Telecomunicaciones, de formas y fondos

El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Alberto Fernández puede ser analizado desde distintas aristas: políticas, técnico/regulatorias, tecnológicas, sociales y, también, culturales.

Una primera lectura arroja que el gobierno decide reponer el camino de conceptualización de los servicios de telecomunicaciones y conectividad que tuvo el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner entre 2009 y 2015. La definición de la telefonía móvil como servicio público y de la prestación de televisión de pago y de internet fija y móvil como servicios esenciales en competencia implica un paso hacia adelante en el otorgamiento de mayor poder de intervención estatal para la definición de las condiciones de acceso a ese servicio. En síntesis rápida, estos servicios se regirán –como lo hizo la telefonía fija hasta ahora- bajo principios de universalidad, continuidad y uniformidad. O por lo menos la telefonía fija. Para los cableoperadores las noticias no son tan malas ya que el gobierno podría haber repuesto la regulación post-2015 que los sujetaba a los límites de concentración de la Ley Audiovisual. Respiran.

La pandemia consolidó la relevancia social de los servicios de conectividad y telefonía móvil para el acceso a educación, entretenimiento e información. Las desigualdades en el acceso y las condiciones de conectividad también se expusieron mucho más. De hecho, el intento del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de exponer a los estudiantes sin conectividad a volver a las aulas es una muestra de eso. Y la actitud de los operadores de sostener aumentos en las tarifas parece la chispa que alcanzó para encender el camino de esta declaración de principios de Alberto Fernández. Las falencias del mercado para cubrir distintas zonas del país y las sucesivas quejas de usuarios ante organismos como Defensa del Consumir son otros argumentos que pueden justificar esta decisión.

En el análisis técnico-regulatorio el cambio no resulta tan profundo más que en los principios. La principal modificación reside en la facultad directa que se le otorga al gobierno para definir tarifas (y no precios) en estos servicios. Sin embargo, el decreto cuenta con muchas definiciones pendientes que relega en la autoridad de aplicación: el Ente Nacional de Comunicaciones. Y aquí puede haber un juego de intereses mucho más fino y opaco. Las empresas prestadoras de servicio tienen mayor poder de injerencia, diálogo y lobby a medida que se desciende en la escala de mando. La presencia del massista Ambrosini como presidente del organismo –con experiencia en regular y tomar decisiones a favor de las principales empresas del sector durante su mandato como director por el Frente Renovador durante el macrismo- vuelven mucho más incierta las decisiones que tome el organismo. Como dato extra: esta semana ingresó en el directorio del ENACOM la ex presidenta del ente macrista, Silvana Giudici.

Por otro lado, y dentro del análisis político, este movimiento demuestra que algunos estábamos equivocados en nuestra lectura sobre el lugar de las políticas de comunicación en el plan de gobierno de Alberto Fernández. Esta decisión pone sobre la mesa de debate y discusión no solo las condiciones de acceso y prestación de los servicios de cable, telefonía e internet sino también la renta de las empresas del sistema. Y en ese rubro sin duda el Grupo Clarín, el único actor presente en todas las áreas involucradas (telefonía móvil, fija, internet móvil, fija y televisión de pago), será un férreo opositor y quizás se deje ver un endurecimiento (aún mayor) de su línea editorial. Claro, de Carlos Slim (uno de los principales impulsores de la fabricación de la vacuna contra el COVID-19 en el país), Telefónica y un enorme conjunto de cooperativas muy fuertes políticamente en provincias como La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Mendoza conforman la otra parte del mapa que también está a la expectativa de mayores definiciones. Aunque los primeros trascendidos dejan ver que no se los consultó y no parecen, por lo menos los españoles y mexicanos, muy satisfechos.

Cierto es también que este tipo de definiciones y cambios de paradigmas regulatorios sobre estos servicios que, definitivamente, son esenciales, estratégicos y se consagran como derechos humanos debe darse con el mayor consenso posible y una articulación con el sector privado que mejore las condiciones de seguridad jurídica (bastardeadísimas). Resumen: este debate debe y debiera darse en el Congreso.

Como una paradoja, y a modo de cierre, en la Cámara de Senadores empieza a juntar polvo un proyecto de ley de la Senadora por la Provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Gladys González, que “declara como derecho humano el servicio público a la telefonía móvil e internet” (información de Iván Schargrodsky). Las figuras políticas del partido opositor agitaron fantasmas de estatización y empobrecimiento en la calidad de los servicios. Debieran revisar, entre otras cosas, las discusiones parlamentarias de los propios y el modelo que dirige un referente político extranjero: el modelo uruguayo de ANTEL. O Estados Unidos. En fin, las discusiones en torno a las condiciones de provisión y de acceso democrático a los servicios de telecomunicaciones son complejas y no pueden ser trasladadas de un escenario a otro sin aclaraciones. Alberto Fernández dio un paso hacia una mayor injerencia estatal en la protección del derecho de los ciudadanos (y ya no consumidores) y la generación de la renta del sistema.