La violencia de los grupos anti-derechos no solo está en su discurso que culpabiliza y condena a las mujeres y personas gestantes a asumir la responsabilidad de maternar, no solo se ve en la bandera que levantan a favor de que los abortos sigan siendo clandestinos, sino que ha escalado a la violencia materializada en escraches. Apenas el Gobierno nacional anunció el envío del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un sector “pro vida” organizó diversos escraches a legisladores y legisladoras que apoyan y militan el aborto legal por una cuestión de salud pública.
El 21 de noviembre, un grupo concurrido de militantes antiderecho protestaron frente al domicilio del diputado radical, Facundo Suárez Lastra. “Durante 2 horas un grupo pequeño, que agredió a algunos vecinos, se manifestó frente a mi domicilio. El debate q llevamos adelante por la IVE en el Congreso y en la calle hasta ahora siempre ha sido pacífico y respetuoso. Repudio el escrache y la violencia”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.
Unos días después, grupos antiderecho convocaron a un escrache al domicilio de la diputada del Frente de Todos, Laura Russo. "Manifestación Provida. El pueblo argentino necesita diputados que defiendan a los argentinos por nacer. Sumate con tus amigos o grupo familiar a defender la vida juntos!", rezaba el flyer que comenzó a circular en las redes sociales en ese fin de semana con el domicilio de la legisladora y junto al hashtag "La Vida No Se Debate".
Durante el fin de semana del 29 de noviembre, el escrache fue directo a la familia de la legisladora del Frente de Todos Carolina Gaillard. Los grupos anti-derecho fueron a violentar a sus padres en la panadería que tienen en Entre Ríos. El 1 de diciembre, los militantes “pro vida” agredieron e insultaron al diputado por el bloque de Unidad Federal, José Luis Ramón. El hecho sucedió en frente al Congreso de la Nación, cuando alrededor de cinco personas rodearon al legislador y lo acusaron de asesino.
El 5 de diciembre, el escrache lo sufrió el legislador de Juntos por el Cambio Alejandro García. Un grupo de manifestantes “pro-vida” se agolparon en su casa con pancartas y con una actitud violenta para exigirle al diputado que revea su voto.
A esos escraches físicos, se sumó el escrache virtual. Los legisladores y legisladoras recibieron en sus casillas de mails mensajes intimidatorios, llamadas, se publicó la dirección de sus domicilios y se montó en las redes una campaña de odio y violencia contra les diputades que van a votar a favor del IVE el jueves 10 de diciembre.
“Recibí más de mil mails a mi casilla por mi postura. Nos escracharon en nuestras casas y nosotros no vamos a escrachar a la casa a nadie. Me parece que si vamos a dar un debate en democracia hay que correrse del eje de la violencia”, denunció en el último plenario de comisiones la legisladora del Frente de Todos, Jimena López.
En una entrevista con El Destape, Gaillard relató: “El escrache fue hacia mis padres por parte de un grupo de fundamentalistas anti-derecho. Llevaron con pancartas que decían que yo votaba el aborto”. “Además de molestarme, me molesta que se metan con mi vida y que la intimidación vaya hacia personas que no tienen nada que ver”, criticó.
“En mi caso no me intimida, por el contrario, reafirma mi posición de tener en claro que con más razón tenemos que avanzar con ampliar la Ley”, aseveró la legisladora y señaló que “se reciben mails a la casilla institucional de la Cámara”, pero que “es algo a lo que uno se acostumbra y ha naturalizado, pero debe ser repudiado y que no se vuelva a repetir”.
Cuando la intimidación es desde un Gobierno
En Salta, en la última sesión de la Legislatura salteña, los legisladores aprobaron una resolución pidiéndole a los diputados nacionales que “se pronuncien ‘a favor y en defensa de la vida’ en el proyecto de ley ingresado al congreso el 17 de noviembre de 2020, relativo a la interrupción voluntaria del embarazo”. La intimidación vino directa del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial.
“Recibí presiones, mi casilla de correo está llena de mensajes intimidatorios, violentos. Casi nos obligan a que votemos en contra de la salud pública, en contra de una Ley que viene a transformar la realidad y a dar respuesta a una problemática de salud pública”, denunció la diputada salteña del Frente de Todos Verónica Lía Caliva.
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Repudio del arco político
“Es lamentable que sucedan estos escraches porque no es una práctica que tiene que ver con la democracia, por eso aspiramos y trabajamos para que debate se dé en el marco del más profundo respeto y con reglas claras”, subrayó Gaillard. No obstante, destacó que los legisladores mantuvieron “una serie de reuniones informativas que se desarrollaron con normalidad y en las cuales se acordó con los presidentes de los bloques mecanismos para que el debate sea respetuoso” y consideró: “La verdad que logramos un buen debate en el Congreso”.
Desde Juntos por el Cambio, la legisladora radical Brenda Austin, coincidió en que ese tipo de práctica “no merece más que palabras de repudios y es una actitud absolutamente incompatible con la democracia y que lo que muestra es a un sector absolutamente radicalizado que está intentando amedrentar a diputados para cambiar de opinión, es incompatible con el Estado de derecho”.
En una comunicación con El Destape, la diputada por Córdoba celebró “el repudio más allá del verde y celeste por parte de todos los diputados los que están a favor y en contra”, a lo cual, remarcó que “es un gesto de madurez política”.
Austin también participó en el debate de 2018 y comparó con el debate actual, a lo cual, analizó que “hace dos años había un nivel de agresión en las redes sociales muy fuerte y en mucha menor medida en la calle. Ahora se ve otro clima y es un salto de madurez política y de la sociedad en general”. “De aquel largo e intenso debate es enorme el salto porque se vive la discusión sin tanto dramatismo. Ahora damos la discusión sobre un tema de salud pública”, replicó.
¿Qué hizo la Cámara de Diputados?
Frente a esta situación, la Cámara de Diputados decidió a principio del debate en comisiones que se conforme un equipo de abogados penalistas para defender "la intimidad y la libertad" de los legisladores que expresen sus diferentes opiniones.
A través de su cuenta de Twitter, la Cámara Baja indicó que "atento al acta plenaria de las Comisiones de Salud, Mujer, Legislación Gral. y Legislación Penal tendiente a garantizar la libre opinión y decisión de diputados y diputadas alrededor de la Ley de 1000 días e IVE, ha resuelto: constituir un equipo de abogados penalistas que garantice la defensa de la intimidad y la libertad de cada diputado y diputada para expresar su opinión".
También se decidió "analizar conductas de tipo penal frente al pedido de grupos de presión de diferentes ideas que violen la libertad de circulación o intimidad de los diputados y diputadas" con el objetivo de "garantizar la libertad expresión, pensamiento y debate de cada uno de los diputados y diputadas frente al tratamiento de temas tan sensibles e importantes para nuestra sociedad".
Fuentes consultadas por El Destape, explicaron que fue un determinación que se selló antes de comenzar el debate legislativo entre los bloques de Diputados para que "haya un acuerdo entre las diversas posiciones" sobre todo en el debate por el aborto legal que genera discursos de odio y escraches por parte de los grupos anti-derechos.
"Es un mensaje hacia los grupos más violentos que escrachan y quieren intimidar a legisladores", aclaró un allegado al ámbito legislativo.
A días de que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se debata en el recinto, a menos de 48 horas de lograr la media sanción, las presiones de sectores anti-derechos de la sociedad, de sectores recalcitrantes a favor de que las mujeres y personas gestantes no puedan decidir sobre su cuerpo está a la orden del día, pero la consigna de que a la clandestinidad no volvemos nunca más, toma voz y se hace presente en la calle y en el Congreso.
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