El año de la pandemia deja como resultado una situación social al límite, con indicadores dramáticos de pobreza infantil, casi la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza o al borde, con 11 millones de personas alimentadas en comedores populares y un aumento en el precio de los alimentos que impacta de manera directa en la mesa de los sectores más vulnerables. La inversión del Estado y la articulación con la red social en todas las barriadas del país evitó que los números fueran peores y nunca se concretó, al menos este año, el siempre anunciado y agitado estallido social.
El empobrecimiento de las mayorías venía en aumento durante los últimos años de la gestión macrista, y sobre esa tendencia se monta el impacto de la peor crisis sanitaria y económica del último siglo a nivel mundial. Todas las desigualdades quedaron expuestas de la manera más cruda. Ya nadie puede ignorar dónde están los problemas, cuáles son las demandas urgentes y quiénes son las víctimas sistemáticas de cada crisis.
El primer año de gobierno del Frente de Todos quedó atravesado por el desafío inédito de “gobernar lo desconocido”, como dice el presidente Alberto Fernández, y renueva la obligación de cumplir el mandato de “comenzar por los últimos”. Como desde el primer día, según el discurso presidencial de asunción, la crisis de la COVID-19 obliga a "una ética de las prioridades y las emergencias".
¿Qué dice el Gobierno nacional ante ese panorama social crítico? "Estamos en un tiempo de recuperación, donde la economía empieza a moverse, donde todos volvemos a tener nuestras actividades y donde tenemos que hacer mucho para sacar de la pobreza a ese 44% de argentinos", dijo esta semana Alberto Fernández en Entre Ríos.
"Hagan memoria, cuando esto empezó presagiábamos las peores cosas", pero "minimizamos enormemente el daño que pudimos haber sufrido", destacó el presidente.
La vicejefa de Gabinete y economista, Cecilia Todesca Bocco, reconoce que “el golpe fue muy duro” en los sectores más vulnerables, pero en el balance aclara que “el aumento en la pobreza por pandemia fue menor al aumento de la pobreza por las devaluaciones que se generaron en 2018 y 2019” durante el macrismo.
“Ha sido un mal año, pero hemos dado pasos en el sentido correcto”, agregó la funcionaria en diálogo con El Destape. Destaca las políticas de asistencia durante la pandemia y un escenario de recuperación que, según el diagnóstico oficial, estará basado en el trabajo y la producción.
“Una economía que pierde en un año el 10 por ciento de lo que produce significa un golpe enorme. Es muy difícil generar empleo de calidad con derechos y sueldos dignos si la economía no crece, el Estado no tiene músculo suficiente”, señala Todesca Bocco.
En el ministerio de Desarrollo Social destacan que comenzaron el año con un presupuesto de 84.000 millones de pesos y finaliza con 240.000, con una ejecución del 300% anual. Solo en diciembre se destinaron más de 63 mil millones de pesos en diferentes programas de asistencia y revinculación laboral. “El triple de recursos que en un mes habitual”, destacó el ministro Daniel Arroyo a El Destape.
Las políticas alimentarias desarrolladas durante el año tuvieron una inversión de más de 121.000 millones de pesos. La crisis pronunciada por la pandemia aumentó de 8 a 11 millones las personas que debieron ser alimentadas en comedores y merenderos populares por el Estado en un trabajo conjunto con la red social que conforman las organizaciones sociales, iglesias, escuelas, y también el sector privado. Se aumentó la entrega de alimentos de manera directa, las transferencias a municipios y descentralización de fondos.
De esos 121.602 millones de pesos, gran parte fue para sostener y ampliar la Tarjeta Alimentar, una de las primeras medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández, que comenzó a entregarse en diciembre de 2019 en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Para el próximo año, la mitad del presupuesto del ministerio estará enfocado en tres objetivos oficiales que marcarán la hoja de ruta de la gestión: generar 300 mil puestos de trabajo, la urbanización de 400 barrios populares de los 4400 registrados en el Renatep, y la construcción de 800 jardines maternales de 45 días a 2 años.
A pesar de la inversión social y las políticas activas del gobierno y la red comunitaria, la pobreza aumentó en la Argentina, al igual que en todo el mundo. El 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encontraban por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El 7,3% de los hogares y 10,1% de las personas viven en la indigencia, los porcentajes más altos de la década. Más de cuatro millones de personas están imposibilitadas de comer todos los días.
El dato más alarmante de la crisis social es el de pobreza infantil: el 64,1% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de esa línea. El 16% vive en hogares con ingresos de indigencia.
La distribución del ingreso mostró una leve mejora en el tercer trimestre, sin embargo la mitad de la población vive con menos de $470 por día. Esta semana el INDEC informó que el 10% más rico tiene 22 veces más ingresos que el 10% más pobre. La mitad de los argentinos percibe un ingreso per cápita familiar inferior a los $14.140 según los datos oficiales.
También el INDEC realizó un relevamiento especial para medir el impacto del coronavirus en la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires y 31 partidos del conurbano bonaerense, entre agosto y octubre, sobre distintos aspectos como la salud, el empleo, la educación, la alimentación, las tareas en el hogar y los nuevos hábitos.
Los datos generales más destacados del organismo revelaron que el 40% de los hogares consultados tenía al menos un integrante con problemas laborales, el 33,8% de los hogares redujo el consumo de al menos un alimento (carnes, verduras frescas o leche) por razones económicas. Un 48% de los hogares recibieron al menos una prestación de las implementadas por el Estado nacional durante la pandemia (IFE, ATP o bonos).
Otro informe que marca con claridad la situación social crítica que atraviesa el país es el de UNICEF Argentina, según los resultados de la tercera encuesta nacional sobre el impacto de COVID-19.
Cuatro de cada diez hogares del país donde residen niños, niñas y adolescentes –lo que equivale a 2,1 millones de familias- sufrieron una reducción en los ingresos laborales. Una de cada cinco familias enfrenta al menos una deuda, y el 36% utilizó los fondos prestados para comprar alimentos.
La encuesta de UNICEF confirmó también que el sistema de protección del Estado mantuvo una cobertura elevada. El 42% de los hogares recibió en octubre el IFE y el 33% accedió a la Tarjeta Alimentar o algún otro mecanismos de apoyo alimentario.
De todas formas, “el 53% de los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo indica que les alcanza para cubrir menos de la mitad de los gastos de los niños y las niñas, y el 96% asegura que no puede acceder a comprar las mismas cosas que hace un año”, señaló Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina.
La pérdida de ingresos también empujó a los adolescentes a incorporarse tempranamente al mercado laboral. El 16% manifestó realizar algún tipo de trabajo remunerado y el 46% no lo hacía antes de la cuarentena.
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