La curva de Vicentin

Cuando el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de expropiar Vicentin lo que era el problema de una empresa y, en particular, de sus acreedores, dejó de ser una cuestión económica para convertirse en bandera política, en símbolo. La oposición, que venía perdida y sin reacción, encontró una tabla de salvación para reconstruir su discurso y decidió pintar un adversario de paja. El oficialismo recibió calificativos de todos los colores, se habló de la necesidad de “defender la propiedad privada”, la Sociedad Rural contribuyó a su línea historia con un nuevo comunicado de antología, se machacó a los más incautos con que el “populismo” empezaba con la expropiación de la exportadora pero que no tardaría en avanzar sobre sus departamentos de dos ambientes y, como si tanto dislate no fuese suficiente, se mentó el peligro del “comunismo”, rápidamente complementado con el de “infectadura”. El ruido de fondo, como no podía ser de otra manera, fue el de las cacerolas. Dicho mal y pronto, el poder económico y su aparato mediático intentaron reconstruir como farsa el conflicto de 2008 con el agro pampeano. No fue una sugerencia, sino afirmación taxativa: “Vicentin será la 125 de Alberto”, se escribió.

Pero esta historia conocida es incompleta. Semejante reconstrucción de los actores sociales del conflicto fundante del “kirchnmerismo duro” también tuvo efecto en la porción más aguerrida de la militancia propia, que entrevió en la expropiación el renacimiento de las viejas luchas, la del campo popular contra la oligarquía y el poder mediático. Este fue el origen de la desazón producida cuando el gobierno no se comió la curva de seguir la lógica de la confrontación. No haber pisado el palito tendido por el poder económico-mediático fue interpretado como un retroceso del "tibio Alberto".

Sin embargo, todo lo que sucedió a partir del decreto presidencial de intervención y expropiación parecía un mal guion, empezando por el fallo absurdo del juez de Reconquista. El objetivo no conseguido era, precisamente, que el gobierno suba la apuesta. Un simple juez de primera instancia, encima vinculado históricamente a la empresa concursada, no podía estar por encima de la autoridad de un decreto presidencial. Pero a pesar de lo que pintaba la oposición, Fernández actuó como el primer republicano y evitó la más mínima sospecha de interferencia sobre la división de poderes. El presidente dejó correr y también dejó jugar a las segundas líneas, como por ejemplo al solícito gobernador santafesino. Mientras tanto, el viento se llevó al autoritario de paja que intentaba construir la oposición.

La realidad es que tanto en términos políticos como económicos no existía ninguna razón que justifique el costo de subir la apuesta. En la disputa el gobierno nunca bajó su bandera principal, que dicho sea de paso es anterior a la expropiación fallida: intervenir activamente en el mercado de cereales y oleaginosas a través de una firma testigo. Apenas se conoció la intervención de Vicentin se trasparentó que la firma testigo surgiría del accionar conjunto de la intervenida más YPF Agro. Lo que el presidente le dijo a El Destape Radio este sábado es que esa empresa testigo será ahora solamente YPF Agro.

Lo que realmente significa el nuevo decreto presidencial que esta semana anuló la expropiación es que Vicentin quedó librada a su suerte, que será la de los procesos judiciales en curso y por venir, en Argentina y en el exterior. La mala noticia para los acreedores es que ya no habrá respaldo del Estado y que los pasivos de la firma triplican a los activos. Mientras tanto, la porción de los acreedores que creyó que la intervención estatal atentaba contra la propiedad privada asistirán a la evaporación de sus acreencias. Los accionistas y directivos que soñaban con juicios millonarios o suculentas compensaciones deberán conformarse con enfrentar procesos penales. También debe decirse que es altamente probable que los recursos escondidos a través de las mamuschkas offshores ya no se recuperarán. El destino de la que quede de la empresa será seguramente la tupacamarización patrimonial entre abogados y acreedores fuertes. Es probable que el Banco Nación jamás recupere todo lo que puso por orden del macrismo, dinero que por supuesto tampoco se encontrará en el patrimonio de Javier Gonzáles Fraga, el presidente de la entidad al momento de la concesión de los créditos perdidosos.
 

Superando los malentendidos vale repasar cual es el negocio de exportadoras como Vicentin. Seguramente no es producir aceite, cuyos márgenes son bajísimos y demandan una cuidada producción de alta tecnología más la competencia en mercados globales hostiles ¿qué Estado querría comprarse eso? El verdadero negocio reside en que la propiedad de los activos estratégicos para la exportación, desde el acopio hasta el control de las áreas portuarias, incluidos también los procesos de transformación como la elaboración de aceites, les permite acceder a un meganegocio financiero, manejar los ingentes recursos que les depositan los productores que les entregan la materia prima hasta el momento de su efectiva realización. Además hay aquí un know how de los mecanismos de exportación en el qué, por los volúmenes involucrados, se presenta un gran incentivo para las operaciones de elusión y, posiblemente, evasión, mecanismos en los que seguramente no incurre solo Vicentin. Nótese el detalle de que el funcionamiento de estas empresas depende de qué los productores le entreguen la materia prima. ¿Le seguirían entregando sus producciones a una firma expropiada y en virtual conflicto político con el sector?

El caso de YPF Agro es distinto. La “entrega” de materia prima se produce a cambio de combustibles, fertilizantes y agroquímicos. Luego, la empresa comercializa a través de otras exportadoras. La idea que dejó trascender Fernández ayer es la voluntad de potenciar el desarrollo de esta empresa, que ya tiene marca y reconocimiento, para que comercialice de manera directa y funcione como testigo, es decir para que cumpla el plan inicial que se propuso el Estado parta el sector.