Las reflexiones que comparto tienen como propósito dar cuenta de manera situada e interseccional, el impacto diferencial que produce en la vida cotidiana de las mujeres y diversidades, la decisión política del cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y con ello las garantías y mecanismos de protección estatal efectiva de derechos de todas la mujeres y diversidades a una vida plena, autónoma y libre de violencias.
El gobierno de Javier Milei niega y deslegitima las problemáticas estructurales de Géneros, en un contexto de reconfiguración de las “ultraderechas” cuyo relato posiciona las históricas reivindicaciones y conquistas colectivas de los movimientos feministas y transfeministas como “blanco de ataque” y “enemigo público”.
En una realidad donde en los primeros meses del año 2024, se registraron 127 víctimas de violencias de géneros, aumento de la pobreza, precarización laboral y vulnerabilidad, Milei acelera en un proceso de vaciamiento, subejecución y cierre de los programas estatales, particularmente aquellos diseñados e instituidos con perspectivas de género, desmantelamiento de dispositivos territoriales claves, como los CDR (Centros de Referencia) o CAJ (Centros de Acceso a Justicia) entre otros.
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Resultado de históricas luchas de los movimientos feministas y transfeministas, el Estado deviene de marcados procesos de participación y políticas en materia de géneros, que llevaron a jerarquizar la institucionalidad e incrementar los recursos humanos, técnicos y financieros. El Ministerio de Mujeres desarrolló un conjunto de políticas sustantivas que de manera federal y territorial abordó políticas integrales. Paradójicamente hoy, desde el mismo Estado se avanza en destruir.
Según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, el 70% de los países de América Latina cuenta con mecanismos de adelanto de la mujer (MAM) de alto nivel, es decir un rango institucional de ministerio o cuyo titular tiene rango de ministra y participa en el Gabinete, entre ellos: Brasil, Chile, Colombia; Costa Rica, Ecuador, México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana. Con la disolución de la institucionalidad estatal en materia de géneros, Argentina se encuentra actualmente entre los últimos países en la región, retrocediendo 37 años en términos de desarrollo de Políticas de géneros.
Desde el ámbito parlamentario también hemos dado pasos muy importantes durante estos años en la consolidación de la agenda de género y diversidades, sancionando leyes fundamentales como la Ley Micaela, la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley de Identidad de Género, entre otras.
Como senadora nacional he presentado el proyecto de "Ley de Equidad de Género en los precios de bienes de consumo", con el objetivo de impedir la discriminación económica basada en los géneros, estableciendo la obligación de brindar trato digno y equitativo a las consumidoras. También presenté el proyecto de Ley “Octorina Zamora”, de protección integral de las mujeres indígenas, entre otras iniciativas.
Sin embargo, la paralización y el vaciamiento de las políticas de género también se traslada al Senado Nacional donde aún no se ha puesto en marcha la Comisión de la Banca de la Mujer, un espacio creado en 2008 con el fin de promover una nueva agenda parlamentaria con perspectiva de género que origine iniciativas en concordancia con los tratados internacionales y regionales refrendados por nuestro país.
Las consecuencias de este retiro del Estado evidencian un primer análisis que conlleva al incremento en los femicidios, travesticidios y crímenes de odio, en un contexto de aumento de la feminización de la pobreza. Complementariamente en los territorios se vislumbra un nuevo repliegue y reconfiguración por parte de las organizaciones, sindicatos y asambleas. Pero también es allí en los territorios donde se entraman iniciativas que renacen, tejiendo encuentros desde las economías populares y las redes comunitarias, para seguir defendiendo los derechos colectivos.
Es en este contexto, donde se presenta el desafío de reconstruirnos y revisar el recorrido, como también al interior de los ámbitos institucionales-parlamentarios, abrazando las experiencias, sus aciertos y errores para sentar así las bases de “Otro Estado posible”.
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