nación. Tanto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional como la de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal emitieron este viernes comunicados para repudiar lo que llamaron “campaña de difamación” y “ataques mediáticos” contra la jueza y el fiscal. Capuchetti, designada por el entonces presidente Mauricio Macri, como Rívolo fueron apuntados por el oficialismo porque orientaron el caso a un hecho meramente policial y no investigaron en profundidad las distintas líneas políticas que surgen de la pesquisa.

Uno de los disparadores de la reacción judicial fue la realización de actividades políticas “para señalar la impunidad” que impulsó La Cámpora a un año del atentado junto a otras organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos. Esta señalización incluyó manifestaciones en tribunales y el Congreso y una serie de afiches con “las caras de la impunidad”.

Los comunicados de la corporación judicial

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió este viernes un comunicado para repudiar “la campaña de difamación y exposición pública tendenciosa” contra Capucchetti y Rivolo “plasmada, en esta ocasión, en la colocación de afiches con afirmaciones falaces”. “Consideramos que este tipo de expresiones no solo constituyen una afrenta a la labor de estos y de cualquier otro magistrado (da), sino un intento de imponer posiciones que sólo admiten la resolución en el marco del proceso”, añadieron. Acto seguido, exhortaron “a todos aquellos que desempeñan funciones públicas a comportarse con la prudencia y el decoro que corresponde”.

La nota lleva la firma de su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y sus vicepresidentes, entre los que se encuentra el camarista federal porteño Mariano Llorens. Llorens, designado por Macri –con quien se reunió en la Quinta de Olivos-, es uno de los jueces que interviene en la causa del atentado y respaldó la investigación de Capuchetti-Rívolo, que está absolutamente fragmentada con una elevación parcial a juicio de los ejecutores del ataque (Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo).

Llorens, por ejemplo, apuró esa elevación a juicio a  la par que en otro expediente azuzó la persecución contra la Vicepresidenta al plantear que se deben investigar juntas todas las causas que involucran a CFK. Es el mismo magistrado que blindó a Macri al firmar el fallo de los "cuentapropistas" en el espionaje ilegal macrista y el sobreseimiento del expresidente en el caso del espionaje al ARA San Juan.

En la misma línea que la Asociación de Magistrados se manifestó la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, que este viernes expresó su “enérgico repudio a los publicaciones y ataques mediáticos” contra Rivolo y Capuchetti, “donde referentes y agrupaciones políticas, amparadas en un supuesto cuestionamiento a una investigación judicial, pretenden desacreditar la persona de los magistrados intervinientes, adjudicándoles conductas delictivas basadas en datos que no fueron sometidos a un previo y lógico tamiz de verosimilitud, ni siquiera sujetas a la vía de revisión propia de un proceso judicial”.

La asociación de fiscales, que está conducida por Ricardo Toranzos y en la que Rívolo tiene una fuerte ascendencia, se queja de un “hostigamiento mediático en contra de los operadores judiciales, con el solo interés de plantear una hipótesis diferente a la plasmada en un proceso penal” y dice que se “instala un lenguaje y una convivencia social violenta, en contradicción con lo que supuestamente se quiere defender”. Habla de “escraches” y define al comunicado como un “llamado de atención”. Entre los firmantes de este escrito aparece el fiscal Diego Luciani, quien intervino en el caso de la Obra Pública Vial y pidió 12 años de condena contra CFK y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El cierre de su alegato en aquel caso dio pie a manifestaciones en contra de la Vicepresidenta en los alrededores de su domicilio, en  la víspera del atentado.

“Señalización de la impunidad”

El punto nodal de los cuestionamientos a la Justicia es que en la causa del atentado están pendientes de resolución distintas líneas investigativas sobre posibles autores intelectuales y financistas del ataque cuando hay muchas pruebas que comprometen a dirigentes políticos de ultraderecha con contactos con el macrismo.

A 365 días de que le gatillaran en la cabeza a la Vicepresidenta de la Nación, no se profundizó en la “línea Milman” ni en la “línea Carrol”, no se unificaron la causa por el atentado contra CFK y la que investiga al violento grupo antiK Revolución Federal financiado por la empresa Caputo Hermanos. Por el contrario, se apuró la elevación a juicio de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo como simples pistoleros que se radicalizaron solos así como sobresalieron las conexiones de la jueza Capuchetti con los servicios de inteligencia macristas.

En este contexto, a un año del atentado, La Cámpora junto a otras agrupaciones políticas, gremios y organizaciones de derechos humanos realizó una serie de intervenciones para “señalar la impunidad”. Lucía Cámpora, legisladora porteña y secretaria general de La Campora, explicó este viernes a El Destape las actividades que incluyeron este “señalamiento de la impunidad”. “Elegimos 4 lugares que expresan aquello que el poder esta encubriendo y por eso mostramos. Si el Partido Judicial los encubre, nosotros los señalamos”, afirmó. Y relató que concurrieron a:

• Tribunales porque “la jueza y el fiscal quieren cerrar la investigación sin profundizar en las líneas políticas y financieras”, explicó.
   
• La sede legal de Caputo Hermanos S.A, la empresa vinculada a los hermanos del exministro de Macri, Luis Caputo, que le transfirió más de 15 millones de pesos al cofundador de Revolución Federal, Jonathan Morel, con la excusa de trabajos de carpintería. Morel, procesado por incitación a la violencia, tiene una ignota carpintería en San Isidro y los trabajos millonarios fueron para un emprendimiento en Neuquén. Desde Revolución Federal se llamaba a matar a Cristina y Brenda Uliarte participó de manifestaciones que realizó esta violenta organización.
   
• El anexo del Congreso donde están las oficinas del diputado macrista Gerardo Milman, involucrado en la trama del atentado.
   
• La puerta de la ONG de Patricia Bullrich en la que se manipularon los celulares de Milman y sus asesoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Se trata de las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos e Seguridad (IEES) ubicado en la Avenida de Mayo al 900.

La “línea Milman” se abrió en la causa luego de que un testigo dijera que dos días antes del ataque escuchó al diputado macrista decir en el bar Casablanca “cuando la maten yo voy a estar en la costa”. Entonces la querella pidió que se lo investigue. Fueron citadas a declarar como testigos tanto Bohdziewicz como Gómez Mónaco, quienes estaban con Milman en el bar ese 30 de agosto del año pasado. Ambas entraron en contradicciones y los abogados de CFK pidieron que se les secuestre los celulares.

El 26 de octubre pasado, la jueza Capuchetti rechazó la medida, que finalmente fue corregida por la Cámara Federal porteña. Cuando volvieron a ser citadas, Gómez Mónaco dijo que había cambiado de celular y Bohdziewicz que había borrado todo el contenido de su aparato. Bohdziewicz provocó un giro en esta pista cuando el 5 de mayo pasado se presentó nuevamente en la Justicia, de forma espontánea, y relató que había ido por indicación de Milman (y pedido de Bullrich) a borrar su celular a las oficinas de la ONG presidida por Bullrich.

Bajo juramento de decir la verdad, narró que su aparato fue manipulado por un perito informático antes de presentarse a declarar por primera vez. Dijo que también se manipuló el celular de Milman, Tras este episodio, Rívolo solicitó que se analice el celular de Milman. Difícilmente se encuentre algo de interés a un año del atentado.

Por otro lado, la jueza Capuchetti no quiso unificar la causa de Revolución Federal con la del atentado como sí había pedido su colega Marcelo Martínez De Giorgi. Los camaristas designados por Macri en la Cámara Federal porteña apoyaron esta balcanización pese a la innumerable cantidad de elementos que muestran los vínculos entre ambas causas. Por ejemplo, Brenda Uliarte participó de marchas que organizó la agrupación que crearon Jonathan Morel y Leonardo Sosa.

En esa línea, se descubrió que 26 de agosto, 6 días antes del atentado, Morel -quien recibió millones de parte de Caputo Hermanos S.A- describió cómo le gustaría que asesinaran a CFK en un Twitter Space: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'Lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”.

El intento de magnifemicidio fue exactamente así. Pero Comodoro Py mantuvo el expediente de Revolución Federal separado del caso del atentado e incluso bajó la calificación para los líderes de esta secta antiK que quedaron en libertad y volvieron a las redes a expresar su odio tras las PASO. “Esta es la trama de la impunidad que vincula el intento de asesinato de CFK con actores y factores del poder relacionados al macrismo”, explicó Cámpora.

Hilo de irregularidades

En línea con el encubrimiento judicial, uno de los abogados de CFK en el caso del atentado, Marcos Aldazabal, realizó un hilo de Twitter este viernes en el que marcó diversas irregularidades que se dieron en la investigación: “A un año del atentado contra CFK, el Poder Judicial Federal nos mostró, otra vez, su inoperancia y sus compromisos políticos”, resaltó. El letrado hizo una selección de maniobras sospechosas que se dieron en la causa. Algunas de ellas fueron las siguientes:

• “El primer día, se perdió el contenido del celular de Sabag Montiel por la negligencia de la jueza: rompió la cadena de custodia y puso el celular en manos de una persona inexperta con un dispositivo desactualizado”.
   
• “Tres días después del atentado, Uliarte (pareja de S. Montiel y planificadora del ataque) se escapó de su casa por la única puerta. Capuchetti dijo haber puesto policía en la puerta, pero Uliarte apareció en Retiro y solo fue detenida gracias a un aviso de la DAJuDeCO”.
   
• “Al declarar, las asesoras de GM (Gerardo Milman) mintieron: dijeron que no habían estado en el lugar. Al mostrarseles los videos recordaron repentinamente. La jueza se negó a secuestrar sus celulares. Para ese entonces, se sabía que GM había pedido info sobre la custodia de CFK el propio 1/9”.
   
• “Sabag Montiel pidió que Hernán Carrol se encargara de su defensa. Carrol es miembro de una organización de ultraderecha y tenía mensajes con Uliarte de antes y después del atentado. Además, tiene vínculos con Rev. Fed. y con Milman. La jueza tardó semanas en citarlo a declarar”. Cuando lo hizo “se secuestró su celular ante nuestra insistencia. Carrol dijo que quizás había borrado algunos mensajes. La pericia mostró que había borrado todo el celular un día antes de declarar (alguien le avisó). A la jueza no le pareció relevante”.
   
• “Brenda Lara Ortega, de Rev. Fed., tuvo intercambios de mensajes con Uliarte antes del atentado. Cuando se la llamó a declarar y se le pidió que muestre sus mensajes, dijo que le habían robado el celular hace una semana. Tampoco les pareció sospechoso al fiscal y a la jueza”.
   
• “En un juicio en San Martín por falsificación de documentos, Uliarte dijo que conocía Sabag Montiel hace un año. Sabag dijo que se conocían hace 7 años. Cuando Sabag dijo esto, Uliarte se agarró la cabeza. Ni el fiscal ni la jueza tomaron ninguna medida para investigar esto”.

En este contexto, mientras la corporación judicial blinda lo hecho por Capuchetti y Rívolo, el PJ, el Presidente Alberto Fernández y el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, así como diversas organizaciones políticas y gremiales pidieron que se profundice y esclarezca en toda su dimensión el atentado contra CFK.