Adversarios y enemigos: el macrismo y sus acciones que amenazan a la democracia

Se honra la democracia respetando la pluralidad, la diversidad, las opiniones críticas. Se la defiende exigiendo el pleno funcionamiento de sus instituciones, la prevalencia de la voluntad popular mayoritaria y el categórico rechazo de todo comportamiento que ponga en peligro la continuidad de su vigencia.

Doble discurso o meros dobleces

En política la memoria es importante, como la observación atenta de los acontecimientos y de las conductas asumidas frente a situaciones análogas, contemporáneas y reveladoras de la aceptación o rechazo de un determinado criterio.

Junto a posturas que ofenden la más mínima inteligencia, como las adoptadas por Prat Gay cuando pretende juzgar y dar lecciones de cómo renegociar la deuda externa, o la de Sturzenegger al opinar muy suelto de cuerpo cómo defender la moneda nacional o combatir la inflación, o Triaca al proponer la flexibilización lavagnista como panacea para crear empleo y luchar contra el trabajo no registrado –justamente él, diría “Sandrín”, su ex empleada polivalente-; también existen otras tantas muestras de un cinismo inadmisible, que es preciso evaluar.

Por supuesto que ese análisis importa desde una ética política, que sí existe y siempre debe ser exigida por la ciudadanía para no caer en las irreflexivas afirmaciones de que “todos son iguales” o de que “los males de la Argentina son obra de la clase política” sin distinción alguna, o en “el que se vayan todos” para que vengan no sabemos quiénes (¿militares, tecnócratas, empresarios exitosos o sus gerenciadores?).

Expresiones e ideas tan caras a la “antipolítica”, que no es otra cosa que pura política disfrazada al servicio de unos pocos, pero que el martilleo mediático fomenta y convence a muchos que se dicen –y se creen, realmente- exentos de toda ideología.

Sin prescindir de esa perspectiva necesaria, también debe ponerse el foco en lo que esas conductas políticamente reprochables revelan en términos de convivencia comunitaria y sostenimiento del sistema democrático.

La práctica política, como en todo campo en que se dirimen conflictos y tensiones propias de las relaciones de poder, posee cierto grado de opacidad. Sus reglas de funcionamiento exhiben contornos difuminados, que admiten interpretaciones diversas y la consecuente elasticidad en los límites legitimados que se le reconozcan.

Lo plural, lo diverso o lo antagónico implica discrepancias muchas veces insalvables, no pasibles de acuerdos o que para alcanzarlos es preciso ejercer presiones que fortalezcan la posición negociadora. Las estrategias en ese sentido ofrecen múltiples variantes en los diferentes ámbitos en que se desarrollan, aunque exigen coherencia y apego a las reglas que las legitimen.

El funcionamiento de las legislaturas de modo virtual en los distritos gobernados por la oposición, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza por tomar sólo dos ejemplos, en que se tratan iniciativas de los oficialismos locales de trascendencia institucional e incluso una ley para reformar la Constitución como ocurre en la Provincia cuyana, descalifican rotundamente la cerrada resistencia de apelar a esa misma metodología para sesionar en el Congreso de la Nación.

Un dato por demás elocuente que obliga tanto a considerar tamañas contradicciones de dirigentes y fuerzas partidarias, como a pensar en las motivaciones que llevan a obturar selectivamente el desenvolvimiento de órganos esenciales de la democracia, en particular en una etapa tan excepcional como la que atraviesa el país.

Judicialización sistemática

El aislamiento y distanciamiento como las restricciones de circulación de personas no resultan de una disparatada “infectadura”, sino del sentido común –que se sustenta en la experiencia y las sólidas opiniones científicas- que los indican como única defensa eficaz frente a la pandemia para neutralizar y mitigar sus efectos.

Razones que en todos los campos han impuesto recurrir a modos remotos de interactuación para evitar la paralización total de las actividades, sobre todo en aquellas que resultan esenciales o impostergables. Y qué duda puede caber que el funcionamiento del Estado, en cualquiera de sus niveles (nacional, provincial o municipal) participa de esa caracterización.

Los ejemplos antes mencionados desmienten los hipócritas reparos a la actividad parlamentaria, y más aún, cuando se advierte una extendida adopción de esa modalidad que abarca a Organismos multilaterales, a negociaciones y concertaciones locales e internacionales, a tribunales de todos los Fueros habilitando la continuidad de procesos de cualquier índole –incluidos los penales en los que se juzgan delitos en los que está en juego la libertad-, a tramitaciones en la esfera privada y pública para las que con anterioridad era indispensable la presencialidad.

¿Cuál sería el impedimento para sesionar en el Congreso? Ninguno, mediando dispositivos como los implementados y aprobados por las Cámaras que garantizan la identificación de los legisladores, su libre participación (en las reuniones de Comisiones o en el recinto para el tratamiento de los proyectos de ley) y la fehaciencia del voto, sumada la posibilidad de un sistema mixto virtual (en general) y presencial (restringido).

Si el debate, la expresión de las voluntades políticas, las reuniones reservadas o públicas como las interlocuciones y negociaciones habituales entre los parlamentarios son factibles: ¿qué distinción institucionalmente válida podría hacerse por la temática a abordar, como no fuese la que pudiera surgir de eventuales acuerdos específicos que exceptuaran alguna materia a legislar?

Evidentemente, tampoco allí encontraría explicación la cerrada resistencia de Juntos por el Cambio, ni justificación el acudir a la Justicia para obtener su propósito de invalidar el funcionamiento pleno del Parlamento de la única manera que resulta factible en la actualidad, brindando seguridad tanto a legisladores como al personal que allí se desempeña.

La judialización de la política es por demás perniciosa, porque la desnaturaliza y corre el eje alrededor del cual deben dirimirse los conflictos que le son inherentes. Siendo su más extrema distorsión, erigir a los magistrados en decisores de cuestiones que constituyen atribuciones de exclusiva competencia de los otros Poderes del Estado, como lo es reglamentar el funcionamiento de las Cámaras de Diputados y Senadores.

La advertencia en ese sentido enunciada por el Jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, poco favor le hace en lo personal y partidario. Pero echa luz en orden al objetivo destituyente que anima a esa nueva Alianza antidemocrática, que se confirma cuando plantea: “si nos llaman a dialogar iremos, no queremos entrar a un tobogán en el que en el país haya dos parlamentos”.

Quizás evoque, y hasta sueñe con protagonizar, una payasesca puesta en escena similar a la de Guaidós cuando se autoproclamara Presidente de Venezuela, pero no puede mover a risa que se agite el fantasma de la descomposición del máximo órgano legislativo de la Nación. Un objetivo recurrente del nuevo golpismo en Latinoamérica, cuyos facilitadores suelen encontrarse entre magistrados, periodistas y dirigentes que reniegan de la democracia.

Negacionismo militante

La potencia expansiva del virus salta a la vista, basta con estar mínimamente informado sobre lo que ocurre en el país, su aparición en Provincias que en los primeros meses –de iniciada la cuarentena- no se registraban casos, su reactivación en ciudades o regiones en las cuales se pensaba ya controlado.

Es verificable igualmente el aumento de los contagios cada vez que se congregan personas que, invocando ridículas concepciones libertarias, manifiestan su rechazo a las políticas del Gobierno nacional. Contagios, que sufren esas mismas personas y algunos de los dirigentes irresponsables que convocan a esas movilizaciones.

Lo curioso es que esas quejas nunca se dirigen contra los opositores que gobiernan, como es el caso de Rodríguez Larreta en el distrito en que más se concitan esas protestas, ni en el de Morales en donde ha impuesto discriminaciones inadmisibles y penalizaciones dirigidas a quienes están más expuestos a enfermarse.

Gobernantes que se han recostado en la asistencia de la Nación, sin acompañar ese esfuerzo con decisiones apropiadas ni aporte alguno y demostrando un claro desinterés por los cuidados de la población –en particular, la más vulnerable-, ni por quienes tienen a su cargo cuidarnos arriesgando sus propias vidas.

Claro que los que negacionistas militantes, en su mayoría, forman parte de su propia base electoral. Sería recomendable, entonces, que ellos como otros tantos que orientaron su voto en la misma dirección se plantearan qué habría ocurrido si Macri hubiera sido reelecto. Toda proposición contrafáctica es por definición incomprobable, aunque no impide estimar probabilidades de su acierto o error.

¿Los reperfilamientos imaginados por Lacunza tendrían alguna aproximación a la reestructuración de la deuda concertada por Guzmán? ¿Las metas fiscales cederían frente a los gastos sociales, a los apoyos a empresarios y al sostenimiento del empleo que hoy constituyen políticas centrales de la gestión de Alberto Fernández?

¿Las degradadas y desfinanciadas áreas de Gobierno en Salud, Trabajo, Ciencia y Tecnología hubieran recobrado su categoría y presupuestos como Ministerios?

¿Cuántos más o cuantos menos serían beneficiarios de medidas tales como el congelamiento de tarifas de servicios públicos esenciales, de alquileres y de deudas por créditos para la compra de viviendas?

¿Los jubilados y pensionados tendrían un 100% de cobertura en la medicación que necesitan y que representa una porción relevante de sus haberes?

Angustias y agotamiento

La prolongación de medidas que irrumpen en nuestras maneras de vivir, transforman hábitos, limitan actividades e impactan negativamente en los ingresos, nos distancian de afectos y proyectos, producen disconformidades y angustias de diversa intensidad.

Sensaciones, vivencias y sentimientos que nos son comunes, si bien inciden en diferente grado en función de las condiciones personales, familiares y socio-económicas en las que nos encontremos.

En ese punto es imprescindible advertir que esas angustias también las padecen, en un grado mucho mayor, quienes se enferman y quienes trabajan –en distintos roles- para asistirlos. Es inexcusable tan elemental reflexión, como la consideración por esos “otros” y, en particular, por las personas que trabajan por nosotros denodadamente -y mal remuneradas-, a los que también recurrirán eventualmente los desaprensivos que priorizan sus disgustos existenciales, sus deseos insatisfechos o sus disconformidades políticas.

Los sistemas de salud corren riesgo de colapsar en breve en cuanto a la infraestructura sanitaria, pero ya han colapsado en lo que respecta al factor humano, imprescindible para sostener todo sistema. Las tareas que exige brindar atención a los enfermos, las estresantes vivencias a las que se someten quienes deben desempeñarlas, el tremendo agotamiento por extensas jornadas de labor cumplidas en esas condiciones y por más de cinco meses, desbordan toda resistencia como denuncian las distintas representaciones sectoriales.

Violencias crecientes

En ese contexto se inscriben acciones desestabilizantes que se valen de subterfugios políticos, de engaños apañados por un periodismo mercenario, de campañas que instigan al odio y al desprecio de una convivencia democrática.

De las violencias simbólicas que ya se percibían en las consignas de los manifestantes opositores, se pasó a agresiones físicas como las que tuvieron por víctimas a periodistas que se los catalogaba de oficialistas y, ahora también, a amenazas de muerte a relevantes figuras del Gobierno (la Presidenta del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados) extendidas a sus familias.

El diálogo es propicio y necesario, aunque se desarrolle con fuertes discusiones que pongan en evidencia antagonismos profundos. La democracia impone el reconocimiento del adversario, el respeto mutuo entre mayorías y minorías con estricta sujeción a la institucionalidad que las contiene.

Planteárselo con quienes se niegan a dialogar es inconducente, proponérselo con los cultores de la intolerancia es inviable, pensar que es posible con los enemigos de la democracia es insensato.