Asistimos a una muerte anunciada: los ansiosos sepultureros se juntaron en Tucumán

La sufriente agonía de la Democracia y la República transcurre al ritmo de la desintegración de la Argentina como Nación soberana. La pregunta inmediata que surge es: ¿en Política se puede volver de cualquier parte?

Una paradoja más en la zaga libertaria

En la fecha que evocamos nuestra Independencia como país soberano, precisamente el 9 de julio, se invocaron a las “fuerzas del cielo” para pregonar un nuevo y perverso estatuto legal del coloniaje.

En la misma ciudad en que Mauricio Macri como presidente, al cumplirse 200 años de la Declaración de la Independencia, le planteaba al abdicado ex rey de España la “angustia” que habría embargado a aquellos patriotas el romper los lazos con la Metrópoli y dejar de ser colonia, en este nuevo aniversario el actual mandatario se entusiasmaba con retomar la ruta de la dependencia con un manifiesto plagado de falaces supuestas “verdades” y “reglas económicas absolutas e inalterables”, que no resisten el menor análisis.

Con un montaje que emulaba tertulias patricias, que concitara una disciplinada asistencia de invitados que vestían “de negro” como le exigiera la hermana del Presidente que, curiosamente, lucía un traje rojo, los domesticados gobernadores presentes despojados de todo vestigio de federalismo, rendían pleitesía a un unitarismo explícito y brutal encarnado por un exultante Milei que, sin disimulo alguno, les hacia notar la degradante situación en que los había colocado.

En la juntada abundaron las y los conversos seriales seguidores del viento de cola que pueda elevarlos circunstancialmente persiguiendo sus intereses personales, con una impudicia que supera la imaginación más frondosa.

Pareciera que la “antipolítica” que dijo venir a desterrar viejas prácticas de lo peor de la política, en realidad, se asienta y promueve similares comportamientos que son corruptelas y corrupciones en estricto sentido. Conductas que, a no equivocarse, se verifican en todo espacio en el cual se dirimen relaciones de poder, de ambiciones y de conflictos, particularmente en y desde los ámbitos corporativos entre los que se destacan los económicos y empresariales que quedan en franca evidencia cuando hacen desembarcar a sus representantes en el aparato estatal.

Los pactos que se imponen son reglas autoritarias

La refundación de una Nación puede dar comienzo en un “pacto” en el cual confluyan representaciones amplias de los diversos sectores que conforman el país, pero si efectivamente es eso lo que se propone debe desembocar en una reforma institucional de la Constitución Nacional, siguiendo las regulaciones vigentes a tal fin.

Nada de eso se advierte en el también paradójico “Pacto de Mayo”, firmado en julio y en una madrugada gélida en la que, si algo faltó, para congelar aún más la imagen de entrega desvergonzada, fue el entusiasmo patriótico de los que fueron arrastrados o llegaron de ese modo a tan curioso acto de sumisión.

El diálogo político, cuando -se dice- deviene del reclamo frente a una emergencia nacional y se postula como imprescindible para repensar, rediseñar y redefinir las relaciones sociales en todos los ámbitos hacia un nuevo “modelo” de país, exige cuanto menos que esté en el origen de lo que luego resulten las líneas básicas consensuadas que se plasmarán en un acuerdo o pacto.

Todo convenio que se precie de tal, cualquiera sea el objeto del mismo, importa un acuerdo de voluntades en torno a premisas, pautas y directivas que han surgido fruto de las discusiones previas que permitan arribar a consensos.

No es el caso que nos ocupa, porque el presidente Milei al abrir el año parlamentario el 1° de marzo, hablando de espaldas al Congreso de la Nación y fuera del recinto en donde se encontraban los legisladores de ambas Cámaras, anunció el “Pacto de Mayo” al que convocaba para el día 25 de ese mes en la ciudad de Córdoba para suscribir un “decálogo de principios rectores” y, cuya firma, estaba condicionada a la previa sanción de una mega ley -que más tarde se sabría contenía más de 600 artículos e implicaba una reforma sustancial de regímenes legales de lo más diversos-, que lejos estaba de parecerse a la construcción de consensos que llevaran a acuerdos con pretensiones refundacionales.

El fracaso de ese mega proyecto legislativo que venía precedido de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU N°70/2023) ostensiblemente inconstitucional, no sólo frustró el “Pacto de Mayo” en mayo, sino que también obligó a resignar la “ley ómnibus” por otra más modesta -aunque de análoga sustancia neocolonial- “mini ómnibus” conteniendo más de 300 artículos que, difícilmente, pueda creerse que fue siquiera objeto de una lectura completa y menos todavía de un análisis serio por diputados y senadores que, presiones y prebendas mediante, sancionaron la ley haciendo caso omiso a los agravios y destratos antirrepublicanos que le propinó el Gobierno central.

En el barrio dirían “billetera mata galán”, en política replicarían, por un lado, que hay que ser pragmáticos, y por otro, que el pragmatismo no equivale a genuflexión, defección ni traición al mandato electoral y, menos aún, a los intereses superiores de la Patria.

En definitiva, “la libertad” y la “nueva política” te las deben, “el diálogo” se reduce a una interlocución autoritaria entre la orden impartida y el “sí señor” como única respuesta permitida, el “terminar con la casta” no pasa de un eslogan tan vacuo como ambiguo que sólo encubre un aparente cambio para que nada cambie, puro y simple gatopardismo.

¿Cuáles son los “10 mandamientos” del soberano libertario?

En un discurso plagado de lugares comunes, mal leído -por quien denuncia graves falencias en la instrucción escolar básica de la población-, con recurrentes citas que constituyen un falseamiento deliberado -o ignorante- de la historia nacional e internacional, el presidente Milei anunció el comienzo de una nueva era para la Argentina a partir de la firma espuria de un Pacto refundacional.

Necesario es señalar al respecto que, en cuanto, a representaciones sectoriales fueron más las ausentes que las presentes en esa parodia que tuvo de telón de fondo la Casa de Tucumán; que las ideas que animan al Partido libertario, en el mejor de los casos, sólo fueron respaldadas por un 30% del electorado conforme los resultados de la primera vuelta en los comicios de octubre de 2023; y que, si bien triunfante en la segunda vuelta, la oposición sumó casi un 45%.

En ese contexto cualquier pretensión en el sentido propuesto exige un debate franco y amplio desde los “puntos de partida”, como en cuanto a las “bases” que conformen las reformas estructurales, orgánicas e institucionales a las que se aspire, presupuestos claramente reñidos con el autoritarismo presidencial.

Si bien en una apretada síntesis, en los límites esta nota se hará un repaso de los 10 Puntos del Pacto de Mayo suscripto el 9 de julio de 2024 con citas textuales del discurso del Presidente de la Nación.

En sus palabras iniciales hizo referencia a la concreción en 1853 de la organización nacional, con la sanción de una Constitución, afirmando que: “… nos dio medio siglo de crecimiento y desarrollo económico, y como consecuencia de ese desarrollo económico, nos trajo avances en todas las esferas de la actividad humana”; y que ello lo atribuía a un logro de “nuestros padres fundadores” , expresión ésta por completo ajena a nuestro acervo cultural y adoptada sin rubor del lenguaje político norteamericano. Aunque lo más destacable es la falaz descripción de ese país ideal que añora, un país que excluía de todo progreso y beneficio a más del 80% de la población, al servicio de los intereses británicos y aprovechado por una pequeña elite local que renegaba de su ser nacional.

Interesa sin embargo advertir el lapso que rescata en su relato, 50 años, porque se corresponde con un período sin libertades civiles y políticas para las mayorías a las que se le negaba toda efectiva participación, a la par que se las reprimía ante sus reclamos sociales y laborales; omitiéndose, a su vez, las sucesivas crisis terminales verificadas en esas décadas que depararon estallidos, inestabilidades y empobrecimiento creciente del pueblo.

Seguidamente, decía: “No miramos para atrás, no mantenemos rencores. Creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevar esas ideas a la realidad. No impugnar al adversario por cuestiones personales, perseguirlo por pensar distinto, ni vivir en una Inquisición permanente". Dando muestras de una hipocresía lindante con el cinismo a la luz de lo que viene ocurriendo desde la asunción del Gobierno en diciembre pasado, como de las violencias verbales e institucionales que se registran ante cualquier disenso -incluso en las propias filas oficialistas- y, con mayor virulencia, frente a las manifestaciones populares callejeras.

Pero fue el propio Milei quien se ocupó de desmentir su aducido espíritu democrático pluralista, pues continuó su discurso expresando: “No obstante, hay muchos dirigentes políticos sociales y sindicales que no están aquí hoy entre los presentes para esta acta fundamental. En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino, en otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y lamentablemente, en muchos casos, por obstinación en no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba. No es casualidad que entre estos últimos se encuentren quienes han intentado e intentan cotidianamente boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase.”

Ahora yendo a los “puntos” del Pacto, ubica como Primero “la inviolabilidad de la propiedad” privada, garantizada en nuestra Constitución desde 1853 y cuya evolución conceptual en consonancia con otros derechos fundamentales propone abandonar Milei al erigirla en “la primera y más básica institución de nuestra sociedad”, circunscribiéndola al plano individual con prescindencia de todo compromiso social y de las desigualdades existentes en una sociedad como la nuestra.

Segundo: “equilibrio fiscal innegociable”, al que le asigna responder a “leyes básicas inalterables de la economía, es matemática inobjetable. Cuando obedecimos a estos principios como Nación nos fue tan bien en tan poco tiempo que pronto fuimos la envidia del mundo entero”. Una frase producto de un dogmatismo insostenible, que además carece de todo apego a la realidad y concluye en una fantasía a la que suele recurrir sin proporcionar dato duro alguno que le brinde sustento.

Tercero: “gasto público en torno a 25 puntos del PBI”, una meta que implica “comprometemos con a bajar el gasto público a los niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno (considerando que) el gasto público desmedido es el centro de todos nuestros males”, y que “con un gasto consolidado de 25 puntos se pueden cumplir las únicas funciones que tiene que cumplir el Estado: hacer cumplir la ley y el respeto de la propiedad privada; reprimir y castigar el delito en todas sus formas, asegurar la integridad del territorio nacional con Fuerzas Armadas respetadas y equipadas; asegurar el acceso a la educación y a la salud de los argentinos”.

Por cierto, que responsabiliza del “44% del gasto del Estado de nuestro país a las provincias y los municipios”, reprochándoles que por “cada empleado del Estado Nacional hay cinco empleados provinciales (y que para) llegar a un peso del Estado razonable de 25 puntos del PBI requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte”; lo que se traduce en una ostensible instrucción de despidos masivos, con el consiguiente abandono de funciones de gobierno que no sean las concebidas por el centralismo porteño y con total prescindencia del impacto social que ello depare.

A este respecto también se omite toda precisión ni contextualización en orden a la meta enunciada, haciéndose absoluta abstracción de las nuevas exigencias que han ido configurándose en un Estado Social de Derecho. Pero, además, tampoco se corresponde con las magnitudes del gasto público que se verifican en los países desarrollados. En EEUU, por ejemplo, tan elogiado por el Presidente Milei, en la serie 1980/2023 el gasto público ha estado siempre por encima del 33%, alcanzando más del 37% (1991/1992), del 41% (2009), del 45% (2020) y del 42% (2021).

Cuarto: “educación”, respecto a la cual dice que se asume “el compromiso con una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”, sin mención alguna a la garantía de sostener una educación pública, gratuita y de calidad, ni incluyendo compromiso ninguno con respecto a los niveles terciarios ni universitarios.

Quinto: “reforma tributaria”, refiriéndose el “compromiso de llevar adelante una reforma que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”, sin alusión a criterios de equidad y de distribución de las cargas fiscales en función de las capacidades contributivas. Lo que se condice con la reposición del impuesto a las ganancias para los salarios, la eliminación del monotributo social y la reducción del impuesto a los bienes personales que, precisamente, grava el patrimonio de las personas y las empresas.

Sexto: “rediscusión de la coparticipación federal”, con el propósito de “terminar para siempre con el modelo extorsivo que padecen las provincias (en las que) se volvió una costumbre en las últimas décadas que desde Buenos Aires la política distribuya recursos discrecionalmente para beneficiar a sus aliados políticos”. Causa enorme perplejidad el desenfado con que se refiere este tema, justamente, cuando el Gobierno nacional ha recurrido a esas viciadas prácticas para conseguir que le votaran la Ley Base y el Pacto Fiscal en el Congreso, como para asegurarse la asistencia de mandatarios provinciales a la firma del Pacto de Mayo.

Séptimo: “recursos naturales”, sobre los cuales dijo que “los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros, que las necesidades de prosperar que tienen los argentinos (…) La naturaleza debe servir al ser humano y a su bienestar; no a la inversa. Los problemas ambientales tienen que poner en el centro al individuo”.

Si bien esa definición antropocéntrica, mercantilista y de un exacerbado individualismo, es muestra de un total anacronismo reñido con una concepción moderna, integradora y atenta a los riesgos planetarios derivados de la falta de cuidado del medio ambiente: encubre, a su vez, la decisión de dilapidar nuestros recursos naturales y ponerlos al servicio de intereses extranjeros, como se advierte con las desregulaciones en marcha y con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Octavo: “reforma laboral”, su necesidad se explica en el discurso afirmando que “el régimen laboral que impera en la Argentina desde hace 50 años es obsoleto y dañino. (…) Debe entenderse que la legislación laboral actual se pensó para un país que había eliminado la pobreza y no tenía desempleo.”

La alegada obsolescencia del régimen no se corresponde ni con su aptitud para captar y regular la dinámica actual del mundo del trabajo, más allá de ajustes que se vehiculizan por las concertaciones colectivas, ni con su origen ya que, precisamente, fue en períodos de gobiernos que afianzaron tutelas laborales que se hizo posible eliminar la pobreza y la desocupación. Tras aquel relato se esconden motivaciones y propósitos por completo diferentes, que consisten en proveer de un desproporcionado poder a los empleadores que acentúen las asimetrías propias de las relaciones de trabajo, empobrezcan los ingresos salariales como variable de ajuste para maximizar las ganancias empresarias y conlleven a la neutralización de la acción gremial.

Noveno: “reforma previsional”, que se plantea por una crisis del sistema que deriva de “que tenemos una legislación laboral que incentiva la informalidad y un sistema previsional que le roba a quien aportó para dárselo a quien no (...) En Argentina los incentivos están dados vuelta: se premia al que no hace y se castiga al que hace; se beneficia el que no cumple, mientras se perjudica el que cumple.”

Otra vez se vuelve sobre las leyes del trabajo para explicar una cuestión que le es ajena, cuya complejidad y problemática deriva de factores diversos que se presentan en la mayor parte de los países capitalistas, y que los fondos privados de pensión (AFJP en Argentina o AFP en Chile, entre otros) no le han dado solución, sino que han acentuado la desfinanciación del sistema mediante maniobras especulativas y, frecuentemente, defraudatorias. Es curioso sí, que se haga alusión a esa distribución de “premios y castigos” apuntando a los destinatarios en lugar de referirlo a los empleadores evasores, beneficiados con reiteradas moratorias, condonaciones de deudas y eximición de sanciones como nuevamente resultó con la “Ley Bases”.

Décimo: “apertura y comercio global”, sobre lo cual afirma que la “política nos ha querido convencer, de manera demagógica, que cerrar la economía era proteger a los argentinos (…) El libre comercio, tan vilipendiado en Argentina las últimas décadas, es el motor del progreso del mundo. No hay ninguna posibilidad de crecimiento si no nos abrimos al comercio. La Argentina debe dejar de darle la espalda al mundo. Debemos ser protagonistas del comercio mundial en las próximas décadas”

Nuevamente incursiona en relatos falsos e incluso contradictorios con los propios actos de gobierno, en tanto el “libre comercio” sin regulación estatal ni protección de los intereses nacionales ha sido siempre proclamado por los países centrales para exclusivo consumo de los países dependientes, sin que en aquéllos se siguieran esos criterios ni se ofrecieran reciprocidades análogas.

Ahora, en cuanto a no “darle la espalda al mundo” e insertarnos en el “comercio mundial” parece una humorada a la luz de la política adoptada en relaciones exteriores, cuando nos sometemos a un alineamiento exclusivo y excluyente con EEUU, mientras cortamos vínculos con nuestros principales socios comerciales y particularmente con quienes tenemos economías complementarias y no competitivas.

Dicen que del ridículo no se vuelve … ¿y de las traiciones?

La realidad da cuenta de una agudización del desplome de la economía, acumulando en un semestre el cierre de 10.000 Pymes (principales proveedoras de empleo) y el cierre de más de 350.000 cuentas sueldo que evidencia sólo un parte de la enorme destrucción de puestos de trabajo formales e informales, con una caída de más del 15% en los ingresos que es mayor aún en el sector asalariado y con un 50% de la población bajo la línea de la pobreza.

No se registra una sola medida de gobierno en favor de los sectores populares ni de las capas medias, que son particularmente castigados por desregulaciones de bienes y servicios básicos (tarifas de agua, luz y gas; alquileres comerciales y residenciales, medicina prepaga, medicamentos, combustibles, alimentos y bebidas) que inciden en la carestía de vida mucho más de lo que resulta de las tasas inflacionarias que registran los índices oficiales.

La entrega del patrimonio nacional y la soberanía es una constante en la política del Gobierno nacional, como el ostensible desprecio por la división de Poderes y la institucionalidad democrática.

Esa es la escena nacional en la que actúa la dirigencia política, social y gremial, allí se instalan las demandadas urgentes de la ciudadanía pero también las de la Patria, no es en el futuro sino en el presente que se les demanda una conducta acorde con las responsabilidades que le han sido confiadas y que se someten al juicio del Pueblo, no sólo de la Historia.