Tres judiciales al hilo para Macri (¿y Milei?)

En un solo día Mauricio Macri consiguió tres fallos judiciales a medida. Uno para suspender las elecciones de este domingo en Boca; otro para revocar el sobreseimiento de CFK en la causa "La Ruta del Dinero que no era K"; el tercer para confirmar su propio sobreseimiento por el espionaje comprobado a los familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan.

Toda la maniobra confirma que Macri cuenta con una retaguardia judicial afianzada, alineada, que responde y acciona. Los nombres de los jueces y sus vínculos con Macri explican mucho. Todos los jueces que fallaron a su favor le responden. Y dejan una incógnita: ¿qué influencia tendrá Javier Milei y su anunciado ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en la agenda de los tribunales? Por ahora parece que es un tema que Macri se reservó para sí mismo.

El nexo entre Macri y los jueces que hicieron todas estas maniobras es total.

El caso paradigmático es el de Mariano Borinsky, que se reunió al menos 16 veces con Macri en la quinta de Olivos mientras resolvía casos clave del lawfare. La cronología es clara: Macri espiaba a los familiares del ARA San Juan (entre otras tropelías) mientras se reunía con Borinsky en la quinta de Olivos. Ahora Borinsky confirmó el sobreseimiento de Macri. Lo hizo junto a Guillermo Yacobucci, designado por Macri.

Caso similar el de Mariano Llorens. Designado por Macri, también lo visitó el Olivos mientras era presidente, tal como reveló El Destape. Es el encargado de cerrar todas las causas contra Macri en la Cámara Federal y de reabrir las que son contra CFK. En el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan Llorens votó por sobreseer a Macri; ahora votó por revocar el sobreseimiento de CFK en "La Ruta del Dinero que no era K".

Llorens sacó ambos fallos junto a Pablo Bertuzzi. Se trata de uno de los jueces que condenó a Amado Boudou en el caso Ciccone gracias al testimonio clave de Alejandro Vandenbroele, amañado con el pago de un hotel boutique por parte de la gestión Macri. El premio por esa condena fue el cargo que hoy tiene: Macri lo puso a dedo en la Cámara Federal. La Corte Suprema lo mantuvo allí hasta que concluyera el concurso para el cargo. Bertuzzi se presentó y le fue pésimo. Pero sigue en ese despacho y resuelve. Al igual que Llorens, el juez Bertuzzi sobreseyó a Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan y revocó el sobreseimiento de CFK en "La Ruta del Dinero que no era K".

En el caso de la suspensión de las elecciones en Boca la jueza es Alejandra Débora Abrevaya. Es una jueza porteña, tierra donde manda el operador judicial Daniel "Tano" Angelici. Fue por una denuncia de Andrés Ibarra, empleado de Macri en el holding familiar, luego ministro de Modernización en su presidencia y ahora frontman del proceso de reapropiación de Boca. La denuncia alegaba que Juan Román Riquelme infló los padrones electorales. La jueza suspendió los comicios boquenses hasta que logre indagar si efectivamente se agrandaron los socios. Le pareció extraño que hubiera nuevas inscripciones de socios los "sábados y domingos" del 2021 y da fechas exactas: 26/8, 9/9, 16/9, 25/11, 17/9 y 7/10. Usuarios de Twitter fueron más serios: consignaron que esas fechas eran jueves y viernes. Era tan complejo como mirar el calendario.

El caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan es notable. Las tareas de inteligencia sobre familias de los marinos están comprobadas. Nadie las pone en duda, ni siquiera los jueces que sobreseyeron a Macri en todas las instancias. Es peor: tanto la Cámara Federal como ahora la Cámara de Casación justifican el espionaje en democracia.

En la Cámara Federal los camaristas Llorens (que se juntó con Macri en Olivos), Leopoldo Bruglia (puesto a dedo por Macri) y Bertuzzi (también puesto a dedo por Macri) no dijeron que el espionaje no existió, sino que lo justificaron y legitimaron como parte de las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron. Según ellos, familiares que querían acercarle una carta a Macri mientras estaba adentro de una base militar ponían en riesgo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior.

Ahora en la Cámara de Casación todo eso fue ratificado por Guillermo Yacobucci (designado por Macri) y por Mariano Borinsky, que se reunía con Macri en Olivos mientras los familiares del ARA San Juan eran investigados. Borinsky, en su voto, dice: "no se desprende de la causa que la información cuestionada hubiera sido obtenida fuera de espacios públicos o de perfiles de redes sociales de acceso abierto, o de información que no se encontrara al alcance de la población en general". Ni se gastan en leer la ley de Inteligencia, que en su artículo 4 dice que se prohíbe "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

Yacobucci fue más allá. Luego de justificar el espionaje para supuestamente proteger al presidente escribió que "en esa labor, es esperable que surja la necesidad de limitar derechos, pero, como ya dijera, esto debe realizarse dentro de una perspectiva de proporcionalidad, necesidad y eficacia donde el valor e importancia del fin perseguido muestre razonable la restricción". Limitar derechos. Y no quedó ahí.

"Por ello -siguió Yacobucci-, ya sea frente a manifestaciones de apoyo, adhesión, algarabía o festejo, como de crítica o repudio, reclamos justificados y protestas sociales -derivados del derecho a la libertad de expresión y de manifestarse o peticionar a las autoridades-, esas actividades deben someterse a obvios controles de seguridad que emanan del citado principio -idoneidad, indispensabilidad y proporcionalidad stricto sensu- y los estándares ya citados, que rigen en todo ámbito de actuación estatal". Macri y Milei ya tienen un juez que legitima espiar la movilización social.

La jueza Ángela Ledesma fue la excepción en la Cámara de Casación. Afirmó que "se observa que las tareas de inteligencia realizadas por fuera del marco legal carecen de los atributos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en la medida en que fueron dirigidas a evitar reclamos y protestas constitucionalmente garantizados. Además, las acciones no fueron vinculadas objetivamente con riesgos a la seguridad interior o la defensa nacional". Agregó que "Por otra parte, se observa que las acciones de espionaje importaron una situación de revictimización y de estigmatización para los familiares de las víctimas. No sólo se vieron en la situación de reclamar para saber qué había sucedido con sus seres queridos sino que luego fueron perseguidos, espiados y tratados como 'peligrosos'”. Integra el pequeño reducto de jueces díscolos con Alejo Ramos Padilla y Martin Bava, únicos que se atrevieron a investigar a Macri.

El caso de "La Ruta del Dinero que no era K" ya hizo agua por todos lados. El expediente ahora le volverá al juez Sebastián Casanello, catalogado de tortuga por el animador mediático Jorge Lanata, inventor del nombre de esta causa. La acusación de que iba lento era porque Casanello no llamaba a indagatoria a CFK. ¿El motivo? No hay ningún elemento en el expediente que lo amerite.

Pero en este caso hay una conexión Milei. Uno de los hijos de Lázaro Báez contrató como abogado a Santiago Viola. Entre Viola y la AFI macrista armaron una operación que inventó que Casanello se reunió con CFK en la quinta de Olivos. Nunca pasó. Pero con eso sembraron la duda de que era por eso que el juez no avanzaba sobre la ex presidenta. Viola es ahora el apoderado de La Libertad Avanza.

Una jueza que ni siquiera mira el calendario, otros jueces que se reúnen con una de las partes y luego resuelven, magistrados que justifican el espionaje ilegal en democracia, operadores de inteligencia que le llevan los papeles al nuevo presidente. Y ni siquiera asumió el nuevo gobierno.