Se desmorona operación macrista contra jueza clave de Casación

El juez Daniel Rafecas desestimó las denuncias penales que habían realizado dos asociaciones macristas contra la camarista Ana Figueroa, una jueza clave de la Cámara Federal de Casación Penal. Los denunciantes pretendían que se la desplace del cargo porque cumplió 75 años desconociendo que está en pleno trámite parlamentario una extensión de su mandato por 5 años. El ataque contra Figueroa está relacionado con su postura de no alinearse con los intereses del PRO e intervenir en causas emblemáticas de persecución como Memorándum, Hotesur y Cuadernos.

El macrismo, a través de organizaciones satélites, presionó con denuncias penales para que la jueza Figueroa sea apartada del máximo tribunal penal del país. La agrupación Bases Republicanas, estrechamente relacionada al PRO, denunció a la magistrada por “Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores” y hasta pidió que se la cite a prestar declaración indagatoria. Referentes de la Fundación Apolo, relacionada a Ricardo López Murphy, habían hecho una presentación similar. Ambas denuncias terminaron nucleándose en el juzgado a cargo de Rafecas, quien este jueves resolvió desestimarlas.

Rafecas compartió la posición de la fiscal Alejandra Mangano, que había dictaminado por rechazar las denuncias por inexistencia de delito. “Al igual que lo entiende el MPF, de la lectura de estos autos advierto que las conductas denunciadas no revisten relevancia suficiente para atravesar el estricto análisis de racionalidad que habilita el ejercicio del poder punitivo del estado, el cual resulta ser excepcional y de ultima ratio”, escribió el juez. El magistrado se apoyó en el dictamen de Mangano para quien “la simple lectura de las presentaciones permitían descartar la comisión de delito alguno por parte de la Dra. Figueroa”.

El juez se hizo eco de lo planteado por la fiscal: “La encargada de impulsar la acción penal en la presente, interpretó que más allá de las consideraciones formuladas por quienes denuncian, advirtió que no se vislumbraba hipótesis delictiva por investigar, ya que ‘...según surge de las constancias incorporadas al legajo, la Sra. Juez Ana María Figueroa cumplió el pasado 9 de agosto los 75 años de edad. El 12 de abril del corriente año, desde el Poder Ejecutivo se envió al Senado de la Nación un pedido de acuerdo a fin de efectivizar el nuevo nombramiento de la magistrada, trámite que se encuentra en pleno trámite parlamentario pendiente de resolución. En efecto, el pedido no ha sido rechazado por el pleno del Senado ni tampoco se ha suspendido su trámite conforme puede observarse de la información pública obrante en el sitio web de la Cámara alta (ver expediente PE-59/2023)’”.

La fiscal también valoró “las distintas comunicaciones en curso durante los últimos días entre los representantes de las instituciones públicas involucradas en este asunto, en concreto, las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con relación al trámite parlamentario en curso respecto de la Dra. Ana María Figueroa”. Entre esas comunicaciones, se destacó la nota que el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, envió al Consejo de la Magistratura solicitando que la camarista continúe en su cargo hasta que se pronuncie el Senado de la Nación. Allí se citaron tres antecedentes que respaldan la posición de Figueroa. Se trata de los casos de Silvia Estela Mora, Juan Carlos Bonzón, y Luis Alberto Imas, quienes siguieron en sus cargos hasta que el plenario de la Cámara Alta se expresó sobre sus pliegos.

Según informó Rafecas, “el MPF resultó concluyente al afirmar que los hechos traídos a análisis no revestían la entidad suficiente como para habilitar el inicio de un proceso penal, habida cuenta que -de momento- se encuentran pendientes de resolución, tanto en sedes administrativas como legislativas, aquellas peticiones efectuadas en vinculación con esta nueva designación de la Dra. Figueroa y, en consecuencia, entendió que ‘…no corresponde dar impulso a la acción penal’, por lo que, solicitó que este Tribunal archive las actuaciones por inexistencia de delito”.

Tal como publicó El Destape, luego de que Ana Figueroa solicitara continuar en el cargo 5 años más, el presidente Alberto Fernández requirió extender su designación y la comisión de Acuerdos del Senado emitió una resolución favorable en ese sentido. Solo resta la culminación de ese trámite que implica que el plenario de la Cámara Alta apruebe su pliego por mayoría simple. La oposición logró posponer la votación de su pliego antes de que Figueroa cumpliera 75 años. Tras su cumpleaños, el 9 de agosto, el macrismo activó las maniobras para desplazarla.

Rafecas consideró “que estamos ante una situación que los diversos matices que presenta, en efecto, devienen del hecho de que aún se encuentra pendiente de aprobarse por la Cámara de Senadores de Nación la nueva designación de la Dra. Figueroa pero que, pese a ello, debe reconocerse que la misma fue promovida con la suficiente antelación al momento en que la magistrada cumpliera la edad de 75 años y que, ante todo, ese pliego -a la fecha- presenta estado parlamentario”. El juez recordó “que no resulta novedosa una cuestión como la que aquí se discute” y citó uno de los antecedentes antes mencionados, el del juez “Luis Imas, respecto de quien, en su oportunidad, se resolvió que correspondía su continuidad hasta tanto se expidiese la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación”.

Tras compartir la posición de la fiscal Mangano, Rafecas aclaró que “el posicionamiento adoptado por el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, de alguna manera, veda al suscripto la posibilidad de proseguir con la pesquisa, pues ante la falta de impulso de esa parte, al solicitar la desestimación de la presente denuncia, la actividad que pudiere desplegar este Tribunal violentaría no sólo el principio ne procedat iudex ex officio sino, también, la garantía de Juez imparcial inherente al debido proceso legal”. Por lo que cerró el caso y desmoronó una nueva operación del macrismo contra Figueroa.

¿Quiénes habían promovido las denuncias contra la camarista? La agrupación Bases Republicanas, presidida por Valeria Viola, y referentes de la Fundación Apolo.

Detrás de Bases Republicanas están:

• Jimena de la Torre, socia fundadora de esta asociación, es integrante del Consejo de la Magistratura por el PRO y exfuncionaria de la AFIP y de la UIF cambiemitas, dos de los brazos ejecutores de la persecución durante el gobierno de Macri;
• Pablo Nocetti, exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien estuvo involucrado en el caso de Santiago Maldonado;
• Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica de Macri, es decir, custodio de la firma del entonces presidente.
• El exsenador PRO Federico Pinedo.

La presentación de esta agrupación, que había recaído en el juzgado 9, se terminó acumulando a la que realizó Fundación Apolo, que había ingresado 4 días antes a Comodoro Py y estaba radicada en lo de Rafecas. La Fundación Apolo Bases para el Cambio es una organización cercana al partido Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy.

La arremetida judicial contra Figueroa es porque la camarista no responde a los intereses del macrismo. Se trata de una jueza que denunció presiones de funcionarios del gobierno de Macri (declaró como testigo en la causa de la Mesa Judicial PRO sobre la visita de un enviado de Mauricio Macri a su despacho) e interviene en casos paradigmáticos del Lawfare como Memorándum con Iran y Hotesur/Los Sauces, dos causas que fueron cerradas pero podrían reabrirse si así lo determina la Cámara de Casación. Figueroa hace tiempo que dejó sus votos en esos dos casos. Pero la sala I que integró hasta este año, que ocupó la presidencia del tribunal, nunca resolvió esas causas. Sus colegas de sala Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no se expidieron sobre el tema.

Figueroa también intervino en la causa Fotocopias de los Cuadernos donde dejó en claro que los testimonios de los arrepentidos no eran legales porque no fueron registrados por medios técnicos idóneos. En aquella ocasión quedó en minoría pero dejó asentada la farsa que se estaba tejiendo con esas declaraciones.

Se trata de una jueza que el macrismo nunca pudo “domesticar” por eso intentó desplazarla. Pero la operación, que se inició en el Senado al no dar quorum para tratar su pliego y extender su mandato, ahora se desmoronó en tribunales.