El abogado del ex presidente Alberto Fernández, Juan Pablo Fioribello, se refirió a los hechos que la Justicia investiga por presunta violencia de género por parte del ex mandatario hacia su pareja Fabiola Yáñez. La investigación se desprendió de chats de texto y audios a los que accedió la justicia en medio de la causa por los seguros.
Según reveló Fioribello en declaraciones a Clarín, Fernández negó la presunta agresión a Fabiola Yáñez y rechazó "en forma categórica" cualquier episodio de "violencia física" con la ex Primera Dama. Remarcó que tuvo una charla con el ex jefe de Estado y él le aseguró que fue solo una discusión y no hubo violencia física.
La Justicia también tendría chats de texto y de audio en los que Yáñez acusaría a su pareja por esos supuestos golpes. Los hechos habrían ocurrido en distintas oportunidades, inclusive cuando ella estaba embarazada.
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Según reveló Clarín, las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del ex mandatario María Cantero. Su teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, tras un decreto presidencial.
La nueva investigación surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año. Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información sobre la presunta agresión a Fabiola Yáñez.
El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yáñez, aparentemente perpetrado por Fernánez en la Quinta de Olivos.
Alberto Fernández recusó al juez Ercolini en la causa por la causa de los seguros
Paralelamente, el ex mandatario pidió apartar al juez federal, Julián Ercolini -recientemente sobreseído de la investigación por el viaje privado rumbo a Lago Escondido- a cargo de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación durante su mandato. A su vez, junto a su abogada Mariana Barbitta, señaló al magistrado por temor de parcialidad.
Ahora, el pedido de apartamiento deberá ser analizado por el propio Ercolini aunque -cabe señalar- la palabra final será de la Cámara Federal. Dicho cuerpo deberá definir si lo confirma o no al frente de la investigación tras la objeción. Previo a ello, el magistrado lo intimó a presentar un abogado defensor, lo imputó en la causa y dispuso la inhibición general de bienes.
La disposición de Ecolini fue hace un mes, donde también determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. También ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.
La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general que luego quedó cesante, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. Asimismo quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin. En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrá vender o disponer de sus bienes.
Por otra parte, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio. El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".
La causa
La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.
Dichas presuntas irregularidades surgen en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA”, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos de comisiones.
Con información de Noticias Argentinas
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