América Latina se encuentra hoy ante un gran desafío. Además de ser la región más desigual del planeta, en el último tiempo, también asistimos a eventos que tensionan a los Estados y sus posibilidades de intervención y de dar respuestas, como lo son las diferentes crisis provocadas por fenómenos que hasta ahora desconocíamos, o bien, que ya conocíamos pero van adquiriendo nuevas formas.
Basta con ver las recientes inundaciones en Rio Grande do Sul, los incendios forestales en la Amazonía, las históricas sequías o las enfermedades epidemiológicas (como el dengue, Chikunguña, cólera y el Zika virus) y pandemias que no cesan, para dar cuenta de esas consecuencias. Estas profundizan las desigualdades ya existentes y perjudican a algunos grupos poblacionales, especialmente vulnerables, por sobre otros.
Estos hechos, que podemos denominar como contextos críticos y de emergencia, se dan en un mundo cada vez más afectado por crisis interconectadas que involucran tanto a crisis ambientales (que llegan a provocar migraciones forzosas), inseguridad alimentaria y pandemias, con nuevas enfermedades.
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Si bien muchos de los Estados de la región realizaron esfuerzos para mitigar los efectos de las crisis, estos se presentaron, muchas veces, de forma fragmentaria e insuficiente. De igual manera, las coordinaciones regionales para gestionar las amenazas y dar respuesta a los contextos críticos y de emergencia y a lo que ha sido la pandemia por COVID-19 y sus impactos posteriores han tenido algunas limitaciones.
En este escenario, el rol de la sociedad civil, las redes y los movimientos y organizaciones sociales que actúan en territorio en conjunto con la comunidad han sido claves para hacer frente a los desafíos que estos nuevos escenarios han impuesto a toda la región. Asimismo, la necesidad de protección, de asistencia humanitaria y de afirmación de los derechos humanos se ha vuelto un tema cada vez más relevante.
Es esencial integrar la perspectiva de derechos humanos en el discurso y en las políticas públicas para crear soluciones justas y equitativas frente a las consecuencias del cambio climático. América Latina tiene un rol estratégico frente a los contextos críticos y de emergencia. No solo es una región de refugio frente a las guerras, sino que además, es una región que puede ofrecer soluciones para los problemas globales en materia de energía, seguridad alimentaria, biodiversidad, conocimiento y también en la construcción de políticas públicas con enfoque en derechos humanos.
La incorporación de la perspectiva de derechos humanos como una herramienta imprescindible y que brinda orientaciones claras y directrices hacia dónde pensar las políticas públicas, las respuestas ante las crisis y los escenarios de recuperación puede colaborar en cómo hacemos frente a estos escenarios de crisis y emergencia.
Valorar el rol y protagonismo que tienen los diversos movimientos, redes y organizaciones sociales que se encuentran en territorio y que trabajan articulando con las comunidades afectadas es imprescindible para lograr una efectiva gestión y planificación de las políticas públicas. Generar espacios de participación, de diálogo y de intercambio con la sociedad civil sigue siendo un mecanismo fundamental para afrontar estos nuevos riesgos y desafíos.
En nuestra región, las comunidades han desarrollado valiosas respuestas frente a la pandemia por COVID-19 y frente otros escenarios críticos y de emergencia, que incluyen desde flujos migratorios masivos (algunos motivados por desplazamientos forzados), hasta distintos tipos de propagaciones epidemiológicas graves y pandemias, así como también inundaciones o sequías y otros desastres ocasionados por el cambio climático.
Es con esta mirada que desde el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) estamos convocando, en el año en que cumplimos 15 años, a una nueva realización de una Consulta Pública, un espacio de diálogo más que necesario para intercambiar saberes y prácticas comunitarias, a partir de las lecciones aprendidas. Son las y los referentes territoriales, los liderazgos comunitarios de diferentes organizaciones quienes sostienen a diario el rol de defender los derechos humanos de las poblaciones afectadas en los territorios. Y lo hacen en una región especialmente hostil y violenta con los liderazgos y defensores ambientalistas.
En los próximos días 21 y 22 de octubre, tendremos la oportunidad de congregar las voces y miradas de diferentes organizaciones, redes y movimientos sociales de la región en la XIII Consulta Pública del Foro de Participación Social del IPPDH sobre Contextos críticos y de emergencia, que tendrá lugar en la sede de nuestro instituto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con participación presencial y remota.
Participarán distintos representantes de organizaciones, líderes de comunidades indígenas y comunidades afro, así como de organizaciones defensoras de los derechos de personas migrantes, afrodescendientes, mujeres, disidencias, personas LGBTIQ+, personas mayores, niñez y adolescencia, personas en situación de calle, entre otros. Más de 200 personas de 11 países de la región se inscribieron para ser parte de este diálogo y contará también con participación virtual en la discusión e intercambio en Grupos de Trabajo sobre seis grandes ejes: ingresos, medios de supervivencia y trabajo; seguridad alimentaria; acceso a la salud: vivienda, hábitat y ambiente; educación y acceso a la información y cuidados.
Este debate invita a reflexionar y a tener una mirada más realista sobre el accionar de la gestión pública. Hay un uso de estrategias que muchas veces llegan tarde. El actuar jurídico, en general, se da a posteriori, después de las violaciones o daños ambientales. Hemos visto que hay una fragilidad cuando organizaciones actúan con una mirada predominantemente jurista o legalista y, por el contrario, una enorme fortaleza cuando los organismos de derechos humanos trabajan de manera integral mirando distintas estrategias.
Es muy enriquecedora e interesante la cercanía y la articulación que se puede generar entre organizaciones que actúan con los derechos humanos y organizaciones territoriales, ambientales, organizaciones que trabajan con ayuda humanitaria y con la temática en la gestión integral porque tienen una mirada preventiva a los riesgos y daños.
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