Argentina y FMI: ¿ni vencedores ni vencidos?

La frase que como interrogante forma parte del título de la presente nota, es harto conocida y pronunciada, generalmente, por quienes triunfan en el terreno militar y, luego, se desentienden en los hechos del compromiso que supone esa afirmación. En Argentina dos hechos históricos dan cuenta exacta de ello, la guerra contra el Paraguay (1865/1870) llamada de la “Triple Alianza” (la coalición formada por Brasil, Uruguay y nuestro país) y rebautizada popularmente como de la “Triple Infamia”, y el golpe cívico militar que derrocó a Juan D. Perón (1955) que se autodenominó “Revolución Libertadora” y que en el campo popular se conoce como “Revolución fusiladora”.

¿Victoria pírrica?

Una victoria a lo Pirro o “pírrica”, importa una alegoría que se remonta a episodios ocurridos casi tres siglos A.C. Alude a cualquier triunfo contingente y pasajero que importa tan alto costo y esfuerzo que se traduce en más daño que provecho, a la vez que hace prever como muy probable que terminará en fracaso.

Las afiebradas gestiones realizadas en la última semana para reunir los votos necesarios que permitieran, en Diputados, conseguir la aprobación del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, puso de manifiesto serias diferencias en la coalición gobernante como también en el principal frente opositor (Juntos por el Cambio).

Sin embargo, esa situación que, en sí misma, podría denotar diversidades siempre factibles en una fuerza política y más de tipo frentista, no ha sido el único emergente ni el más relevante en la coyuntura como también en su proyección futura.

En el caso de Juntos por el Cambio, más allá de algunas posturas que sorprendieron, se explican en las disputas entre líneas internas (de Partidos y dirigentes) con miras a las presidenciales del 2023 que hace tiempo se venían evidenciando y en intereses personales ligados a las derivaciones judiciales del endeudamiento (Macri y el núcleo duro del PRO). Pero, menos expuestos a daños colaterales por no tener responsabilidad de gobierno y por haber logrado, finalmente, una declaración común consensuada.

En el Frente de Todos, las divisiones se acentuaron al punto de haber tenido que hacer corrimientos en las Comisiones (de Presupuesto y de Finanzas) para emitir el dictamen favorable al Acuerdo. Máxime, estando al sustancial cambio introducido al Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, que luego se manifestaron en el debate, tanto por los contenidos de los discursos como por las omisiones registradas entre los diputados oficialistas que decidieron no intervenir.

Disidencias que exceden el mero conteo de votos propios negativos, sino que expresan serias divergencias de Partidos y Agrupaciones de peso en la conformación de la Coalición oficialista, que tendrán seguro impacto en el nivel de unidad que sea dable esperar de aquí en adelante en tanto no se logre saldarlas.

Hubo sin lugar a dudas una estrategia deficiente en las negociaciones llevadas con el FMI, que abarca a un amplio arco dirigencial, aunque la responsabilidad primaria corresponde al Gobierno.

El ritmo que se le imprimió y el tiempo que insumió, sin prescindir de circunstancias excepcionales como la pandemia -que, así como complicaba, a su vez brindaba algunos elementos para aprovechar- fue uno de los aspectos deficitarios. Que también comprende a las disidencias, en tanto indica que existieron posibilidades de hacerlas públicas en momentos más oportunos que sobre el vencimiento de plazos, en principio, improrrogables y reportando menos chances de capitalización por la oposición.

La deriva final al tener que recurrir a cualquier costo al voto opositor marcó una declinación sustantiva, con responsabilidades igualmente compartidas en ese desenlace. De la aprobación de un Acuerdo con indicación explícita de los compromisos y medidas a implementar en el Programa de Facilidades Extendidas, que incluía una expresa referencia al origen del endeudamiento, se pasó a una ley de un solo artículo (como propusiera Elisa Carrió) que se limita a facultar al Presidente a negociar las condiciones de la refinanciación del empréstito y abona al olvido de quien -cómo y para qué- contrajo tamaña deuda con el FMI.

El desgaste del Gobierno es presumible, encarnado prevalentemente en Guzmán y Alberto Fernández, sin que impacte de similar forma en la figura de Sergio Massa -con inclinaciones a transitar “la ancha avenida del medio”- a quien la prensa señala como el artífice de esa áspera negociación parlamentaria, ni mucho menos en la más rancia oposición que, curiosamente, sale fortalecida de este difícil trance al que obligó a recorrer por sus políticas cuando gobernaron.

¿Cuál será el Programa de Facilidades Extendidas?

El texto aprobado en Diputados es por demás anodino, en tanto remite sin anclaje concreto al art. 2° de la Ley 27.612 - Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (“… todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”), la delegación en el PEN la suscripción de los instrumentos necesarios para cumplir con ese cometido. Sin que se formule con precisión -como resultaba del texto original del Proyecto remitido al Congreso- los mecanismos habilitados para llevar a cabo ese programa de financiamiento.

De tal suerte, que la teleología -sentido o propósito- de esa norma sancionada a instancias del actual gobierno en febrero de 2021 no se estaría cumpliendo. Puesto que, en definitiva, la delegación antes referida deja en manos del Poder Ejecutivo una total libertad para negociar las condiciones de refinanciamiento con el FMI, excluyendo al Congreso de la evaluación y efectiva aprobación de los términos del convenio a suscribir, dotando de amplias facultades al PEN con sustento legal.

En ese contexto pueden barajarse distintas posibilidades: iguales, peores o mejores que las comprendidas en el “Programa” originariamente elevado a consideración del Parlamento y emergente del Memorándum de Entendimiento que constituía su marco inicial.

Así como los instrumentos a suscribir podrían ajustarse estrictamente a aquél, también podrían presentar diferencias, ya fuera porque el FMI aprovechara el debilitamiento del Gobierno producto del proceso parlamentario para exigir mayores condicionamientos, planteando dudas acerca de la real probabilidad de materializarlo por las dificultades para sancionar las leyes o adoptar decisiones sobre temas que la oposición anticipó que no iba a acompañar -más aún, que entendía erróneas e inviables-; como por la necesidad del Gobierno de responder a su frente interno convulsionado, introduciendo modificaciones que le permitan una reunificación de la Coalición y satisfagan los reclamos de mayor autonomía en la gobernanza en pos de asegurar un desenvolvimiento soberano del Estado Nación.

Estas u otras especulaciones en torno al punto de llegada -o de partida- que significa la ley con media sanción en Diputados, no pueden prescindir de otros factores externos (las repercusiones económicas y geopolíticas de la guerra en Ucrania, por ejemplo) e internos (las crecientes demandas sociales, la volatilidad de los apoyos sectoriales, los efectos de una inflación que no cesa y las operaciones -comunes o extorsivas- que el oficialismo enfrentará en vísperas de un año electoral que pareciera ya se hubiera puesto en marcha).

Una mirada en clave laboral y previsional

El Fondo no se ha despojado de sus clásicas recetas de ajustes, en el mejor de los casos las ha aggiornado a una crisis sin precedentes que pone en jaque la economía y las finanzas mundiales, o las ha acomodado transitoriamente como consecuencia de posiciones relativamente inflexibles adoptadas por el país deudor, como sería el caso de Argentina.

De todas formas, se reserva una carta fundamental, el monitoreo permanente y las evaluaciones periódicas del cumplimiento de las “metas” programadas, con el agregado de saberse prestamista de divisas con destino al pago de otro préstamo del que es acreedor y que supone un espiralamiento de la deuda con todo lo que ello implica, operando como una virtual amenaza de imponer un cepo difícil de sortear.

Analizar estos acontecimientos en cuanto a su impacto en el mundo del trabajo es razonable, teniendo en cuenta -entre otras cuestiones- que un requerimiento tradicional del FMI son las reformas laborales y previsionales de corte neoliberal, que a la necesidad de recurrir a ellas como parte de una profunda reforma estructural se han manifestado unánimemente la dirigencia opositora que brindó su voto al oficialismo y que, como nota distintiva en esta ocasión, el Gobierno ha subrayado que no habrá ese tipo de reformas ni están comprendidas en el Acuerdo proyectado.

Las incertidumbres que plantea el modo en que finalicen las negociaciones, los virajes que pueda resolver el Fondo en el decurso de los próximos dos años y los cambios sustanciales que pudieran introducirse después de las elecciones de 2023 (mañana mismo) de consagrarse un Gobierno más afín, justifican ciertas prevenciones al respecto y tomar nota de algunos datos relevantes en ese terreno.

Dos notas publicadas en Infobae este año (el 22 de febrero y el 8 de marzo) hacen mención a ciertas iniciativas gubernamentales que -dice- formarían parte de la implementación del “Programa de Facilidades Extendidas”. Ambas notas se basan en apreciaciones del Ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

En la primera, se alude a la voluntad de incentivar a que la gente trabaje más allá de su edad jubilatoria, prolongado la vida laboral activa hasta los 70 años dentro del esquema de “retiro optativo” diseñado en la reforma previsional macrista del 2017, y -en palabras del Ministro- “conseguir, de esta forma, un mejor haber jubilatorio”.

En la segunda, se atribuye al Ministro de Trabajo el anticipo -en sintonía con los ministros de Economía y de Producción- de que se impulsará la modernización de los convenios laborales y discutir productividad con los sindicatos, que aparecería como uno de los objetivos de política económica en el acuerdo con el FMI, considerando que hay sectores “atrasados” en su matriz de producción.

Según Moroni, señala esa nota: “A veces los sindicatos reaccionan mal cuando hablamos de estos temas, pero no queremos discutir una intensificación del trabajo (…) Nosotros les explicamos que esta discusión no es la de Charles Chaplin al que le aumentan la velocidad de la línea de producción”, en referencia a la película Tiempos modernos aclara el artículo.

Sin embargo, tanto sea con incorporación de tecnología -que impacta en la reducción de puestos de trabajo e intensifica las exigencias laborales- o sin su auxilio con las consiguientes repercusiones personales, siempre se trata obtener mayor producción en un menor tiempo de trabajo con reducción de los costos y se traduce, casi sin excepción, en una maximización de la rentabilidad empresaria sin derrame en favor de las personas que trabajan.

Plantear anhelos de productividad, entonces, justifican los recelos sindicales con la vasta experiencia acumulada al respecto. Más aún, cuando la preocupación en ese sentido nunca -como también surge de las consideraciones de Moroni- va acompañada de la decisión de que ello implique una justa -necesaria y postergada conforme la garantía constitucional (art. 14 bis)-participación de los trabajadores en las mayores ganancias que se esperan de aquélla. 

Estado, instituciones y entes comunitarios

En Occidente están en seria crisis -terminal para algunos- las clásicas instituciones devenidas de la Modernidad, el concepto y función misma de Estado, la idea de República en cuanto al modo de distribución monopólica de competencias y el modelo de Democracia representativa que excluye más de lo que incorpora en la toma de decisiones que afectan a la población, muchas veces en temas sumamente sensibles.

La actividad política y su dirigencia se muestra cada vez más distante de sus bases de representación, ya sea por propia decisión o por la dinámica misma que ha ido perfilando el accionar propio de ese campo social. A lo que no es ajena la pérdida de imagen positiva en la sociedad, la desconfianza e incredulidad que despiertan, como la interesada promoción de la apoliticidad que revela uno de los grandes logros que el Neoliberalismo ha obtenido con la colonización cultural y la incidencia en la construcción de sentidos y subjetividades.

La segregación que resulta de la Comunidad en su conjunto de aspectos determinantes de su cotidianeidad y su evolución futura, debe también medirse por la ausencia de acciones que recalen y rescaten variados entes comunitarios de cercanía que no registra ni pueden ser subsumidos institucionalmente por el Estado Moderno o por el devenido en la -llamada- Posmodernidad.

El caso de Bolivia con el acceso al gobierno, por vez primera en 500 años, de un miembro de los Pueblos Originarios, es interesante de analizar e ilustra acerca de esas otras representaciones e instancias comunitarias capaces de enriquecer la política y proveer a una mayor participación como a una más genuina representatividad democrática.

Álvaro García Linera, uno de los exponentes más lúcidos del pensamiento latinoamericano, que acompañó -como vicepresidente- a Evo Morales durante sus trece años de gobierno, en una reciente entrevista radial que le hicieran Daniel Tognetti y Felicitas Bonavitta formuló una serie de reflexiones, algunos de sus pasajes es oportuno traer a colación:

“Los progresismos se han ido convirtiendo en Partidos del Orden, y eso es grave, porque si nos convertimos en un Partido más del Orden, claro siempre van a surgir los partidarios del desorden, de la rebeldía (…) y lo que muestra el Continente es que los rebalses no vienen por la izquierda, los rebalses vienen por la derecha, los cavernarios y fosilizados de la derecha aparecen ahora como los grandes subvertores y los grandes rebeldes, ahí hay una inversión del sistema de valores, pero en parte es también quizás por nosotros porque nos aferramos a ser el Partido del Orden, cuando nosotros no nacimos como Partidos del Orden, nacimos como el Partido del desorden, el Partido de la transformación, del cambio. Por eso necesitamos recuperar esas banderas”.

¿Y de aquí en más?

Por el Senado es casi un hecho que pasará sin dificultad, ni modificaciones, la ley votada en la Cámara Baja obteniendo su sanción definitiva, estando a la aquiescencia ya manifestada por los Gobernadores en las reuniones mantenidas con el Presidente de la Nación y en el Congreso.

Lo que sí despierta un lógico escepticismo, provoca incertidumbres y exige esperar definiciones pendientes, es el Acuerdo que se suscriba finalmente con el FMI, por la forma en que será asimilado por los factores de poder y recibidos sus efectos por la población, con los consecuentes impactos en la gobernanza del último trecho de la presidencia de Alberto Fernández.

En el mencionado reportaje del 9 de marzo pasado, García Linera también reflexionaba acerca de la misión de todo “progresismo”, sosteniendo:

“Lo posible es fundamentalmente un prejuicio mental (…) nunca hay condiciones suficientes para las revoluciones, para las transformaciones. Siempre la correlación de fuerzas es adversa, siempre. El progresismo surge justamente como una voluntad nacional-popular por estirar el marco de lo posible, por romper el prejuicio de lo que se considera posible y por modificar la correlación de fuerzas(…)”.

“No se pueden cambiar las condiciones de vida de los más humildes, administrando. Lo que vas a administrar es la pobreza, no vas a superar la pobreza, y entonces, ya no eres progresista, te has convertido en otro Partido del establishment, con otros rostros con otros nombres, pero ya eres establishment (…) Creo que el Progresismo ha emergido en el Continente, no para ser un Partido de la administración de la riqueza de pocos y de la pobreza de muchos, sino para que no haya pobreza”.

Seguramente opiniones como éstas podrán ser rebatidas, calificadas de utópicas o juzgadas como anacrónicas, apelando a condiciones “objetivas” irreductibles y a los paradigmas que predominan en el mundo. Sin embargo, el peronismo emergió justamente por sustentarse en ideas semejantes y Néstor Kirchner, contrariando un antiguo aforismo repetido acríticamente por la clase dirigente, fue quien afirmó -y llevó a la realidad concreta- que “la política es el arte de lo imposible”.

Hay coincidencias en que el default no es una alternativa, que la deuda con el FMI adolece de graves irregularidades que -siquiera parcialmente- la invalidan y que, como siempre ha ocurrido, las contraen los gobiernos liberales y la pagan los gobiernos populares. También se coincide en que recurrir al FMI sólo genera perjuicios para Naciones y Pueblos pero que no es factible eludir la consideración del irresponsable empréstito tomado por el macrismo, así como que cualquier renegociación no será para festejar porque inevitablemente será mala.

La discusión entonces se centra en resolver cuál sería la menos mala para los intereses de la Patria y que, conforme al texto de la ley que se sancionaría confiriendo amplias atribuciones al Poder Ejecutivo para establecer los términos del Acuerdo, abre más de una variante que habilita correr los márgenes de lo posible y alentar -animados por una racionalidad indispensable atada a la tremenda deuda social que fue un compromiso saldar- la búsqueda de puntos de reencuentro en el Frente de Todos que permitan sostener que HAY UN 2023.