Guernica fue una luz amarilla intensa, casi anaranjada. Esta semana quedó claro que el gobierno necesita salir lo antes posible de un laberinto que no construyó. En el contexto de la pandemia, el déficit habitacional es un problema resulta tan grave y urgente como el hambre. El contrato con el electorado del Frente de Todos no contempla escenas de represión como las del jueves, más allá de los matices que, con razón, señalan en el oficialismo: que el desalojo se resolvió sin heridos de gravedad ni muertes y el esfuerzo realizado antes para relocalizar a la mayoría de las familias, con el compromiso de que tendrán un lote con servicios antes de fin de año. Los medios ya corrieron sus cámaras al siguiente conflicto, en Los Hornos. Siempre va a haber otra toma después de la última toma.
La solución tampoco es permitir la proliferación de asentamientos sin intervención por parte del Estado, como parecen sugerir algunas opiniones por izquierda, dentro y fuera de la coalición oficialista. Para empezar, una casilla de chapas en un bañado inundable donde no hay condiciones para el acceso a servicios públicos tampoco puede considerarse una vivienda digna. Por otra parte, si bien es cierto que la propiedad privada encuentra límites ante otros derechos más urgentes, tal como está previsto en la Constitución y los tratados de Derechos Humanos, esos límites deben establecerse desde los tres poderes públicos y no quedar librados al conflicto entre actores particulares. A nadie le conviene que el conurbano se convierta en el Far West.
Se impone, por lo tanto, una intervención enérgica del Estado para ordenar la situación y descomprimir los reclamos. Una parte del problema puede saldarse con tierras fiscales, pero la concentración de la propiedad es una cuestión que debe resolverse necesariamente como condición para solucionar de manera definitiva la falta de viviendas accesibles para las clases bajas y medias. En las ciudades, crece la cantidad de unidades vacías, adquiridas sólo como reserva de valor o para especulación inmobiliaria. En el interior, enormes latifundios de tierra rural, periurbana y urbana, que podrían utilizarse para vivienda y producción agrícola familiar, permanecen ociosos desde hace décadas. El resultado es el mismo: escasez, encarecimiento y migración a asentamientos precarios en los conurbanos.
Existen procesos en marcha para revertir ese camino. El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó hace un mes un plan de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé para el fin de su mandato terminar más de 8 mil viviendas que habían quedado a medio hacer por la administración anterior, construir 33.600 nuevas unidades y desarrollar 85 mil lotes con servicios. Los tiempos corren: esta semana, en Moreno, terminó la relocalización pacífica de 130 familias del barrio La Bibiana, sobre el que pesaba una orden de desalojo confirmada en segunda instancia. El problema se replica en todo el país. En Rosario se discutirá un impuesto extraordinario a la vivienda ociosa. En Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras prometió 12 mil terrenos para vivienda en cinco años.
A nivel nacional, está en marcha un ambicioso plan de diez años para integrar a la traza urbana las más de 4400 villas que fueron identificadas en el censo que hizo en 2016 el Registro Nacional de Barrios Populares. El programa depende del ministerio de Hábitat y Vivienda encabezado por María Eugenia Bielsa, uno de los pocos nombres que se repite en todos los prodes de “funcionarios que no funcionan”. Sin sustento político en ninguna de las patas que sostienen el Frente de Todos, es probable que más temprano que tarde ese área, o toda la cartera, termine subordinada al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. Esta semana también se llevó a cabo el tercer sorteo del rejuvenecido Plan Procrear, que en esta nueva etapa planea adjudicar 50 mil viviendas y 10 mil lotes con servicios.
Llegará el momento, sin embargo, en el que la tierra en manos del Estado no sea suficiente, y sea necesario avanzar sobre latifundios ociosos. Aunque parezca difícil en este clima polarizado, el gobierno deberá trabajar para conseguir consensos que permitan dar el debate sobre los límites del derecho a la propiedad respecto a otras necesidades de utilidad pública. La paz social, en el mediano plazo o antes, depende de ello. Algunos dirigentes opositores comparten esa lectura. Ayer, en una entrevista radial, Ernesto Sanz fue el primero en decirlo públicamente. “Creo que en Argentina podemos discutir si la propiedad privada es un valor absoluto. Está claro que no es un valor absoluto. Pero no podemos discutir la propiedad en sí”. Como punto de partida no está nada mal.
En los últimos días hubo notorias novedades sobre el rumbo de la coalición opositora. Los frentes políticos, en ese sentido, son como pesados buques transatlánticos, cuya dirección se corrige con pequeños virajes que pueden resultar imperceptibles pero que al cabo de un tiempo modifican la trayectoria inicial. Después de la carta de CFK, la primera reacción de la línea macrista, en boca de Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, fue la de siempre: bajarle el precio al acuerdo y defenderse de las críticas a la gestión de Cambiemos, anticipando la respuesta del propio Mauricio Macri, que llegaría tres días después. Sin embargo, el comunicado oficial de Juntos por el Cambio prescindía de esa defensa al expresidente y aceptaba la invitación al diálogo, poniendo una serie de condiciones de rigor.
El texto pide que el diálogo sea “dentro del marco de la Constitución Nacional, respetando los valores y principios republicanos, reconociendo al Congreso de la Nación y a los partidos políticos” (una obviedad para cualquier observador bienintencionado sin antecedentes psiquiátricos). Luego habla de “gestos serios y concretos que muestren una voluntad real de dialogar y que comiencen a solucionar los graves problemas sociales, económicos e institucionales(...), en el entendimiento de que quien gobierna hoy tiene la misión y responsabilidad primaria de encontrar las respuestas". Una premisa llamativamente similar a lo que propone la vicepresidenta: discutir el fondo y no la forma, que se acuerde sobre las cuestiones más urgentes y que la palabra final la tiene el presidente Alberto Fernández.
Macri, por su parte, dio a través de sus redes sociales una respuesta que aparenta ser similar pero esconde un pliego de condiciones muy diferente: “La Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada”. Con poco decoro, el expresidente pone sobre la mesa el precio de su civismo: la impunidad. Curiosamente, lo mismo que consignaban las versiones alentadas desde su propio entorno respecto a un pacto secreto con CFK. La postura de la vicepresidenta está, explícita, en la carta: la materia del “acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales” debe ser resolver los problemas más urgentes, no un pacto entre dos líderes por su situación judicial.
Las diferencias entre Macri y su rival por el liderazgo opositor, Horacio Rodríguez Larreta, se agigantaron una vez que Elisa Carrió, circunstancialmente aliada al alcalde porteño, y luego el vice Diego Santilli respaldaran la postulación de Daniel Rafecas como Procurador, abriendo una cuña en el bloque de senadores de Juntos por el Cambio. Las reuniones de la cúpula opositora que se hacían por videollamada todos los lunes se habían espaciado recientemente a una cada dos semanas para distender la relación. La próxima reunión agendada es el 9 de noviembre, pero el viernes, luego de que se diera a conocer en los medios la visita de Rodríguez Larreta y Vidal a la quinta de Carrió, Macri estuvo mandando mensajes para programar un zoom de emergencia. Por ahora no consiguió quórum.
En la cámara de Diputados también hay movimientos. Por primera vez desde diciembre, el interbloque de Juntos por el Cambio sufrió una deserción. La salida del riojano Felipe Álvarez, cercano a Emilio Monzó, deja a la bancada opositora con 115 votos, uno más lejos de los 129 que necesita para bloquear iniciativas del oficialismo. En su debut por afuera del paraguas amarillo, Álvarez votó a favor del Presupuesto 2021. Dentro de JxC también hubo diferencias: una mayoría decidió abstenerse, los diputados de Jujuy y de Corrientes acompañaron la iniciativa del oficialismo por gestión de sus gobernadores y un grupo de perfil alto y postura intransigente votó en contra. Son los mismos que iniciaron la trunca denuncia contra periodistas de El Destape. Se corre la voz por whatsapp: ya no los bancan ni sus compañeros.
Así como en Europa bautizaron "inmunidad de cagazo" los cambios en el comportamiento causados por los grandes brotes de coronavirus que redujeron, circunstancialmente, la circulación de la pandemia, en la Argentina una virtual "diplomacia de cagazo" puede facilitar un diálogo que hasta hace semanas resultaba impensado, en el que los principales actores dejen de lado sus intereses sectoriales por un tiempo para evitar un nuevo estallido. El vocero público de los empresarios fue el excandidato a presidente Roberto Lavagna, que bendijo el acercamiento a través de las redes. Las condiciones están dadas para sentar a todos alrededor de la misma mesa. Falta la parte más difícil. Ponerse de acuerdo en quiénes son los que tienen que ceder.
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