Una Corte con argumentos de Clarín

La Corte Suprema respeta (o teme) más a Clarín que a la Constitución y no es un eufemismo. El tribunal que no tiene plazos y que cajonea causas durante años sin dar explicaciones intervino en un mes en el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que reclaman por conservar el derecho adquirido de ser nombrados a dedo por Mauricio Macri. ¿Con que argumento? Con que eso “excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad” y que esto genera un "daño a las
instituciones básicas de la República". Un caso administrativo convertido en causa nacional. El argumento de Clarín para sostener a los jueces que fueron parte de la persecución a CFK y que Macri pretende que le cuiden las espaldas en Comodoro Py.

Ya no es sólo que Héctor Magnetto cuenta con un hombre suyo, Carlos Rosenkrantz, como presidente de una Corte en la que otra vez votó en soledad. Sino que el resto de los cortesanos, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rorsatti y Ricardo Lorenzetti también toman sus decisiones con Clarín sobre el escritorio y la Constitución en el cajón.

“Es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales.”, dice el voto mayoritario de la Corte en el punto 6 de su resolución. Le faltó apelar al latiguillo de “la gente” para ser una copia exacta de la línea editorial de Clarín y sus medios satélite.

En su voto solitario Rosenkrantz llega al extremo de plantear que "el caso reviste una gravedad institucional inusitada" y afirma que "la decisión del caso excede notoriamente el interés de las partes y se proyecta no solamente sobre el interés de todo el universo de jueces que han sido trasladados hasta la fecha, sino sobre el interés general en preservar el sistema republicano de gobierno". Cualquier similitud con las editoriales de Clarín y La Nación no es pura coincidencia.

El artículo 257 bis del Código Procesal, que regula el per saltum, establece que se podrá aceptar cuando "se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior". Agrega luego que "existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados".

Es evidente que los cortesanos tomaron esos puntos para resolver. Pero más evidente aún que la única forma de justificar que los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli atañan a la comunidad, sean de gravedad institucional, pongan en juego la República o las instituciones es la desproporcionada y excepcional defensa de la corporación mediática liderada por Clarín y secundada por La Nación e Infobae.

No hubo remociones, el presidente Alberto Fernández no cambió el decreto de Macri con uno propio sino que cumplió con el proceso constitucional donde el Consejo de la Magistratura evalúa, el Poder Ejecutivo consulta al Senado y este decide sobre los nombramientos de jueces. En este caso, sobre los traslados a dedo.

No se trata, además, de jueces que “investigaron a Cristina”. Bruglia y Bertuzzi fueron puestos por Macri en la Cámara Federal de Comodoro Py, Castello en un Tribunal. Esas instancias no investigan. Confirman, anulan, convalidan, condenan, pero investigar no investigan.

Todas esas falacias acumuladas para encubrir lo evidente: Macri puso jueces a dedo, la Constitución lo prohibe, deben volver a los puestos donde estaban antes. Pero la construcción de las corporaciones mediáticas dominantes instaló que esto “atañe a la comunidad", como si una cuestión de burocracia judicial hiciera tambalear la República.

Que la Corte diga que los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli atañen a la comunidad o tienen gravedad institucional inusitada demuestra la opinión pública es en realidad la opinión publicada. Pero publicada por los medios a los que pertenecen o temen.

En el caso de Rosenkrantz, que escribió su voto aparte, la línea mediática es aún más evidente. El juez de Clarín dice que estos jueces "han sido desplazados de los tribunales a los cuales habían sido trasladados y en los que se venían desempeñando desde entonces". Desplazados fue la palabra elegida por la prensa comercial dominante. No hubo desplazamientos, sino que el Senado no dio acuerdo al real desplazamiento que fue a dedo.

La propia Corte reconoce en el fallo que el per saltum “constituye una vía procesal excepcionalísima para acceder al Máximo Tribunal argentino, lo que exige que deba ser interpretada y aplicada de modo restringido”. Y recuerda que “ha sido admitida en solo una oportunidad por esta Corte”. Se trata del fallo Rizzo, donde se discutían los proyectos de democratización de la Justicia en 2013. Esas leyes planteaban una reforma de fondo del Poder Judicial. El caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli sólo es excepcional por el interés de Clarín en cuidar a los que persiguieron a CFK.

Uno de los argumentos que esgrimió la Corte para tratar a velocidad express los casos de Bruglia y Bertuzzi es “que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos de acceso a justicia” y que que esa respuesta judicial tiene que ser “idónea, oportuna, efectiva y eficaz en la tutela de los derechos que se aleguen comprometidos”

El derecho es real, pero no se cumple para en los miles (si, miles) de casos que acumula la Corte Suprema y que trata sólo cuando le interesa. Casos de jubilados que mueren esperando una sentencia, casos de lesa humanidad que aún hoy sufren demoras como el de Carlos Blaquier por el apagón de Ledesma, casos ambientales, números y números de expedientes que, en la vida real, son personas a las cuales se les pasa la vida a la espera de una respuesta desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Parece que los jueces son más habitantes que el resto.