El Gobierno argentino expresó este martes "su más enérgica condena" a la presencia del funcionario iraní Mohsen Rezai, acusado de haber participado en la planificación del atentado a la AMIA, en el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
"La Argentina reitera, como lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994", señaló la Cancillería a través de un comunicado de prensa.
En se sentido, la Cancillería a cargo de Santiago Cafiero remarcó que "el Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes".
Mohsen Rezai, actual viceministro de Asuntos Económicos de Irán, es uno de los acusados por el atentado a la AMIA en 1994. Al momento del ataque terrorista era uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria y pesa sobre él una alerta roja de Interpol.
Ortega asumió en medio de las sanciones
Ortega asumió el lunes un nuevo mandato quinquenal, el cuarto consecutivo y el quinto en total, otra vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, en medio de sanciones y presiones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pero con el apoyo de China y Rusia.
Ortega y Murillo juraron esta noche ante el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Gustavo Porra, tras recibir sus respectivas credenciales de manos de la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha.
A la ceremonia asistieron, entre otros, los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Honduras, Juan Orlando Hernández, y Venezuela, Nicolás Maduro, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional de China, Cao Jianming, entre otros invitados, según la agencia de noticias Sputnik.
El mandatario, de 76 años, logró 75,92 % de los votos en unas cuestionadas elecciones celebradas el pasado 7 de noviembre, en las que compitió con cinco candidatos poco conocidos y mientras estaban presos al menos otros siete dirigentes que habían manifestado la voluntad de postularse.
La investidura del excombatiente sandinista tuvo como telón de fondo las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la UE a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la Policía y la Fiscalía, por corrupción y violación a los derechos humanos.