El viernes 10 de junio, la ex dictadora boliviana Jeanine Áñez fue condenada a diez años de prisión por haber perpetrado un golpe de Estado contra Evo Morales, presidente legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia. El mensaje del Poder Judicial al mundo fue contundente: en Bolivia, la única ruta posible para ser gobierno la decide el pueblo a través de las urnas.
La derecha boliviana y sus cómplices regionales -como los entonces presidentes Mauricio Macri y el chileno Sebastián Piñera- buscaron desnaturalizar el proceso alegando que fue “un simulacro de juicio”. Tienen sus motivos. En agosto de 2018, tropas chilenas y del Comando Sur de Estados Unidos realizaron las maniobras militares “Estrella Austral”, desplegando en la frontera con Bolivia tropas, aviones, helicópteros y blindados. Días antes, el gobierno de Piñera había emplazado en Iquique "para enfrentar la delincuencia en la Macrozona Norte” (es decir toda la frontera con Bolivia) a un grupo de tareas permanente formado por Carabineros, Policía de Investigaciones, Estado Mayor Conjunto, Armada y Aeronáutica Civil.
En cuanto a Macri, además del comprobado envío de armamentos y municiones a Bolivia, planificó instalar una base militar en Abra Pampa, a 40 kilómetros de la frontera boliviana, y ordenó militarizar el límite entre La Quiaca y Villazón, según demostró la periodista Stella Calloni en su libro “Golpe en Bolivia: Washington ordenó, la OEA ejecutó”. Dos meses antes del golpe de Estado, agregó la periodista, el 4 de septiembre de 2019, llegó a Jujuy, Ivana la hija y asesora de Donald Trump con 2.500 agentes federales y altos miembros del gobierno como el vicecanciller John Sullivan. Participaron también funcionarios del Pentágono, de la temible USAID (agencia para el desarrollo de EEUU) y otros organismos.
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“Ese día hubo reuniones, algunas secretas. Según los medios locales participaron políticos opositores de Bolivia. En otras estuvieron los enviados de Macri, el canciller Jorge Faurie y el ministro de transporte Guillermo Dietrich. Ivana Trump le confirmó a Dietrich el desembolso de 400 millones de dólares (…) Hasta ahora no se sabe nada de ésos y otros fondos que dejó la visitante”, escribió Calloni. En pleno golpe, la diputada boliviana del MAS, Alicia Canqui Condori, “denunció la complicidad del gobernador Gerardo Morales. (…) Tenemos fuentes fidedignas que afirman que en Jujuy se ha gestado en parte el golpe y que la hija de Trump llegó a allí para planificar todo”.
Por eso, como dice Evo Morales, el actual proceso judicial “no sólo debe ser contra Añez y unos pocos sino contra todos los operadores del genocidio”. Las masacres de Senkata y Sacaba dejaron, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 37 muertos. La CIDH habla además de varias otras ejecuciones extrajudiciales.
Los días del golpe hubo bandas fascistas que quemaban las casas de los funcionarios de Evo y salían de cacería contra los simpatizantes del gobierno. Grupos encapuchados ataron a varios periodistas a los árboles y los flagelaron. El periodista argentino Sebastián Moro, quien informaba desde La Paz, fue hallado en su domicilio con golpes mortales, fue hospitalizado con un ACV y falleció pocos días después.
A pesar de la complicidad de los medios norteamericanos y europeos, que se negaron a reconocer el golpe de Estado, el proceso judicial avanzó y fueron también condenados los jefes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la policía, Vladimir Calderón. Otros cuatro militares participantes recibieron pena de cárcel por menos años.
La cantidad de procesados y las penas tienen gusto a poco. César Navarro Miranda, ministro de Evo hasta el día del golpe de Estado, afirmó: “Lo positivo de esta condena es que sienta un precedente jurídico muy importante para Bolivia, para América Latina y para la democracia. Esto es: nadie se puede arrogar competencias y derechos al margen de la Constitución; no se puede violentar ni la Constitución, ni las instituciones que emergen del voto popular, ni los reglamentos que rigen el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Lo negativo es que no se están enjuiciando a todos los que organizaron el golpe de Estado ni a quienes colaboraron en la conformación del gobierno de facto.”
Navarro fue uno de aquellos a quienes las hordas fascistas bolivianas querían dar muerte. Incendiaron su casa y la de su madre. En su excelente libro “El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia” (donde analiza con un impresionante archivo de datos la complejidad de ese momento en la historia boliviana), cuenta cómo, luego de varias peripecias y con la muerte tocándole los talones, pudo entrar a la embajada de México en Bolivia y de allí exiliarse en ése país amigo.
¿Quiénes deberían también ser sometidos a juicio? Según Navarro, entre otros, “la Iglesia Católica, que el 10 de noviembre, convocó al comité cívico de Santa Cruz y a otros civiles a una reunión en Universidad Católica de Bolivia. También, invitaron a diplomáticos de España y Brasil. Todas personas que no tenían ningún tipo de representación legítima para decidir sobre asuntos constitucionales. En esa reunión decidieron que la presidenta de Bolivia sería Jeanine Añez y la llamaron por teléfono”.
El general Kaliman y el ex jefe de la policía, Calderón, también sentenciados, están prófugos. El militar llegó a cumplir prisión domiciliaria, pero parece que no muy vigilado ya que, a las pocas semanas, se escapó.
“Huyeron y se desconoce su paradero. Posiblemente Williams Kaliman se encuentra en los Estados Unidos”, continúa el ex ministro. “Ambos fueron procesados no sólo por pedir la renuncia del presidente Evo Morales y su vice, Alvaro García Linera, sino por dos causas más. Primero porque se subordinaron y dieron protección a Jeanine Añez cuando todavía era senadora, asumiendo iba a ser la presidenta y, segundo, por desatar acciones represivas sistemáticas en todo el territorio nacional. El 11 de noviembre Kaliman y Calderón llamaron a conferencia de prensa y dieron a conocer un plan coordinado de ambas fuerzas para militarizar toda Bolivia. Las Fuerzas Armadas y la policía tomaron actitudes de carácter político al subordinarse a ese grupo de civiles, encabezado por la Iglesia Católica.”
Tanto para Navarro como para Morales lo actuado por la justicia es muy relevante, pero insuficiente. “Sólo han sentenciado a las cabezas visibles, pero falta juzgar a quienes planificaron el golpe, a quienes organizaron el gobierno de facto y a esos civiles que construyeron la narrativa del fraude, de la sucesión constitucional con un gobierno transitorio, es decir, esa narrativa política que se terminó por constituir en la verdad absoluta de aquel momento”.
“Los líderes de la derecha regional estaban coordinados. Ellos, junto con la OEA, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno británico conformaron un núcleo de poder determinante desde las primeras horas del golpe de Estado. Le dieron inmediato respaldo y legitimaron internacionalmente la presidencia ilegal de Añez.”
Los nuevos golpes contra los gobiernos democráticos progresistas pueden no haber terminado. Los medios, la justicia corrupta y las instituciones de derecha se suman a la tradición militar eclesiástica para garantizar que el viejo orden dominador no sea alterado. Es fundamental entonces unir las fuerzas regionales para desentrañar, de una vez por todas, qué hicieron en Bolivia los gobiernos de Argentina (Macri); Brasil (Jair Bolsonaro); Chile (Piñera); Colombia (Iván Duque) y Ecuador (Lenin Moreno).
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