"Volvimos para ser mujeres". Con esa frase, Alberto Fernández dio inicio a su presidencia en un año que se tornó más complejo de lo esperado por la pandemia del coronavirus. Mientras el Gobierno puso sus esfuerzos en fortalecer el sistema sanitario al pasar de más de ocho mil camas de terapia intensiva para adultos a 12.547 en cuestión de meses y sostener a los sectores más vulnerables para llegar a un diciembre sin clima de estallido social, se desplegaron múltiples políticas de inclusión tendientes a la igualdad de género. Una participación más activa y numerosa de las mujeres en el Gabinete, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, la aplicación de la ley Micaela en todos los ámbitos de gestión, el armado de mesas interministeriales para abordar las situaciones de violencia y la sanción de la ley de Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público fueron algunos de los hitos de este primer año. Un año que terminará con un debate histórico: el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que podría ser ley el 29 de diciembre.
El aborto legal, seguro y gratuito hoy tiene una resolución incierta. Hay muchos "poroteos" dando vueltas y, según la fuente, el panorama es favorable o complejo. Sea cual sea la voz ganadora, su futuro se definirá el mismo 29 de diciembre después de al menos unas 12 horas de debate ya que, si bien hay menos senadores que diputados, se descuenta que los 71 presentes en el debate querrán dar a conocer su postura a favor o en contra de un derecho reclamado por el movimiento feminista hace décadas.
Alberto Fernández prometió el envío del proyecto en campaña, por lo que a nadie debió sorprenderle la decisión de llevarlo al Congreso de la Nación. Ni a sus votantes ni a sus funcionarios, investidura que también interpela a los legisladores que hoy piensan votar "pro vida" o son convencibles. De hecho, la demora en la presentación de la ley había comenzado a jugarle en contra al Presidente. Por eso, por el costo político y la convicción de la jefatura de Estado, el texto ingresó en diciembre en medio de varios cortocircuitos organizativos que se sortearon para poder lograr la media sanción en Diputados y pasar a encarar una definición por penales en el Senado.
El proyecto está acompañado por otro que buscará tener un Estado más presente con la ley de los Mil Días. Un acompañamiento desde el embarazo hasta los primeros tres años del niño o niña con el fin de garantizar el acceso a la salud, la identidad y una alimentación adecuada para el desarrollo. En Diputados fue aprobado por unanimidad y se descuenta que ocurrirá lo mismo en la Cámara Alta.
La IVE copó la agenda de fin de año pero las políticas orientadas a la igualdad estuvieron presentes durante todo el 2020. Lejos en el tiempo, durante el verano pasado hubo "picaditos" de fútbol que molestaron en el Gabinete. En Olivos sólo se reunían los hombres, los viernes, para jugar a la pelota y rosquear después del partido. Eso derivó en la conformación de un espacio muy rico que se dio en llamar Mujeres Gobernando e incluye a todas las que tienen un cargo ejecutivo. Sólo pudieron hacer una reunión presencial ya que llegó la pandemia y debieron, como todos, rotar a la virtualidad pero la instancia quedó instituida.
La presencia de mujeres en el Gabinete es muy importante. Según un informe elaborado por CITRA UMET- CONICET, de 289 cargos jerárquicos el 37,7% es ocupado por mujeres frente al 62,63% en manos de hombres. Es un número histórico. De hecho, durante el Gobierno de Mauricio Macri, la presencia femenina sólo representaban el 23,51% del total, mientras que en el de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2011) las mujeres eran sólo el 22,84% del global. Un gesto no menor fue la reapertura del Salón de Mujeres del Bicentenario inaugurado por CFK y convertido en un call center durante el macrismo.
En ese armado, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades creado por este Gobierno es clave. Al frente está Elizabeth Gómez Alcorta que se puso al hombro las batallas por la igualdad y la prevención de las violencias de género. Con el inicio de la gestión se puso en marcha una mesa de articulación general para aplicar la ley Micaela en todos los ámbitos del Estado, algo que no frenó durante la pandemia.
También se avanzó con la creación de una mesa de cuidados, tareas no remuneradas que mayoritariamente recaen sobre las mujeres, para reconocerlos como una necesidad, un trabajo y un derecho que debe distribuirse de forma igualitaria con los varones. Algo que se hizo más necesario con la cuarentena y la ausencia de clases presenciales. Por eso, una de las propuestas apunta a la obligatoriedad de la educación temprana a los 2 y 3 años para permitir mayores libertades en el desarrollo personal y profesional de las madres.
Por otro lado, se creó un Plan Nacional Contra las Violencias de Género que también debió seguir de forma virtual. En este sentido se abordó la asistencia integral para personas en situación de violencia durante la pandemia con la ampliación de medios de contacto para hablar con la línea 144 o políticas como el "Barbijo rojo" para poder hacer denuncias sin correr riesgo. La iniciativa cuenta con un comité de seguimiento entre Nación, la provincia y Ciudad de Buenos Aires además de la creación de un programa interministerial e integracional focalizado en femicidios para prevenir, asistir y proteger, así como la inclusión de las personas en situación de violencia en el Programa Potenciar Trabajo.
En medio de esas tareas, en septiembre se firmó el decreto del Cupo Laboral Trans para garantizar que un mínimo del 1% de la totalidad de los cargos y contratos del sector público serán ocupados por travestis, transexuales y transgénero porque tienen derecho a un trabajo digno, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y porque fueron, históricamente, marginadxs de los ámbitos educativos, lo que dificultó la obtención de empleos formales y estables.
En noviembre la Cámara de Diputados convirtió en ley la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo, lo que coloca a la Argentina como el tercer país del mundo en adherirse. Entrará en vigencia en junio de 2021 alcanza a trabajadores y trabajadoras, pero reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y, sobre todo, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.
En Argentina, existía jurisprudencia que reconocía la violencia y el acoso laboral como incumplimiento de las obligaciones patronales y violación de los derechos humanos, pero el Convenio 190 fija un marco común y claro para prevenir y abordar esta problemática con un enfoque integral, que tiene en cuenta las consideraciones de género.
Diciembre cerrará con otro debate importantísimo para ampliar derechos. No es "aborto sí, aborto no". Es "aborto legal o aborto clandestino" y quedará en manos de los senadores y senadoras que no haya más muertes de mujeres producto de una interrupción voluntaria del embarazo.