La deuda contraída con el FMI por el gobierno de Macri es visiblemente ilegítima. Se vulneraron todos los pasos legales para aprobar la solicitud del préstamo. No se lo sometió a debate parlamentario. Pero la principal marca de ilegitimidad fue el simple y visible hecho de que nadie nunca explicó dónde fueron a parar los dólares. Porque a algún lado -que visiblemente no es la acción del estado para la reparación social- habrán ido a parar.
El gobierno ha decidido reconocer la deuda con el organismo y negociar las formas del pago. Los argumentos esgrimidos giran en torno a la tradición argentina de “honrar su deuda soberana”. Es probable que ese argumento no sea la verdadera razón (si lo fuera, debería haber sido un poco más conocida y argumentada) y que la explicación real está en consideraciones de cálculo del costo político de no “honrarla”. Sería bueno que algún día se pongan sobre la mesa los argumentos de este tipo de decisiones que son muy sensibles para el futuro del país. La no explicación alimenta siempre todo tipo de especulaciones.
Ahora la cuestión es la negociación. Los términos del eventual acuerdo solamente se conocerán en plenitud después de su firma. Sería muy bueno que se cumpliera con el compromiso de que el Congreso discuta los términos del convenio. Y que haya una intensa publicidad del texto y de su discusión. Es decir, todo lo que no ocurrió antes de que el acuerdo fuera firmado por las autoridades del gobierno de Macri, lo que constituye un hecho de enorme gravedad para nuestra democracia. Habría que pensar ese proceso como una experiencia de participación popular en las decisiones de este nivel de importancia. Sería bueno que las organizaciones sociales más diversas pudieran discutir la cuestión. Y que la política, pensada en su conjunto, pueda -y a la vez esté obligada- a expresarse en términos del tipo de país al que se aspira.
En el texto de lo que se acuerde habrá un tema central. Es la cuestión de la preservación de la soberanía nacional en materia del tipo de proyecto de país que queremos lxs argentinxs. Es decir, no aprobar ninguna condición que otorgue al FMI la soberanía real en materia del programa económico a desarrollar. Los programas del FMI nunca han conducido al país en ninguna dirección que coincidiera con las enormes necesidades de nuestro pueblo. Esta cuestión es dramática porque el desarrollo de políticas de ajuste fiscal, -que siempre son dolorosas para los trabajadores y para grandes masas de nuestra población- en la gravísima situación social que atraviesa el país equivaldrían a la inviabilidad política. El modo de leer e interpretar el texto del proyecto de acuerdo tiene que ser el objeto de un debate público similar a lo que sería un proceso de transformación constitucional de la república.
Quien esto escribe cree que la aceptación de la apertura de una negociación no era obligada. Pero la decisión está tomada y hay que afrontar la situación. Y afrontarla significa hacer política. Particularmente en el terreno de la creación de consensos regionales y mundiales sobre la cuestión del endeudamiento y sobre el papel de los organismos internacionales de crédito. Algo así como el proceso que derivó en la aprobación, en 2015, de un histórico acuerdo internacional amplísimamente mayoritario entre los países miembros de la ONU a favor de unas reglas de juego justas sobre las renegociaciones de deuda soberana. En el período que se abre, (difícilmente pueda nombrárselo en términos absolutos como “pos-pandemia”) es probable que la reestructuración de las deudas soberanas se convierta en un tema central a lo largo y ancho del mundo. Los costos económicos de la pandemia han sido enormes. Y ciertamente son más graves para los países que no forman parte del olimpo cada vez más reducido de los más poderosos del planeta.
La cuestión del Fondo Monetario Internacional, sus funciones, su composición, sus reglas de juego institucionales y sus orientaciones en materia económica debería estar en el centro de una discusión orientada a revisar críticamente el llamado “orden mundial”. Las gravísimas experiencias de estos últimos meses no deberían ser pensadas y respondidas con políticas de “piloto automático” que no hagan un relevamiento profundo del orden político-económico global. La especulación financiera se ha convertido en un cáncer mundial que está en la base misma del desastroso e inmoral proceso de concentración de las riquezas en un grupo cada vez más pequeño de personas y familias.
Los discursos políticamente correctos sobre el “capitalismo democrático” ya no dan cuenta en lo más mínimo de la descarnada realidad social global. En nuestro país resulta dramática la comparación de nuestra realidad social actual con la que había entre nosotros a mediados del siglo pasado. Desde la crisis global de la deuda a comienzos de los años ochenta nuestra realidad social muestra el deterioro casi incesante de nuestro tejido social. El “casi” tiene que ver, exclusivamente, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese es el telón de fondo de un problema político de alcance histórico en nuestro país. ¿Cuánta miseria soporta una democracia? ¿No estamos todo el tiempo recibiendo el registro de una crisis generalizada? De vivienda, de educación, de seguridad, de empleo y hasta de alimentación. En varios países de nuestra propia región estamos asistiendo a explosiones de protestas populares, supuestamente “espontáneas”, que en realidad están organizadas por sectores políticamente activos, pero al margen de partidos y parlamentos. ¿Por qué no han ocurrido en esa dimensión en nuestro país? Seguramente son muchas las razones, pero en el centro está la existencia de una tradición organizativa que tiene como eje histórico la fuerza de nuestros sindicatos, hoy acompañados por formas nuevas de estructuras y liderazgos territoriales.
La base de sustentación de la defensa y la profundización de nuestra democracia es la esperanza popular. El día en que esa esperanza -y las organizaciones que la sustentan- se debilite, nuestra democracia estará agotada.
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