La noticia del acuerdo por la deuda con los tenedores de bonos al cual se llegó luego de una larga gestión dirigida por el ministro Guzmán genera la sensación de que para este gobierno es más fácil negociar con bonistas impiadosos que con la oposición y sus estrategias disruptivas; es por ello que el anuncio del envío al congreso del proyecto de reforma de la justicia realizado días atrás por el Presidente de la Nación que tuvo como grandes ausentes al arco opositor y los miembros del máximo tribunal ( a excepción de Elena Higthon de Nolasco), pone en evidencia el tortuoso camino que tendrá por delante el oficialismo para lograr que se pase de una simple intención a un cambio estructural y tangible del sistema de justicia y no caiga en saco roto como el caso Vicentin o el postergado impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
Al momento de tratar de comprender los pasos en falso previos y esperar un cambio de rumbo respecto a la toma de decisiones a partir del anuncio, no se puede dejar de analizar el accionar del Gobierno Nacional, la percepción de sus medidas y el rol de la oposición en voz de la opinión de la ciudadanía, actor fundamental para la planificación de cualquier política pública. En este aspecto, desde Clivajes durante estos meses de pandemia se viene realizando un seguimiento minucioso de estas cuestiones y, en base a esto, se intentará dar luz al porqué de las marchas y contramarchas en la toma de decisiones por parte de Alberto Fernández y su entorno.
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Si bien es cierto que desde el mes de junio se aprecia un descenso en los índices de positividad de imagen de Alberto Fernández; su aprobación es más que aceptable para un mandatario en ejercicio y en julio tuvo un valor consolidado (suma de imagen buena y muy buena) superior al 65 % aunque con un descenso de 8 puntos respecto del mes anterior y muy lejos ya del pico del 85 % del mes de abril.
Si a esto le sumamos además la alta aprobación con la que cuenta la gestión del Gobierno Nacional durante la pandemia (según nuestro último estudio con valores consolidados cercanos al 68%), resulta comprensible la decisión de tomar iniciativas trascendentes como el intento por expropiar Vicentin, aplicar una lógica distributiva en pos de la justicia social mediante un impuesto extraordinario a las grandes fortunas (algo que afecta a menos del 10 % de la población) o elaborar un proyecto de ley que proponga una modificación estructural del sistema judicial argentino. Ahora, lo que no se comprende del todo, es como ante las presiones de sectores minoritarios se decida dar marcha atrás (como sucedió con el DNU que anuló el DNU de la intervención de la cerealera) o se postergue para algún momento tales medidas y en función de esto, se abra un interrogante en cuanto al futuro de la propuesta de reformar la justicia.
Vicentin y las grandes fortunas se adueñaron de la grieta
A modo de cronología primero comencemos con la propuesta de gravar de manera extraordinaria a las grandes fortunas, la cual puede entenderse como verdadero mecanismo para aplicar una lógica redistributiva que de algún modo proporcione un paliativo a los sectores medios y bajos que sufren severamente las consecuencias económicas de la pandemia. La idea fue acompañada por la recordada frase del presidente “les tocó la hora de ganar menos” dirigida a los sectores empresarios que concentran gran parte de la riqueza del país y tuvo amplia aceptación en la ciudadanía dado que en el sondeo del mes de mayo, manifestó en más de un 75% estar de acuerdo con la medida; del otro lado quedaron aquellos sectores identificados con las prácticas económicas libertarias o quienes representan los intereses de la concentración económica. Lo que pasó después se desconoce ya que al mes de julio el proyecto aún no había ingresado al congreso, incluso cuando la medida continúa cosechando altos índices de aceptación ciudadana y en los datos de nuestro último trabajo los valores se muestran similares al mes de mayo.
(Datos del sondeo correspondientes al mes de mayo, realizado en el AMBA sobre un universo de 1.142 casos).
Con Vicentin la situación fue algo diferente aunque con un desenlace similar; mediante un DNU el Gobierno Nacional intervino la empresa a expensas de enviar un proyecto que incluya un salvataje que permita la participación activa del Estado en la cerealera mediante YPF Agro. Rápidamente, desde el establishment agropecuario salieron en una cruzada qué llevó la discusión sobre el futuro de la empresa al juego discursivo capitalismo / comunismo propio de la década del 60 o al fantasma Venezuela; con ello despertaron a la grieta que hasta el momento parecía erosionada por el accionar de un gobierno que buscó el camino del diálogo para hacer frente a un país sumido en graves problemas económicos, pero que además recibe una pandemia como tiro de gracia.
El resultado de esto fue que la ciudadanía se dividió prácticamente al medio respecto de la posición a favor o en contra de intervención; probablemente la mala comunicación oficial, uno de los talones de Aquiles de la gestión Fernández también contribuyó y el combo, generó que los resultados en la sociedad no sean del todo los esperados, algo que se vio reflejado en nuestro trabajo del mes de junio donde arrojó un ajustado 41,5 a 38, 5 en favor de la intervención con casi un 20% de indecisos. En efecto, lo que se reavivó con el caso Vicentin fueron las voces y gritos de un sector de la población que mantiene una férrea postura antiperonista y que se siente representado por una oposición que parece tener una misión disruptiva y poco constructiva, tanto en el parlamento como en las declaraciones de las redes o en las apariciones mediáticas, fomentando manifestaciones y aprovechando esto para inundar medios y calles con consignas que pregonan romper el aislamiento con el riesgo de exponer a sus seguidores a un contagio masivo en el momento de mayor expansión de la pandemia en nuestro país. El corolario de la historia fue reciente, cuando días atrás se conociera la noticia del DNU que anula la intervención de la cerealera y pone un manto de interrogantes acerca de su futuro; en plan Perotti ya es anécdota.
(Fuente, sondeo del mes de junio en base a una muestra de 1.260 casos).
Tanto este caso como la postergación del impuesto a las grandes fortunas abren un interrogante sobre el futuro que le queda al proyecto de reformar la justicia ya que no tendrá acompañamiento de la oposición que anunció su negativa a debatirlo dado que, a su entender aunque sin haberlo leído, es una estrategia para garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández y su entorno. ¿Qué sucederá cuando entre al congreso?, no se puede predecir aún; pero en tal sentido, si hay que basarse en las percepciones de la ciudadanía, estas no parecen condecir con lo que exponen los referentes del ala más dura de Juntos por el Cambio quienes se esfuerzan por mostrar al Poder Judicial como un poder prístino e incorruptible que ve amenazada su transparencia. Por lo menos es lo que se pudo observar en diferentes investigaciones de opinión pública que realizamos desde Clivajes.
En relación a ello, durante el mes de marzo cuando aún el Covid-19 no era una preocupación en nuestras costas, al preguntarle a los encuestados respecto de la credibilidad en los poderes del Estado, resultó ser el Judicial el menos creíble de ellos según la percepción de casi el 53 % de los encuestados. Más tarde, al surgir el escándalo por las liberaciones de detenidos a causa de la propagación de contagios de Coronavirus en las cárceles, desde la oposición se trató de señalar al oficialismo como principal responsable de la medida, aunque que esto dependa estrictamente de la decisión de los jueces. Esta estrategia no prosperó más allá de su núcleo duro de votantes ya que en nuestro estudio de mayo, el público en su mayoría responsabilizó al Poder Judicial por la medida (casi un 65% de los encuestados señaló a este como principal responsable) aunque sí, un promedio del 30% de los encuestados identificó a esta como una decisión que provino del seno del oficialismo (16,6% responsabilizó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 8% a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández y poco más de un 6% identificó al presidente Alberto Fernández como principal responsable de la decisión).
(Informe del mes de marzo realizado sobre un universo de 1.127 casos) (Informe realizado durante el mes de mayo sobre un universo de 1.142 casos)
Los hechos muestran que en estos 8 meses de gestión la administración Fernández se inclinó por apelar al diálogo y evitar la confrontación de sectores para no desencantar ni a ricos ni a pobres y esto lo vemos claramente en la marcha atrás con el tema Vicentin. Lo que se tiene ahora, no es un proyecto más, es una medida de fondo y es responsabilidad del gobierno mantenerse firme en su decisión como signo de fortaleza, abrir el juego a un debate integral y comunicar de manera acertada los fines y propósitos de la reforma para no caer en la trampa de la tergiversación; ser dialoguista no es antónimo de firmeza y no todo se debe entender en la lógica binaria smithiana del amigo-enemigo.
Por lo tanto, es necesario que desde el Gobierno Nacional se entienda que es imposible tomar decisiones que las acompañen todos los sectores; pero es fundamental que las mismas se tomen de acuerdo a las necesidades de la mayoría y en pos de generar estructuras de distribución que aseguren la igualdad de oportunidades como valor primordial del sistema democrático.
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