La reforma a la ley de alquileres continuará siendo discutida esta semana con dos reuniones previstas para miércoles y jueves. Ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que la semana pasada y comenzó a ser debatida en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado.
La primera de las reuniones fue convocada para el miércoles 6 a las 14, mientras que la segunda fue agendada para el jueves, a las 11. Los legisladores buscarán continuar con la discusión tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, luego que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en Diputados, mientras que desde el lado de la oposición la idea es darle dictamen tal como vino desde la Cámara Baja. Para esos días se cursaron invitaciones para que se presenten sectores interesados en el proyecto, entre los que se encuentran las asociaciones de inquilinos, propietarios de inmuebles y cámaras inmobiliarias.
El proyecto de reforma aprobado el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.
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En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
Alquileres en una Presidencia de Milei
Dolarizar la economía implica canjear todos los pesos de la economía por los dólares de las reservas del Banco Central. Para concretarlo, y dado la escasez de reservas por todos conocida, sería necesario implementar un ajuste significativo del tipo de cambio (devaluación) que permita concretar ese reemplazo, complementado con un mayor endeudamiento externo.
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que, considerando el reemplazo de la base monetaria y del stock de Letras de Liquidez y otros pasivos en pesos del BCRA, el tipo de cambio de conversión sería de alrededor de $ 3.670 (aclarando a su vez que entre otras cosas la propuesta “es impracticable ya que este tipo de cambio, aun siendo por demás elevado, se combina con pérdida del principal respaldo de los depósitos en dólares de los ahorristas incumpliendo los contratos”).
Siguiendo esa referencia, y para dimensionar el impacto en el bolsillo de las y los trabajadores, el centro de estudios estimó que “un salario bruto promedio del sector privado asciende a $375.000 aproximadamente a agosto de 2023, lo que equivale a $312.000 netos, y su valor en dólares podría reducirse drásticamente”: con el dólar actual ($350) equivaldría a USD 891, con un dólar a $998,86 (si solo se reemplaza la base monetaria), el salario sería de USD 312, mientras que con un dólar a $3670, el salario sería de USD 85. De esta forma, la pérdida de poder adquisitivo en dólares se ubicaría entre 65% y el 91% por lo que “la perspectiva es de lisa y llana licuación salarial”, analizaron.
A partir de los precios actuales relevados en agosto por el CESO en materia de alquileres en CABA, si se considera su valor según el tipo de cambio oficial actual, y tomando el valor de un salario promedio privado neto para el mismo mes en dólares estimado por el CEPA, es posible advertir que actualmente el alquiler representa entre el 45% y el 70% de ese salario, según se trate de un departamento de uno, dos o tres ambientes.
En relación, la economista del CESO consultada consideró que “la posibilidad de que exista inflación con dolarización haría más grave las consecuencias”. Sobre este punto, en un informe coordinado por la investigadora se indicó que “si el nuevo régimen monetario se aplica luego de devaluar (un ajuste en el tipo de cambio para adaptarse a las reservas) y aumentar tarifas (para equilibrar las cuentas fiscales), comenzará con una fuerte presión sobre los costos de las empresas” y se preguntaron “¿por qué razón Milei asume que las empresas no pasarán esa suba de costos a precios? y ¿por qué imagina que los sindicatos se quedarán de brazos cruzados luego de la licuación del poder de compra de los salarios de sus afiliados?, la dolarización no termina con las pujas sectoriales y distributivas, ni con la inercia implícita en la indexación de los contratos, por lo que, por sí sola, no es una solución para el problema inflacionario”.
Se agrega finalmente a este escenario que el dólar también tiene su propia inflación y en una economía dolarizada, donde se deja de emitir la propia moneda, se estaría mucho más vulnerable ante shocks externos inflacionarios, y sin herramientas para enfrentarlos. “Basta con imaginar que hubiera sido de la economía durante la pandemia en el escenario de una economía dolarizada, donde no se hubiera podido sostener los ingresos de quienes debían guardar cuarentena, ni mantenido la cadena de pagos de las empresas” analizaron desde el centro de estudios y agregaron que “la dolarización puede implicar no sólo la pérdida de soberanía monetaria y dejar la monetización de la economía atada a la suerte del sector externo, sino también una inflación en dólares que reduzca la competitividad de nuestra economía. Un escenario similar al de finales de la convertibilidad donde la falta de liquidez obligó a las provincias a emitir cuasi monedas para mantener operativo el andamiaje del Estado y a la población a emitir bonos de trueque para lograr una actividad económica de subsistencia, puede ser el resultado fáctico de la propuesta dolarizadora”, alertaron.
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