En Argentina, uno de cada tres hogares tiene problemas habitacionales. Según estimaciones oficiales, el déficit es de 3,5 millones de viviendas. Cerca de la mitad (1,5 millones) corresponde a viviendas que deberían construirse para cubrir la necesidad básica de un techo. El resto involucra a casas ya construidas con problemas de calidad, falta de servicios básicos o hacinamiento. En resumen: aproximadamente un tercio de los argentinos no obtiene su derecho constitucional a una vivienda digna.
La carencia de viviendas -como la desigualdad y la pobreza estructural- no es obra del destino. Un pormenorizado informe elaborado por los urbanistas Guadalupe Granero Realini, María Pía Barreda y Fernando Bercóvich para la organización CIPPEC determinó que la tendencia al aumento del déficit habitacional se mantiene desde 2001, aunque se profundizó por las políticas activas de vaciamiento y repliegue estatal perpetradas durante el régimen macrista.
“Entre 2017 y 2018, los fondos disponibles para los institutos provinciales de vivienda se redujeron un 24% -consigna el informe-. Esta situación supone un verdadero desafío, puesto que los organismos subnacionales dependen fuertemente de los recursos que el Estado nacional les transfiere. De hecho, en la mayoría de los casos, dichos fondos representan más del 50% de sus ingresos. Este dato cobra aún más relevancia cuando se considera que se necesitan alrededor de 400.00 millones de pesos para revertir los déficits de sólo seis provincias del país” detalla el informe, publicado en mayo de 2018. El derrumbe final de la economía macrista y la pandemia alteraron las cifras, pero no la tendencia, que evolucionó para peor: el incremento de 10 puntos porcentuales en la pobreza anticipa una explosión de problemas habitacionales.
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La situación es especialmente dramática en los conglomerados urbanos, donde manda la especulación inmobiliaria y la gentrificación. Por el momento, los deshaucios están contenidos por el decreto que suspende los desalojos hasta fin de este mes. El 30 de septiembre está marcado en rojo tanto para los inquilinos, que temen una ola de desalojos exprés por contratos vencidos, atraso o falta de pago, y para el gobierno, que se debate entre prolongar la suspensión o disponer un sistema de créditos blandos para que los inquilinos cubran deudas.
La decisión viene con costos. Si elige la primera opción deberá lidiar con el reproche del lobby inmobiliario, que involucra a dos de los principales medios del sistema -Clarín y La Nación-, propietarios de los portales ArgenProp y ZonaProp, respectivamente. Por el contrario, la opción del crédito dejaría un tendal de personas vulnerables -o en vías de serlo-, que están excluidos del sistema financiero por sobregiro en sus créditos o informalidad en sus ingresos. Las Asociaciones de Inquilinos calculan que uno de cada tres hogares se encuentran en esa situación.
El universo de inquilinos involucra a unas diez millones de personas, concentradas en centros urbanos de alta densidad poblacional. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, por caso, un 35% de los hogares vive bajo algún régimen de alquiler (desde viviendas a habitaciones con servicios compartidos). El porcentaje abarca a más de un millón de personas, según estadísticas oficiales del Gobierno porteño.
El crecimiento del déficit habitacional en el distrito más rico de la Argentina se potenció con el macrismo en el poder. En la última década la población que vive en inmuebles alquilados en la CABA creció un 30 por ciento, mientras que la población en villas se incrementó un 85 por ciento, según un informe de la ONG Proyectar Ciudad.
Como en un macabro juego de espejos, los problemas habitacionales de los porteños se incrementaron en paralelo a la enajenación y entrega de predios al negocio inmobiliario. Un relevamiento realizado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) detectó que en los doce años de gestión del Pro, entre ventas, concesiones y permisos se privatizaron 473 hectáreas de tierras, el equivalente a 236 Plazas de Mayo.
Más de la mitad de estas privatizaciones se dieron durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, quien en cuatro años vendió más tierras que Mauricio Macri en sus ocho años como jefe de gobierno. Los principales beneficiarios, claro, son mecenas habituales de las campañas macristas: Eduardo Elzstain (IRSA y Banco Hipotecario), Eduardo Costantini (Consultatio), Sancor Seguros, Inversa y el grupo Werthein (Landmark).
Curioso: los zares del negocio inmobiliario porteño tuvieron y/o cursan escándalos por ocupación y explotación irregular de inmuebles en distintos puntos de la Argentina. Pero no se los suele tratar de delincuentes en los medios del sistema, como sí ocurre con los desamparados que toman lotes en situación de extrema vulnerabilidad. La doble vara es una herramienta fundamental en la construcción de sentido.
La ocupación de espacios públicos o privados con fines de supervivencia tiene múltiples dimensiones. En el plano legal, donde fijó su agenda la oposición, es un delito, en ocasiones perpetrado por organizaciones criminales que usan a personas vulnerables como carne de cañón.
En el plano político, es un síntoma de tensión social que corre los límites de la aplicación de la ley, erosionando la autoridad institucional, lo que resulta particularmente grave en el marco de una creciente crisis socioeconómica. De ahí la preocupación que expresan los intendentes del conurbano, a menudo receptores de los excluidos del sistema.
En el plano humanitario, por último, las tomas expresan el drama de las personas sin hogar. "Son campos de refugiados para desplazados económicos" resumió un intendente que se reunió esta semana con el gobernador Axel Kicillof.
Poner el foco solo en una de esas dimensiones -la legal- pretende imponer que la salida punitiva es la única solución posible para el conflicto social. Como ocurrió en el pasado, es la agenda segurista con la que la oposición de derecha (política, económica y mediática) busca alfombrar su camino electoral.
La coalición oficialista dispuso que figuras de alta exposición mediática como Sergio Massa y Sergio Berni salgan a disputar esa agenda y se congracien con los votantes que asocian mano dura con seguridad. Pero esa estrategia tiene un riesgo: el empoderamiento de las fuerzas policiales.
El significativo crecimiento de los hechos de violencia institucional, entre los que podría estar el caso de Facundo Castro, es consecuencia de ese empoderamiento, no un daño colateral. Y el Estado fue, es y será responsable de eso. En política no hay decisiones gratis.
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