El presidente Alberto Fernández propuso al juez Alejo Ramos Padilla para ocupar el juzgado federal Nº1 de La Plata, uno de los más importantes del país porque tiene competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires. En los próximos días el Senado deberá darle su aval. Ramos Padilla logró el primer lugar en el concurso para el cargo.
Ramos Padilla concursó para ocupar el juzgado federal Nº 1 platense, que está vacante desde 2014 por la muerte de Manuel Blanco, y quedó primero en el orden de mérito. Obtuvo 183,5 puntos, frente a los 157,75 de Jorge Eduardo Di Lorenzo y los 148 de Laureano Durán, que ocupó interinamente ese cargo y era el nombre al que apostó en su momento el macrismo.
Se trata de un cargo de mucha relevancia política porque tiene jurisdicción electoral en un distrito que reúne casi el 40% del padrón electoral del país. Ramos Padilla también estaba muy bien posicionado en el concurso para ingresar a la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py. Pero el presidente decidió que su lugar sea La Plata, tal como pretendía el juez de Dolores. Las razones son varias, pero hay dos que sobresalen. La primera, que pese a el cargo en la Cámara Federal porteña tiene mayor jerarquía pierde en relevancia frente al Juzgado N 1 de La Plata, con menos prensa pero con un rol electoral que ningún Gobierno quiere despreciar. De hecho, para las elecciones de 2017, Macri nombró allí a Juan Manuel Culotta, otro ex cardenal Newman. Fiel a su estilo, Macri lo hizo a dedo. También fiel a su estilo, Alberto sigue el camino constitucional y envía la propuesta de que Ramos Padilla ocupe ese cargo, algo que venía demorado.
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Por otro lado, Ramos Padilla estaba bien posicionado el en concurso para cubrir dos cargos de la Sala II de la Cámara Federal porteña pero, como informó El Destape, lo más probable es que esas vacantes se reduzcan a una por el regreso de Eduardo Farah, otro de los eyectados de Comodoro Py durante el macrismo. En el orden de mérito actual, al gobierno le queda la opción de Roberto Boico para el cargo restante.
El pedido de acuerdo está firmado por Alberto, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Justicia Marcela Losardo. “Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99 inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del juzgado federal de primera instancia n° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Alejo Ramos Padilla”, se lee en el mensaje que el Gobierno envió al Congreso.
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El nombramiento será tratado por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti. Todo indica que la propuesta tendrá el visto bueno del Senado, en el que el Frente de Todos tiene mayoría. Luego solo restaría la publicación de la designación en el Boletín Oficial.
En pos de bloquear cualquier ascenso de Ramos Padilla, durante su gestión Macri había enviado al Senado el pliego de Laureano Durán–tercero en la terna para ocupar el juzgado platense- pero nunca llegó a tratarse. Cuando Fernández arribó al Gobierno retiró ese pliego del Congreso y el de otros muchos candidatos que había enviado su antecesor a la Cámara Alta, una práctica habitual en los cambios de gobierno. El actual Presidente decidió barajar y dar de nuevo en materia judicial.
Ramos Padilla actualmente se encuentra al frente del juzgado federal de Dolores, desde donde investiga el caso D’Alessio, una de las causas por espionaje ilegal que involucra a la AFI macrista, en la que fueron procesados desde el espía ilegal Marcelo D’Alessio al fiscal Carlos Stornelli y el periodista de Clarín, Daniel Santoro. Recientemente, el magistrado abrió un expediente derivado del D’Alessiogate que hace foco en el desembarco de la exSIDE macrista en territorio bonaerense a través del proyecto AMBA.
Por el caso D’Alessio, Ramos Padilla fue denunciado el año pasado en el Consejo de la Magistratura por indicación de Macri. La denuncia la presentó Juan Bautista Mahiques, ariete de la persecución judicial hoy cobijado por Horacio Rodriguez Larreta como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. La acusación fue cerrada por carecer de fundamentos.
El 12 de noviembre, la oposición cambiemita insistió de manera anacrónica con el cuestionamiento de Ramos Padilla en el órgano que selecciona y sanciona jueces. Le critica estar acusado en una causa que ellos mismos inventaron con escuchas ilegales tomadas por la AFI en la cárcel de Ezeiza: la Operación Puf, que se creó desde la exSIDE para proteger a Stornelli y el caso Cuadernos. Se trata del mismo hecho que ya fue archivado por el consejo y la Justicia (actualmente, es analizado por la Cámara Federal porteña por una apelación de Stornelli).
Tal como publicó este medio, dos semanas atrás un grupo legisladores opositores, encabezados por Paula Oliveto, buscó impugnar a Ramos Padilla para evitar que sea elegido para la cámara porteña, donde también había concursado y estaba muy bien posicionado. El período de impugnación de candidatos venció el 29 de julio de 2018, es decir, hace más de dos años.
La oposición pedía que no se lo contemplara como postulante por investigar el espionaje ilegal macrista. La verdad es que la solicitud fue tan insólita que fue rechazado por todos los consejeros, salvo por el macrista Tonelli. El propio juez Ricardo Recondo –que suele votar con la oposición- dijo “que no hay motivo para que se cuestione la idoneidad por una causa ya resuelta”.
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Antes de pasar a la magistratura, Ramos Padilla fue abogado de la María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora y segunda presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas - La Plata, entre otros. También fue juez en Bahía Blanca, donde impulsó causas emblemáticas sobre Derechos Humanos. En la actualidad está al frente del juzgado de Dolores, que ganó notoriedad mediática tras el D’Alessiogate.
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