Argentina está cruzada por la injusticia. La matriz del país injusto es la inequidad distributiva: el 10% más rico percibe 19 veces lo que suma el 10% más pobre de la población. La injusticia distributiva constituye la base defectuosa sobre la que se edifica una república fallida signada por la pobreza, la movilidad social descendente, los abusos de los dueños del dinero y el uso del Poder Judicial como disciplinador político y social.
La pandemia profundizó la inequidad: según el Indec, la brecha de ingresos es tres veces mayor que hace un año, cuando la diferencia era de 16. La desmejora distributiva se produjo por la crecida de precios frente a los ingresos, en especial de alimentos, el sector que más empujó la inflación durante la pandemia.
Las últimas cifras difundidas por el Indec dan cuenta del fenómeno. El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 2,5% en septiembre respecto al mes anterior, como consecuencia de un incremento de 2,2% del sector privado registrado y un aumento de 3,2% del sector público. La inflación mensual se registró en 2,8%, acumulando una suba de 22,3% en los primeros nueve meses del año, mientras que en ese mismo lapso, el índice de salarios se incrementó por un 21,5%. Pero el diferencial enciende alarmas cuando se desglosa en rubros sensibles y específicos.
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Si se observa en detalle, el alza registrada en el segmento alimentos a septiembre de este año fue del 27,4%. El número implica una diferencia de casi seis puntos porcentuales frente a los ingresos.
La captación de renta extraordinaria de las alimenticias en plena pandemia constituye una provocativa obscenidad. Como contó Ezequiel Orlando en El Destape, las grandes productoras alimentarias revirtieron las pérdidas del macriato durante la pandemia del Covid-19. Aún así, los oligopolios y monopolios del mercado alimenticio presionan por la liberalización de precios, pero no sólo con el fin de incrementar ganancias: el objetivo es condicionar al oficialismo presionando sobre el bolsillo, la visera más sensible. La batalla entre precios e ingresos será vital para el gobierno en el proceso electoral que se avecina.
El año que termina amplió la base de pobreza. Según la cifras oficiales, el 55,8 por ciento de la población total (15.968.998 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio fue de 28.769 pesos por mes. La cifra representa la mitad de lo que una familia necesita percibir para no ser pobre.
La crisis distributiva viene de arrastre. Entre 2016 y 2020, la caída de los ingresos en términos reales fue fuerte para todos los deciles, pero particularmente para el más pobre, cuyos ingresos medios cayeron 38 por ciento, mientras que para los integrantes del decil más rico la caída fue casi la mitad: 18 por ciento
Así las cosas, siete de cada diez pibes viven en hogares pobres. Muchos de ellos están condenados desde la cuna a ocupar las celdas atestadas de comisarías y prisiones. No es prejuicio, es estadística judicial: del total de presos en todo el país, el 62% tiene entre 18 y 34 años, ocho de cada diez proviene de hogares con carencias, y al momento de ser detenido, sólo el 8% tenía completo el ciclo secundario.
La "inseguridad" es hija de la desigualdad. Los países con menos desigualdades, como Suecia y Dinamarca, tienen tasas de encarcelamiento 3 veces menores que la Argentina.
La mayoría de los presos (casi seis de cada diez) están encarcelados sin condena. Otra injusticia, en ese caso, propiciada nada menos que por el Poder Judicial.
Los tribunales argentinos funcionan como garante y protector del sistema injusto. Durante el macriato, a la penalización de la pobreza se sumó el Lawfare, una herramienta de persecución contra opositores que incluyó demolición mediática, expedientes truchos y prisiones arbitrarias.
El ensañamiento contra dirigentes como Milagro Sala y Amado Boudou exhiben el sentido disciplinador de los abusos judiciales: que los funcionarios piensen dos veces antes de avanzar sobre privilegios y negocios del poder real. La amenaza de perder la libertad ambulatoria está en la base de la parálisis que se percibe en varias áreas del gobierno de Alberto Fernández.
Inflación, pobreza y Lawfare son caras de un país injusto que exige cambios de raíz. Una reforma judicial profunda, que involucre desde la Corte Suprema hasta el más remoto juzgado de paz, es indispensable para desmontar la matriz autocrática y elitista que rige en los tribunales al servicio del poder real.
La Argentina "segura", próspera e inclusiva que anhelan las mayorías es imposible sin una justicia justa.
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