Tras la media sanción a la despenalización y legalización para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, se renovaron las ilusiones para el movimiento feminista que espera que se respeten sus derechos y libertades a la hora de elegir. Ahora todo está en manos del Senado, que el próximo 29 de diciembre tendrá la chance de hacer historia en el Congreso y dictaminar, de una vez y para siempre, que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina.
De cara al debate que tiene lugar no solo en el poder legislativo sino en la sociedad, una vez más la Iglesia y el poder eclesiástico vuelve a poner el grito en el cielo y se opone a una nueva conquista de derecho. Al igual que ante el proyecto de ley de 2018, vuelven a mostrarse en contra y todos los argumentos utilizados durante el debate tuvieron conceptos católicos de por medio.
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Ahora la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) cuestionó al Gobierno y a la dirigencia política en su mensaje navideño, por la “febril obsesión de instaurar el aborto en la Argentina”. A través de un texto titulado “¿Por qué no renovar la esperanza?”, las autoridades eclesiásticas afirmaron: “En estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de los argentinos”.
“Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos, aunque no hayan nacido”, sentenciaron. Los obispos indicaron que esta Navidad encuentra al país “en un momento histórico”, en donde se necesita “una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones, de los lazos fraternos”. Además, la Conferencia Episcopal anunció que no irá, como es usual, a saludar al Presidente en Navidad.
Pero más allá de la postura actual en relación al proyecto de aborto legal enviado por el presidente Alberto Fernández pero empujado, principalmente, por los movimientos feministas en Argentina, también intentaron evitar que otras minorías, claramente maltratadas a lo largo de la historia, ganen o recuperen. En más de los 200 años de historia argentina, la Iglesia y el poder eclesiástico se opuso al matrimonio civil, a la libertad de culto, educación laica, al voto femenino, al divorcio, a la Educación Sexual Integral, a la Ley de Identidad de Género, al voto de los 16 años y ahora al aborto.
Matrimonio civil
En 1888, se sancionó la Ley de Matrimonio Civil con la presidencia de Miguel Juárez Celman. La Iglesia se opuso rotundamente ya que hasta ese momento los curas tenían el monopolio de los casamientos y el matrimonio debía ser celebrado según los preceptos del catolicismo. El objetivo de la norma era que los inmigrantes que llegaban de otros países con otras religiones o los que no eran fieles a ninguna creencia, pudieran casarse.
Ya en ese año, la Iglesia usó su viejo argumento de que “era el fin de la familia” autorizar el matrimonio civil y que atentaba contra el orden natural, por lo cual, habría “resultados funestos” en la sociedad. Nada de eso sucedió. El Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sársfield e instituido en 1869, solo se limitaba a convalidar jurídicamente el código canónico en lo que respecta al matrimonio y las relaciones familiares.
Como contraofensiva, el obispo de Córdoba, Fray Reginaldo, envió una carta al Senado “suplicando” para “bien de la patria y la religión” que no se apruebe el matrimonio civil, que “produciría otros resultados funestos a la sociedad argentina”. Para Reginaldo, las leyes eclesiásticas sobre el matrimonio satisfacían “todas las necesidades del pueblo argentino”.
La norma tuvo un antecedente en 1867, cuando en el marco de los avances de la secularización de la sociedad, se sancionó en la provincia de Santa Fe la primera ley de matrimonio del país, pero tras la furiosa respuesta de varios clérigos, entre ellos el obispo Gelabert de Paraná, el gobierno local fue derrocado y los gobiernos provinciales y nacional optaron por avanzar más lentamente. Esa posición tuvo aún más fuerza durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, católico practicante.
Voto femenino
En 1947, se sancionó la Ley 13.010 que establecía el derecho a las mujeres a votar. El proyecto fue impulsado por Eva Duarte de Perón, dirigente peronista y conocida como “la abandera de los humildes”. En ese momento, la participación femenina en la política argentina era escasa y era un terreno de códigos masculinos y machismo. Además, con la ley se reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, entre ellos el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales.
En ese momento, una de las voces opositoras era la de la Iglesia, que en ese entonces encabezaba un discurso profundamente conservador en pos de mantener y defender la jerarquía familiar patriarcal y en contra de la “emancipación femenina”. También, aducían que las mujeres “no estaban preparadas” para ejercer su derecho al voto.
Divorcio
En 1987, se sancionó la Ley 23.515 que establecía el divorcio vincular. La sanción de esta norma le valió al entonces presidente Raúl Alfonsín, los enojos y la oposición de la cúpula eclesiástica, que una vez más se oponía a la conquista de derechos.
Desde 1888 en Argentina se había intentado legalizar el divorcio, pero no hubo éxito. Durante los diez meses que duró el debate en el Congreso iniciado en 1986, la Iglesia organizó una campaña “en defensa de la familia” a través de distintas asociaciones de laicos, que intentaron presionar a los legisladores mediante publicidades, reuniones y marchas en todo el país, en donde se notó la intervención directa de los obispos.
Los argumentos giraban en torno a “la familia como garantía y esperanza de la patria”. Según la Iglesia, el divorcio arruinaría la vida de los hijos y el matrimonio debía ser “perpetuo”. En ese año, el obispo de Mercedes, Emilio Ogñenovich, organizó una procesión a Plaza de Mayo encabezada por la Virgen de Luján “en defensa de la institución familiar”, que no tuvo la convocatoria esperada, por lo que acusó a los obispos ausentes de traición.
Educación sexual integral
En 2006, la Iglesia se opuso fuertemente a la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) durante el gobierno de Néstor Kirchner. La normativa entró en funcionamiento a partir del año 2008 con la creación de un programa de alcance nacional que estableció lineamientos curriculares para todos los establecimientos educativos públicos y privados.
La implementación de la normativa significó un nuevo paradigma al contemplar un abordaje integral de la sexualidad con perspectiva de género. Esta perspectiva fue una de los varios puntos en contra de los cuales se posicionó la Iglesia en medio del debate por la normativa, que defendió una concepción de la sexualidad destinada a la reproducción y negando la identidad como una construcción cultural.
Cuando se trató la ley en el Congreso, José del Corral, de la Vicaría de Educación del Arzobispado porteño, disparó: “Si se habla de profiláctico en todas las escuelas, también se debe hablar de virginidad y castidad”. El religioso también aseguró que el Estado “debe garantizar una información básica para todos y que se respeten las creencias y los valores de las familias y las escuelas”.
Matrimonio Igualitario
La postura oficial desde la Iglesia Católica prohíbe cualquier tipo de unión entre personas del mismo sexo. Durante julio del año 2010, cuando se discutió y debatió la ley en Argentina, siendo el primero de América Latina en reconocer este importante derecho, hubo muchas posturas en contra. Desde la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Jorge Bergoglio se habían expresado: “El Estado actuaría erróneamente y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y el ordenamiento público de la sociedad argentina”.
Además, los obispos pertenecientes a la sede sumaron otras justificaciones como que “carecía de elementos biológicos y antropológicos propios del matrimonio y la familia”, que en esta unión “se ausentaba la dimensión conyugal y la apertura a la transmisión de la vida” y también que aseguraban no estar discriminando por basarse en “la naturaleza” que sólo reconocía una “realidad natural”.
Como en cada oportunidad, la postura de la Iglesia tuvo un importante peso y una fuerte presión política tras el comunicado que se dio a conocer en aquel momento con respecto al tema. De todas maneras y a pesar de esto, la Cámara Baja votó 126 a favor, 110 en contra, hubo cuatro abstenciones y 16 legisladores ausentes. Por otro lado, en Senadores, se aprobó el dictamen de la Ley Civil de Matrimonio permitiendo este tipo de unión entre personas del mismo sexo con 33 votos afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones. “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo”, sentencia el reformulado artículo 172.
Identidad de Género
La Ley de Identidad de Género aprobada en 2012. Esta permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscriptas en sus documentos personales con el nombre y género vivenciados. Además se ordena que los tratamientos médicos se adecúen y sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, garantizando su cobertura tanto en el ámbito público como en el privado.
En este caso, al igual que con el Matrimonio Igualitario, la Iglesia Católica volvió a negar un derecho fundamental para las personas. La Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el arzobispo de Santa Fe Monseñor Arancedo, sacó un comunicado donde dan a entender que si bien conocen la problemática creen que “no se ha tenido en cuenta el significado objetivo del dato biológico como elemento primario en una legislación sobre el tema de identidad sexual”.
Al mismo tiempo, los obispos que la componen sostuvieron que “la diversidad sexual no depende sólo de una decisión o construcción cultural, sino que tiene su raíz en un dato de la naturaleza humana que presenta su propio lenguaje y significado” y “desconocer el valor y el alcance de este hecho, debilita el sentido de la sexualidad”. Además acusaron de “manipular la identidad sexual de los niños y las niñas”, imponiéndose como un pensamiento único y luego, si se enseña en los colegios, consigue “dañarla de modo irreversible contra la voluntad de sus padres”.
El Papa Francisco se expresó años más tarde y mostró su desacuerdo con la enseñanza de ideología de género en las instituciones educativas. En esta ocasión, apuntó: “Es contra natura. Una cosa es cuando alguien tiene esa tendencia y otra es cuando se enseña en los colegios. Para cambiar la mentalidad, le llamo a esto colonización ideológica”. Mientras que en 2019, a través de un extenso comunicado, volvieron a rechazar la noción de que los individuos pueden elegir su propia identidad ya que “desestructura la familia” y va en contra de los “marcos tradicionales” de las sociedades.
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