Desde que comenzaron las medidas de aislamiento social y se empoderó a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, las prácticas de violencia institucional se profundizaron en todo el país. Solo desde marzo, en Córdoba hubo siete muertes vinculadas al uso de la fuerza letal de la policía provincial que además demostró “pericia y rapidez” para alterar las escenas de los crímenes.
Así lo advirtieron, en una nota enviada al gobernador Juan Schiaretti, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Allí transmiten su preocupación por los graves hechos de violencia institucional en los que estuvieron involucrados agentes de la Policía de Córdoba en los últimos meses.
Destacan que el uso de la fuerza letal por parte la policía se trata de una práctica “abusiva y reiterada”, lejos de ser una medida extrema y de respetar criterios de estricta proporcionalidad. Además apuntaron a las prácticas de encubrimiento de la propia fuerza, por la frecuencia con la que aparecen y desaparecen armas para justificar o disminuir su responsabilidad en los hechos -la clásica versión oficial del enfrentamiento, por ejemplo-, en lo que representa una práctica para alterar las escenas de los crímenes y garantizar impunidad a los agentes involucrados.
Así fue, por ejemplo, en el caso de mayor repercusión política y social que tuvo este año la provincia, con dos masivas movilizaciones en la capital: el asesinato de Blas Correas, un pibe de 17 años que viajaba en auto con sus amigos y fue fusilado por la policía en la madrugada del 6 de agosto.
La lista se completa con todos hombres jóvenes: Gastón Miranda, de 27 años, en Villa La Tela; Fabián Perea, 28 años, en Villa Adela; Franco Sosa, de 23 años, en Barrio San Lorenzo, asesinado por balas policiales en un confuso hecho; Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado, en barrio Los Paraísos; José Ávila, de 35 años, asesinado en Villa El Libertador por dos policías. El CELS señala que el mes de agosto terminó con un caso más: en la localidad de Alta Gracia, según la versión oficial, hubo una persecución policial y se produjo un “disparo accidental” con la detención e imputación del sargento primero Marcelo Barrionuevo.
Estos casos de violencia letal ocurren en un contexto de aumento y profundización de prácticas de hostigamiento policial, según denuncian en el escrito, tanto en barrios populares como en las “nuevas interacciones” policiales que se implementaron en barrios con sectores sociales medios-altos, no habituados a estas intervenciones.
El crimen de Blas generó la remoción de parte de la cúpula policial de la capital cordobesa. Para los firmantes de la carta, la medida fue oportuna, pero insuficiente. El ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosuqera, prometió que la renovación en la fuerza de seguridad sería integral, es por eso que desde el CELS se pusieron a disposición para proponer iniciativas y sugerencias para “resguardar la integridad física y los derechos de los ciudadanos”, además de “mejorar las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad”.
En la carta al gobernador cordobés también señalaron como preocupante que los policías imputados por delitos vinculados con su labor continúen con funciones operativas en el territorio. Y plantean que los hechos de estas últimas semanas “reafirman la necesidad de encarar un cambio urgente y profundo en el gobierno y conducción de la policía provincial”. Destacan que, además de sus prácticas violentas, la policía cordobesa “tiene antecedentes de haber estado involucrada en redes de narcotráfico y criminalidad”.
La violencia policial en Córdoba es, como en varias provincias, una grave problemática que acumula en los últimos años una cantidad alarmante de víctimas. Ante la ausencia de información oficial, el CELS releva los casos en un registro propio, en el que contabilizaron entre 2016 y 2017 al menos 35 muertos en la provincia por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad, de los cuales 16 murieron por balas de efectivos de la Policía de la Provincia ejecuciones extrajudiciales.
Además de Manuel Tufró, del CELS, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, María Inés Peralta, la carta a Schiaretti fue firmada por organizaciones sociales y de derechos humanos como La Poderosa, la Mesa de Derechos Humanos Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asociación Pensamiento Penal de Córdoba, entre otras.
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