El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, salió a cruzar a la Corte Suprema, tras el fallo de ayer contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ayer, los cuatro ministros cortesanos rechazaron los planteos de CFK en el caso Obra Pública Vial y allanaron el camino para que el juicio oral concluya en plena campaña electoral.
Soria expuso hoy en la Cámara de Diputados por el fallo de la Corte Suprema que devolvió la vigencia de una ley derogada del Consejo de la Magistratura. En medio de la tensión del kirchnerismo con el máximo tribunal, el ministro afirmó que esa decisión de la Corte fue "una intervención política y no jurídica" para "meterse por la ventana" en el organismo.
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Estuvo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT). El proyecto propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.
Tras la exposición del ministro, el oficialismo continuará en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto.
En ese marco, el FdT, con sus 118 miembros, podría sumar como aliados a los cuatro integrantes del interbloque Provincias Unidas, al santacruceño de SER Jorge Vidal y uno o dos votos más, número insuficiente en pos del objetivo de reunir el quórum de 129 diputados para habilitar el inicio de una sesión.
La Corte, en la mira
Los ministros cortesanos no tienen plazos para expedirse y decidieron no hacer lugar a los planteos de la vicepresidenta, que está sentada en el banquillo de los acusados, justo en la previa del alegato de la fiscalía que apuntará contra ella. Todo indica que la decisión unánime de los supremos empuja a una condena de la exjefa de Estado en una de las causas paradigmáticas del Lawfare. “Es un apoyo a la condena de los imputados”, interpretó uno de los abogados defensores en diálogo con El Destape.
La causa conocida como “Obra Pública Vial” o “Vialidad” se abrió por una denuncia de Javier Iguacel en enero de 2016 y versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
La acusación gira en torno al presunto direccionamiento de esas obras. El pleito se encuentra en juicio oral, en su etapa final. Está pautado que el 11 de julio comiencen los alegatos. El veredicto se espera entre finales de este año y comienzos del 2023, es decir, en plena campaña electoral.
En este marco, este martes, en una resolución de 48 páginas, los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti rechazaron una serie de planteos claves para la pesquisa que había realizado el abogado defensor de CFK, Carlos Beraldi. Con su decisión, los supremos dejaron en pie una serie de irregularidades cuestionadas por las defensas. Es que los recursos abordaban cuestionamientos a la prueba que contempló el TOF 2, como que solo se analicen 5 obras de las 51 que se denunciaron; sostenían que el mismo hecho ya fue juzgado en la Justicia de Santa Cruz y que además los tribunales federales porteños son incompetentes para actuar en este proceso; y rechazaban la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal, que actualmente integran los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitantes de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
En diálogo con El Destape Radio, el exjuez de la Corte Interamericana de DD.HH. y exministro supremo, Raúl Zaffaroni, aseguró que "la Corte está dejando avanzar causas con irregularidades sin meterse".
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