El presidente Javier Milei intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en los fundamentos criticó la eliminación de los fondos reservados, un punto clave en la historia de la casa de los espías. El uso del dinero de la ex SIDE es parte del péndulo eterno en algunas políticas públicas: CFK eliminó los fondos reservados en 2015; Mauricio Macri los reestituyó y sirvieron para las tareas de inteligencia ilegal que desplegó de forma masiva; Alberto Fernández derogó lo dispuesto por Macri y volvió al régimen establecido por CFK; ahora Milei dice que no había que cambiar el régimen reestablecido por Macri para que los espías manejaran dinero sin control.
Si bien por ahora mantendrá el esquema vigente, que obliga a transparentar el uso de fondos de la AFI excepto los casos estrictamente necesarios por razones de Inteligencia, en el texto de la intervención Milei ya anticipa que modificará de nuevo el régimen de fondos reservados y adelanta en qué será en línea con el oscurantismo macrista. La designación de Silvestre Sívori como interventor no augura otra cosa: un hombre del PRO, con vínculos en el sistema del lawfare desplegado en la era Macri.
El intríngulis de decretos y contra decretos en torno a los fondos reservados es el siguiente.
- El 6 de julio de 2015 CFK firmó el decreto 1311, que reorganizó el sistema de inteligencia y estableció una nueva Doctrina de Inteligencia Nacional con, entre otras medidas, la eliminación de los fondos reservados. Siempre se exceptúan funciones críticas de inteligencia, pero hasta entonces todo el presupuesto de la vieja SIDE era secreto, desde comprar una lapicera hasta los sueldos del personal administrativo.
- El 6 de mayo de 2016 Macri firmó el decreto 656 que derogó el 1311 de CFK. Dispuso específicamente que todos los fondos de la AFI volvían a ser reservados.
- El 21 de diciembre de 2019 Alberto Fernádez derogó el decreto de Macri y reestableció el de CFK, lo que eliminó de nuevo los fondos reservados.
¿Qué dice Milei ahora en el decreto 22 que figura hoy en el Boletín Oficial? Que la decisión de Macri de reestablecer los fondos reservados indiscriminados para los espías tuvo "el objetivo de instrumentar mecanismos que permitan agilizar las instancias administrativas usuales de gestión", que su derogación para volver al régimen de transparencia fue "aduciendo relevantes disfuncionalidades" como si no hubieran existido y afirma "que el restablecimiento de la vigencia de una norma expresamente derogada atenta contra la estabilidad jurídica, la presunción de legitimidad de los actos públicos y el fortalecimiento institucional". O sea, Milei afirma que no había que derogar el decreto de Macri que reestableció los fondos reservados para toda la casa de los espías.
El decreto que firma Milei dice que por ahora rige el sistema actual, que distingue entre fondos públicos y fondos de carácter reservado en la AFI. Los públicos son los que involucran su funcionamiento diario, "cuyo objeto no deb mantenerse en secreto". Los reservados son los "necesarios para solventar las labores de Inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas, poniendo en riesgo la Defensa Nacional o la Seguridad Interior", todo controlado por la Bicameral de Inteligencia del Congreso. Desde ya Milei adelanta que ese esquema "seguirá bajo revisión". Y adelantó que no había que cambiar lo que dejó Macri, es decir, fondos reservados para todo.
Se abre un nuevo capítulo en una larga historia en torno a los fondos reservados de la AFI, a la cuál Milei también adelanta que quiere cambiarle el nombre. Nacida en los albores del primer gobierno peronista como Coordinación de Informaciones de la Presidencia, fue rebautizada como Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, en la dictadura de Eduardo Lonardi. Los gastos reservados de los espías tienen también su propia historia. En su artículo “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, el investigador Marcelo Saín explica que el dictador Lonardi institucionalizó los “gastos reservados y/o secretos” a través del decreto secreto 5315/56. Años más tarde lo modificó otro dictador, el general Juan Carlos Onganía, por la ley secreta 18.302. Según estas normas, se establecía que los gastos reservados y/o secretos solo podían existir en los presupuestos de los organismos vinculados a la seguridad del Estado.
Con el retorno democrático se estableció que los únicos organismos que podían efectuar gastos reservados y/o secretos eran la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE y se derogaron todas las disposiciones que permitían a otros organismos tener este tipo de gastos, así como las “cuentas especiales”. Esto luego se amplió en 1986 para el Ministerio de Defensa, en 1987 para la Cancillería, en 1993 para el Ministerio del Interior y en 1994 para el Poder Legislativo. Pero el eje de los gastos reservados siempre fue la SIDE, hoy AFI, mañana el nombre que elija Milei. ¿Por qué? Porque esos fondos terminaban en un valijeo hacia jueces, legisladores, periodistas y demás en casos que no tenían nada que ver con las funciones de Inteligencia Nacional sino con intereses de los gobiernos de turno.
Ese esquema lo definió el CELS: "Sostener un sistema de inteligencia como herramienta de gobernabilidad política afecta profundamente el sistema democrático. (…) Este esquema es funcional a una red con inserción capilar en el Estado, en el sistema político, en los grupos empresarios, en los sectores sindicales, entre otros, con objetivos políticos y económicos propios y una gran capacidad de desestabilización institucional. A lo largo de los años, este pacto ha cobrado un peso determinante en el sistema de justicia. Las estrechas relaciones entre jueces, fiscales, abogados, periodistas y operadores o agentes de inteligencia condujeron a que el funcionamiento del sistema judicial federal quedara condicionado a estas alianzas coyunturales o permanentes. Esto le dio al sistema de inteligencia una fuerte capacidad extorsiva”.
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