El presidente Alberto Fernández cumplió esta tarde con una de las promesas que hizo a los feminismos durante la apertura de sesiones en el Congreso, en marzo. El mandatario presentó formalmente los puntos claves del Sistema Nacional Integral de Políticas de Cuidado (SINCA), una iniciativa que viene a saldar uno de las demandas más repetidas por las mujeres y LGBTI+ en el país: la desigualdad en los cuidados que impacta directamente en el día a día e incide en su participación en la economía, en el mundo del trabajo y en la política.
Puntualmente, la medida buscará que el Congreso establezca de una vez que el cuidado es un derecho, un trabajo y una necesidad que debe ser cubierta mediante una organización más justa, que incluya una redistribución, remuneración y mayor reconocimiento de las tareas y con más y mejores servicios. Para eso, establece además la extensión progresiva de las licencias para ampliar la cobertura e igualar paulatinamente, de forma escalonada, las licencias parentales para todos los géneros, todos los tipos de familia (incluidas las familias que adopten niñxs) y tipos de trabajadorxs.
En ese sentido, propone llevar la licencia por paternidad, hoy de apenas dos días corridos a partir del nacimiento, a 15 días en el primer año de vigencia de ley; 30 días en el segundo, 45 días a los 4 años; 60 días a los 6 años y 90 días a los 8 años. En tanto que la licencia de maternidad se extienda de manera progresiva hasta llegar a los 126 días.
“Esto es una voluntad irrefrenable del feminismo, no solo porque las mujeres y LGBTI+ llevamos sobre nuestros tiempos, sobre nuestras economías, nuestras vidas y nuestros sueños la sobrecarga de los cuidados, sino también porque cuando pensamos un mundo justo, igualitario y con ternura, el derecho a cuidar no puede estar en el espacio de la indiferencia de la sociedad y -menos aún- del Estado”, afirmó la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), María Cristina Perceval, en una de las últimas reuniones en las que se discutió la letra chica del nuevo proyecto de ley.
La iniciativa es fruto de distintas instancias de intercambio que se llevaron adelante a lo largo del año desde el ministerio con organizaciones feministas, sociales, políticas, de la economía social, popular y comunitaria; sindicatos; cámaras empresarias; y colectivos dedicados a los cuidados de personas mayores, con discapacidad y niñez. Estos debates se tradujeron en la redacción de una serie de propuestas que fueron elevadas a la Comisión Redactora.
La medida responde además a un problema que arrojan las estadísticas nacionales, que indican que en el país existe una demanda de cuidados muy grande pero que son las mujeres en general quienes cargan con el peso de la responsabilidad de llevar adelante actividades que tienen que ver con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida. Es decir, cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de niñxs, personas mayores o personas con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo.
Se espera además que esa situación empeore en los próximos años, teniendo en cuenta que la población está envejeciendo y que el requerimiento de cuidados será cada vez mayor. De acuerdo a las proyecciones de población de INDEC, para el año 2040, la población de 60 años y más crecerá en casi 3,5 millones de personas (un 46% más que la actual), mientras que la población de hasta 19 años se mantendrá. Tomando en consideración que todavía el peso de la población dependiente (niñas, niños y personas mayores) es menor que el de las personas potencialmente activas, el proyecto señala la necesidad de invertir a tiempo en políticas de cuidado, garantizando el acceso universal a servicios e infraestructura antes de que las familias ya no puedan hacerse cargo.
Mientras tanto, en el país el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5.7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado mientras que los varones dedican en promedio sólo 2 horas diarias, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU).
El SINCA, entonces, comprenderá un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución de esas tareas de cuidado, entre todas las partes de la sociedad y entre todas las identidades de género. El nuevo sistema se basa en otros mecanismos similares que fueron presentados en el mundo, que comprueban que los mecanismos de articulación de estas políticas es una tendencia generalizada en el mundo y en la región.
Costa Rica avanzó en la creación de un Sistema de Cuidados enfocado en las infancias (2014) que complementa a la ley de reconocimiento y remuneración del trabajo doméstico (2009), Uruguay creó por ley su sistema integral de cuidados (2015), en Colombia se creó la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, y en España se sancionó la Ley de Dependencias mientras se impulsa una red de cuidadoras/es a domicilio. Algunos Estados le han otorgado al derecho al cuidado jerarquía constitucional, como la Ciudad de México en su Constitución del 2017 y como prevé hacerlo los Estados Unidos de México a nivel nacional y Chile con la nueva gestión.
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