El asesinato de Blas Correas por parte de los cabos de la Policía de Córdoba, Lucas Gómez y Javier Alarcón, quienes dispararon entre 15 y 20 balazos contra el automóvil Fiat Argo en el se movilizaba el chico de 17 años con otros cuatro amigos de su edad, causó un terremoto que provocó que el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, desplazaran ayer de sus cargos al director general de Seguridad Capital, comisario mayor Gustavo Piva y a los subdirectores de las Zonas Norte y Sur de la Capital, comisarios mayores Rubén Turri y Gonzalo Cumplido, respectivamente.
En reemplazo de Piva, asumió la comisario mayor Liliana Zárate Belletti, licenciada en Seguridad y con experiencia como instructora en la Escuela de Cadetes de la Policía cordobesa, y en las Direcciones Generales de Investigaciones Criminales y Drogas Peligrosas.
Ni bien tomó funciones como jefa de Seguridad Capital, la comisario mayor Zárate Belletti opinó sobre el crimen de Blas: “Uno no quiere que esto pase. Es un hecho que duele como persona, como mamá y policía. Uno va a tratar de que esto no ocurra más. Lo que uno evalúa es que no se debe volver a repetir”.
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El jueves antes del mediodía los policías Gómez (35) y Alarcón (31) fueron detenidos por orden del fiscal José Mana, acusados del delito de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego. En plena madrugada, estos mismos agentes les dijeron a sus superiores que un testigo al que no identificaron había visto cuando desde el Fiat Argo donde fue asesinado Blas Correas tiraban una bolsa y que en su interior había un revólver. Esa arma en mal estado, medio desarmada, efectivamente fue secuestrada.
Del operativo donde fue asesinado Blas, además de los cabos Gómez y Alarcón –tienen ocho años en la Policía de Córdoba-, participaron las parejas policiales de cada uno: Yamila Martínez y Wanda Esquivel, quienes, hasta ahora, no fueron imputadas por el fiscal José Mana. Los cuatro policías fueron separados de sus cargos y están en “situación pasiva”.
"Llevan armas truchas para plantarlas"
El abogado Alejandro Pérez Moreno, que representa a los padres de Blas, María Soledad Laciar y Blas Fernando Correas, señaló a El Destape que “la circunstancia de tener un arma en una bolsa, para plantarla en un procedimiento; habla de la intencionalidad homicida de estos policías, que frente a un hecho como el de Blas, no dudan en plantar un arma para justificar su vil accionar delictual”.
Pérez Moreno, un reconocido penalista cordobés, agregó que “esa intención de querer ensuciar a Blas y a los chicos, afortunadamente no prendió; habría que investigar a fondo de dónde salió esa versión”.
Mientras que Adolfo Morán de la Vega, el abogado que representa a Juan Cruz, el chico de 18 años que conducía el Fiat Argo la madrugada en que fue asesinado Blas, le dijo a El Destape que “hubo un jefe policial que imputó directamente a estos chicos que traían un revólver y lo arrojaron ellos. Ahí quiero poner énfasis, vamos a investigar estas afirmaciones, porque han mansillado el nombre de Blas y de los otros cuatro chicos, instalando esta cuestión de un arma, y a todas vistas hubo una intención de plantarles un arma a las víctimas”.
"Hubo una intención de plantarles un arma a las víctimas"
Precisamente, el policía que difundió la versión del revólver es el destituido comisario mayor Gonzalo Cumplido, hasta ayer subdirector de la Zonas Sur de la Capital.
El pase a retiro de Cumplido, su par Turri y su jefe Piva fue para encapsular el escándalo y que no suba hacia los altos mandos policiales y políticos como el jefe de la fuerza, comisario general Gustavo Vélez y el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera.
Ayer al mediodía, Mosquera y Vélez resolvieron en una reunión en el Ministerio de Seguridad pasar a disponibilidad a los jefes capitalinos. Mosquera, un funcionario sin experiencia en seguridad –su único antecedente en la materia es ser testigo en el caso del femicidio de Nora Dalmasso- sucedió como secretario de Seguridad a Diego Hak en julio de 2018 y en diciembre de 2019, asumió como ministro de Seguridad provincial.
En el programa Otra vuelta de Tuerca que se emite por Radio Universidad, el ex subsecretario de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación y ex director del Poder Judicial de Córdoba, Miguel Robles, denunció ante el periodista Dante Leguizamón que hay policías que llevan armas para plantar en los operativos como el de Blas Correas: “Hay un protocolo no dicho de la Policía que algún día hay que afrontarlo: muchos móviles policiales llevan armas truchas para plantar en las escenas del crimen. Lo que significa que el policía que lo hace, ya está previendo generar un enfrentamiento para atribuirle al muerto toda la responsabilidad”.
La mamá de Blas, María Soledad Laciar en una entrevista con el canal El Doce había advertido: “A mi hijo lo acribillaron. Solo fueron a un bar. No hicieron nada. Se asustaron y se fueron. Lo garantizo porque sé a quién crié. No voy a permitir que ensucien a mi hijo. Para mí es todo sospechoso, que en dos horas limpien toda una escena, con un muerto, es como raro. Cincuenta policías para custodiarme a mí para que no llegue a ver a mi hijo había. Yo me voy a encargar de que el nombre de mi hijo no se ensucie. Y honestamente te lo digo, si te metés con la Policía en este país, terminás muerto y yo no quiero más muertos en mi familia”.
El abogado Morán de la Vega apuntó a responsabilidades de mandos superiores de la Policía: “No creo que estos cabos realizaron los disparos de motus propio, debe haber algún jefe policial, un oficial o alguien que dio la orden. Cuando usted es subordinado, en una fuerza verticalista, no actúa de motus propio. Estos chicos, estas criaturas venían escapando de los motociclistas que le habían roto el espejo retrovisor y cuando cruzan el control policial, si hubieran sido delincuentes, no hubieran escapado hacia el centro, sino a la periferia. Por eso, llama la atención la impunidad con la que se manejaron estos policías”.
MÁS INFO
El caso de Blas es un caso calcado a la masacre de San Miguel del Monte, ocurrida en mayo de 2019, donde cinco chicos que iban en un auto fueron perseguidos y baleados desde atrás por policías de la Bonaerense. Cuatro adolescentes murieron de entre 13 y 22 años murieron al chocar contra un camión estacionado mientras eran perseguidos a balazos por la Policía. Una chica de 13 años sobrevivió y se convirtió en testigo.