Camino al debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cinco provincias aún no cuentan con protocolos para garantizar a las mujeres y personas gestantes el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE). Se trata de Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes que, pese al impulso político del Gobierno y un requerimiento de la Corte Suprema en 2012, no establecieron los lineamientos para los casos previstos por la ley vigente.
La actualización del protocolo ILE fue firmada por el ministro de Salud, Ginés González García, poco después de asumir y se anunció junto a referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Así, se buscó fijar una "guía de procedimiento para que se cumpla con la ley de igual manera en cualquier parte del país" y como "respaldo a los profesionales de la salud", dijo el funcionario.
Diecinueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos o guías para realizar un aborto cuando hay un peligro para la salud y/o la vida de la persona gestante, o cuando el embarazo es resultado de una violación, causales que fija la ley vigente desde 1921. Sin embargo, "no todos (los protocolos provinciales vigentes) establecen estándares y procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna", advirtió un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
De acuerdo con el informe "El aborto en cifras", 15 provincias adhirieron al protocolo de Nación: Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, CABA, Catamarca, La Pampa, Río Negro y Chubut. En tanto, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Misiones fijaron sus propias directrices. De todos modos, algunos de los protocolos provinciales vigentes "no incorporaron las exhortaciones del fallo FAL (de la Corte Suprema) respecto del acceso y atención del aborto", señaló el informe.
En tanto, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud considera que Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Chubut, y RÍo Negro "tienen protocolos o normativas que requieren actualización". El nacional se actualizó mediante resolución en diciembre de 2019 y establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso, debido a que todas la jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.
Desde 1921, conforme al artículo 86 del Código Penal ratificado por la Corte Suprema en el fallo "FAL" de 2012, el aborto es legal si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para su bienestar físico, emocional y social o si es producto de una violación. El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para concretar las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura. Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes aún no avanzaron en este sentido.
Según el relevamiento de ELA, Redaas y Cedes, realizado en base a datos oficiales, en 2019 se realizaron 8.388 interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de Buenos Aires; 5028 en la provincia de Buenos Aires durante el primer semestre de 2020; y 1312, en Rosario, Santa Fe en 2018. En la CABA, el 55 por ciento de las mujeres y personas gestantes que solicitó una ILE tenía entre 20 y 29 años, y el 14 por ciento era menor de 20.
Además, casi nueve de cada diez (87 por ciento), cursaban el primer trimestre de embarazo. El 84 por ciento de las prácticas fue realizado en el primer nivel de atención, los centros de salud; y el 16 por ciento, en hospitales.
El 28 de septiembre, Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina, la provincia de Buenos Aires informó que se invirtieron más de 39 millones de pesos en 16 mil tratamientos seguros, de acuerdo con el primer informe sobre la Interrupción Legal del Embarazo que elaboró la cartera sanitaria que conduce Daniel Gollan. En ese marco, por primera vez, el Gobierno bonaerense compró misoprostol para garantizar la ILE, adquirido a un laboratorio de producción pública.
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