La presidenta del bloque de Senadores del Frente de Todos, Teresa García, se refirió al fallo del juez Alejo Ramos Padilla quién sancionó económicamente a Juntos por la denuncia contra aportantes truchos. “Es un avance el hecho de multar o sancionar económicamente Juntos por el Cambio, respecto del incumplimiento de Ley de Financiamiento de Partidos Políticos pero hay que seguir con la causa penal”, afirmó en diálogo con Radio Universidad.
La legisladora fue quien en 2018 denunció a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por “usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad”. La denuncia de Teresa García alcanzó también a los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús), en su carácter de vicepresidentes 1º y 2º del partido y a María Fernanda Inza, tesorera de la fuerza política a nivel local.
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La senadora oficialista remarcó que “hubo una vulneración de las bases de datos que fue público” y agregó que “en realidad fue público entre algunos, no demasiado público porque hubo una voluntad de ocultar este tema”.
García explicó que “se tomaron bases de datos de programas sociales, automáticamente se afilió a esas personas, sin su consentimiento y luego ese listado de personas apareció como aportantes de la campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires en el 2017”.
Sobre la denuncia efectuada, la legisladora bonaerense recordó que “costó muchísimo encontrar el acta de constitución del PRO en la provincia, juro que estuve cerca de dos meses buscándola. El acta que la consignaba a María Eugenia Vidal como presidenta del partido había desaparecido de todos los archivos”.
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En tanto se refirió a la repercusión de la denuncia e indicó que “la manipulación de algunos medios de comunicación y la voluntad expresa de Vidal, hizo que el hilo de los aportantes truchos se corte por lo más fino”. Y finalizó: “En aquel momento se buscó presentar a María Fernanda Inza (tesorera de la fuerza política a nivel local) como cuentapropista como pasa con los argumentos con los que intentan ocultar el entramado del espionaje ilegal”.
La denuncia
El titular del Juzgado Federal N°1, Alejo Ramos Padilla, multó esta semana a Cambiemos por los informes de gastos que presentó en 2017 en el marco de la causa de los “aportantes truchos”. El magistrado sancionó con multas al PRO por $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica por $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, por $34.395.
La denuncia reveló que inicialmente unas 205 personas de bajos ingresos que recibían planes sociales, figuraban como “donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante”. Las personas figuraban como “afiliados al PRO” y habían realizado numerosa cantidad de “aportes de entre $350 y $1.500”.
En el fallo, el juez afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que “la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña no coincidía con la aportada por la Dirección Nacional Electoral”.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, “el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, los DNI no se correspondían”. Ramos Padilla consignó que la auditoría realizó un “entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP”, en el cual se expuso un listado de “179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”.
En tanto, otros 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
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