La economía, y más precisamente el valor de la moneda argentina, será el escenario en el que se librará la batalla que comience a partir de las últimas horas del domingo que viene o las primeras del lunes, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones de medio término. En el gobierno nacional anticipan que la oposición, desde su posiciones mediáticas y empresarial, iniciará un pusch sobre la cotización del dólar, intentando forzar una devaluación que, en una sola jugada, lesione la capacidad de reacción del oficialismo tras lo que, suponen, será una dura derrota electoral, y sirva pingües ganancias a sus carteras, resguardadas en divisas y a salvo de imprevistos.
Un anticipo de esa embestida pudo verse esta semana, cuando el dólar blue alcanzó la barrera “psicológica” de los 200 pesos, triplicando el valor que tenía en diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández. En el mismo período, la canasta que mide el INDEC acumuló una suba de “apenas” el 100 por ciento, una evolución mucho más parecida a la que experimentó la divisa en el mercado oficial. Es uno de los argumentos que esgrimen en el equipo económico cuando explican que una devaluación no solucionaría ninguno de los problemas que tiene la Argentina pero podría agravar los que sí tiene y agregar problemas nuevos a la ecuación.
Pero hay más: el viernes, por primera vez en lo que va de 2021, y a partir de nuevas disposiciones adoptadas por el Banco Central, la cotización del dólar mayorista (el que cuenta de verdad, aunque tenga mucho menos prensa que el blue) terminó por debajo que el día anterior, registrando una caída de dos centavos, a 99,94 pesos por cada unidad, en una jornada que terminó con saldo comprador de 210 millones por parte de esa entidad. Todo, el mismo día que la moneda norteamericana se reapreciaba en el mundo hasta tocar su máximo valor en los últimos doce meses. Es una pulseada larga y trabajosa, pero que el gobierno puede (y debe) ganar.
En la reunión de más de 12 horas que mantuvieron el lunes pasado en Roma el ministro de Economía Martín Guzmán y los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional en busca de acercar posiciones, ambas partes coincidieron en la necesidad de achicar la brecha entre los diferentes tipos de cambios, pero también en que esa no puede ser una condición para concretar un acuerdo sino un objetivo en el que trabajar a partir de que se alcance un entendimiento. No es un escenario utópico: hace un año la cotización paralela había tocado los 200 pesos y luego tuvo un importante retroceso, sin que mediara un guiño del FMI.
La Argentina tiene, esta vez, otra carta sobre la mesa: la llegada del turismo internacional, que trae dólares frescos que suelen comerciarse en el circuito negro, a pesar de que el BCRA estableció un mecanismo para que los cambien a pesos con valor paralelo de forma legal. Esta semana reabrieron los aeropuertos y según un informe del ministerio de Transporte, en los primeros siete días arribaron 217 vuelos del exterior, a través de 22 compañías aéreas internacionales y desde 12 países diferentes, lo que significa entre 5 y 8 mil pasajeros diarios, no sólo para reactivar el turismo sino que aportarán divisas que pueden traer calma al frente cambiario.
Los avances en la negociación con el FMI también deberían funcionar como amortiguadores ante las ofensivas devaluadoras de la oposición. En la Casa Rosada se imaginan que antes de fin de año puede firmarse una carta de intenciones que ponga en palabras los puntos de coincidencia entre las partes para allanar el camino a un acuerdo en el primer trimestre del año que viene. El jueves, el portavoz de ese organismo, Gerry Rice, confirmó que en diciembre el directorio discutirá las políticas de sobrecargos, una de las trabas que se interponen entre el gobierno argentino y un acuerdo que sea política y económicamente sustentable.
La segunda, que tiene que ver con los plazos de repago, no se resolverá en el corto plazo pero ambas partes ya saben que es posible que para fines del año que viene o comienzos del 2023 exista una tercera opción, superadora de los préstamos stand by y de los acuerdos de facilidades extendidas que hoy puede ofrecer el Fondo y que resultan insuficientes para una deuda de la magnitud de la que se le otorgó a la Argentina. La incorporación de una cláusula que permita optar por cualquier plan más favorable que surja mientras corra el nuevo programa parece un hecho y sería el segundo triunfo de los negociadores que representan al Frente de Todos.
Hay una tercera posibilidad en los papeles, que ayudaría, también, a descomprimir la presión sobre el dólar en el corto plazo: un compromiso del FMI de devolverle al país los desembolsos que se realicen mientras dure la negociación, de forma tal que el paso del tiempo no pese sobre las exigidas reservas argentinas. Todas estas disposiciones deberán superar, eventualmente, el filtro del directorio. Aquí es donde pesa la declaración que consiguió Alberto Fernández en el G20. No porque ese documento sea vinculante, pero si los representantes ante el Fondo votan en sentido contrario al que indicaron los jefes de Estado en Roma, deberán explicar cuáles son los motivos.
Resulta difícil soslayar la importancia del apoyo internacional recibido en ese foro, aunque hubo quienes, desde la oposición, se tomaron el esfuerzo. Cabe destacar que tanto la cuestión de los sobrecargos como el fondo de resiliencia fueron temas que no estaban sobre la mesa hasta que los planteó la Argentina y que el equipo negociador tuvo que sobreponerse a resistencias de países mucho más poderosos para colar ese punto en la declaración. Para entender la magnitud de lo conseguido, basta recordar que en 2018, cuando Argentina fue anfitrión del G20, no pudo o ni siquiera intentó incluir en el documento ninguna mención a asuntos clave para la agenda nacional.
De la misma manera sorprende, aunque ya no debería, que los mismos que durante el gobierno de Mauricio Macri celebraba como un logro diplomático relevante el intercambio de tarjetas personales entre el entonces presidente argentino con un empresario chino ahora relativiza la importancia del anuncio de inversiones en energía verde por más de 8 mil millones de dólares que hizo la empresa australiana Fortescue Future Industries en el marco del COP26 de Glasgow. Un exfuncionario macrista con poco miedo al ridículo llegó a publicar en sus redes sociales que el anuncio era poco confiable porque la compañía tiene pocos seguidores en tuiter.
Descontando la mala leche de ese tipo de comentarios, es cierto que en la historia argentina abundan ejemplos de inversiones cuantiosas anunciadas que nunca llegan a concretarse o se demoran. En el gobierno confían en que en pocos meses ya esté en marcha. El hidrógeno verde es una tecnología bleeding edge, aún en etapas muy preliminares de desarrollo pero con potencial casi infinito. De acuerdo a un artículo publicado en junio en el Wall Street Journal, las inversiones pasaron de prácticamente cero en 2020 a más de 500 mil millones en 2021. Muchas empresas compiten por dominar ese mercado y FFI está entre las que picaron en punta.
El proyecto que se instalará en Sierra Grande, Río Negro, es uno de los cinco de magnitud similar que montará FFI después de haber evaluado más de 130 en medio centenar de países del mundo y que tienen el objetivo de producir suficiente combustible con baja huella de carbono como para suplir la flota de transporte de su empresa madre, la minera Fortescue Metals Group y además cumplir con los contratos de aprovisionamiento que ya ha firmado y que le permiten proyectar una producción anual de 15 millones de toneladas para el 2030. La planta instalada en la Patagonia cubriría algo más de 2 millones con posibilidad de seguir escalando.
Se le dice hidrógeno verde porque en el proceso de producción se utilizan energías renovables y de bajo impacto en el medio ambiente, como los vientos del sur del país o la radiación solar en Cuyo y el Noroeste. Para la Argentina, también es verde porque significará una importante fuente de dólares. No solamente en forma de inversión directa; también a través de la liquidación de las divisas obtenidas por la exportación del combustible. Piezas en el rompecabezas de la restricción externa: en el equipo económico creen que si se atraviesan las turbulencias hasta fin de año, se abre un camino posible hacia un futuro en el que no falten dólares.
En seis semanas se juegan muchas cosas. Tres incógnitas se responderán solas con el correr de los días. ¿Cómo va a salir la elección? ¿Cuán lejos están dispuestos a llegar algunos opositores, políticos, mediáticos y empresariales, para forzar una devaluación? La más importante es la tercera: ¿Cómo procesará el oficialismo un resultado que seguramente deje un tendal de heridos? “Alberto tiene que hacer en dos años lo que pensaba hacer en cuatro”, decía, regresando de Glasgow, un funcionario que lo conoce al dedillo”. Sin cohesión interna, un plan en común y determinación para llevarlo adelante, le resultará muy difícil.
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