Un grupo de fiscales alineados con el macrismo y comandados por Carlos Rívolo le enviaron una nota a Oscar Parrilli, el senador que preside la Comisión Justicia, para manifestarle su oposición a los cambios en la forma de elección del Procurador General, jefe de los fiscales.
Los mismos fiscales parecen cómodos con el interinato de Eduardo Casal, que está próximo a cumplir 3 años. Es que tampoco hicieron nada cuando el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó en alianza con Clarín, Comodoro Py y los estudios de abogados de la city porteña. En realidad dejaron hacer.
La cuestión de fondo es la ley Orgánica del Ministerio Público, donde se establece todo aquello que la Constitución no define para el Procurador. Entre esos aspectos que la Carta Magna deja a criterio de la ley está la forma de nombrar al jefe de los fiscales. La ley actual dice dos tercios, pero toda ley puede modificarse por otra ley.
“Los fiscales les pedimos a los legisladores que piensen antes en las instituciones que en la coyuntura, que no poder nombrar un procurador, porque no se logra el consenso necesario, no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional”, dice la nota enviada a Parrilli. La realidad es al revés: el interinato eterno de Casal es lo que desnaturaliza la institución constitucional. Casal no tuvo ni dos tercios ni mayoría simple. Ocupa el cargo, de hecho, por ser el fiscal más antiguo al momento que Macri y sus aliados se cargaron a Gils Carbó.
El fiscal Rívolo fue parte del lawfare aunque con menos exposición que su colega Carlos Stornelli, que curiosamente no firma la nota enviada a Parrilli. Cuando Stornelli pidió ayuda para trabajar en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix, no lo dudó: pidió a Rívolo. Cuando ambos quisieron sumar a otra fiscal al trabajo incorporaron a Fabiana León, otra de las firmantes de la nota.
En la carta enviada a Parrilli se destaca la firma de Raúl Plee, un nombre pesado en Comodoro Py. Fue acusado de demorar la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, tiene relación con Mauricio Macri desde su paso por la Comisión de Seguridad de Boca, fue denunciado por “pisar” las causas de lesa humanidad, desalentó la investigación sobre los fusilamientos y torturas de La Tablada, fue fiscal antilavado que no encontró lavado de dinero en Argentina y fue (y es) uno de los arietes de la operación Nisman.
Otro de los jinetes de la operación Nisman es Ricardo Sáenz, que operó y fuerte para que la causa donde se investiga la muerte del fiscal pasara a Comodoro Py. Sáenz dictaminó a favor de las leyes de obediencia debida y punto final, forma parte de la ONG que llevaba a pasear a jueces por Miami para que fallaran a favor de Clarín, quedó involucrado en un caso de Forum Shopping con el ex jefe de jurídicos de la Policía Federal y es un habitual comensal en los agasajos de la embajada de Estados Unidos.
Firma también Guillermo Marijuan, que inauguró la temporada de cacería de ex funcionarios kirchneristas a principios de 2016. Se fue a la Patagonia a hacer pozos para encontrar el supuesto PBI enterrado por parte de CFK.
Ignacio Mahiques es otro de los firmantes. Se trata del benjamín de la familia Mahiques, que pasó de fiscal ordinario en la justicia porteña a acompañar a su colega Gerardo Pollicita en Comodoro Py para impulsar varias causas contra CFK. Una de ellas, la de obra pública en Santa Cruz, que hoy se desmorona en cada audiencia del juicio oral. El fiscal de ese juicio, Diego Luciani, también puso su firma en esta nota.
El fiscal José María Campagonli, otro cruzado anti K conocido por sus redadas desmesuradas por las que tiene atemorizado a todo el barrio de Saavedra, firma también contra los cambios en la elección del procurador.
Firma también Juan Carlos Paulucci, fiscal de Seguridad Social. El 15 de marzo de 2018, el interino Casal lo nombró al frente de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo -ya no está más en aquel cargo-. Entonces, no fue una designación más. Eran tiempos en que sobrevolaba por el ambiente una reforma laboral macrista. Su padre era secretario de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo.
A su vez, entre quienes estampó su rúbrica en la nota dirigida a Parrilli, figura el fiscal Juan Manuel Pettigiani, quien es fiscal ante el tribunal de Mar del Plata y, por decisión de Casal, subroga el cargo de fiscal ante la Cámara Federal de la ciudad balnearia. Desde allí, intervino en el D’Alessiogate y dictaminó siempre en contra del avance del caso que impulsó el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Por sus vínculos con un sector aliado al macrismo fue recusado para intervenir en ese expediente pero el planteo no prosperó.
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