Una vez más el pensamiento retrógrado de la derecha argentina se hizo presente con fuerza en la discusión política nacional. Al igual que cuando se discute un impuesto a la riqueza o a las altas rentas, prácticas estas absolutamente normales en el capitalismo desarrollado, levantan la voz como si estuviéramos en presencia de la emergencia de los soviets; de igual modo ante el Decreto de Intervención de la Firma Vicentín y la propuesta de remitir al Congreso un proyecto de expropiación, gritan a viva voz que está en juego la propiedad privada de los medios de producción. Resulta insólito que pretendan presentar las cosas como si estuviéramos frente a un Grupo empresario que exhibe una situación de dinamismo económico y que sin que exista ningún inconveniente, un Presidente resuelve avanzar, por razones ideológicas, con una expropiación. La situación es bien distinta. Se trata de un grupo empresario que en el marco de maniobras que deberán ser investigadas ya que podrían configurar prácticas de tipo fraudulento, ha terminado estafando a cerca de 5000 trabajadores, a miles de productores y a la Banca Pública. En ese marco, la Firma se encuentra paralizada, perdiendo posiciones en el mercado y sobrevuelan distintas alternativas de compra asociadas a grandes jugadores del comercio de granos. Todas las alternativas en danza, tienen como característica que tanto la Banca Pública como los productores deberían aceptar un pagadios a diez años y en algunos casos una quita de capital, con el agravante de que con muy poco dinero se le cedería el control de la firma a capitales extranjeros, concentrando y extranjerizando aun más el comercio exterior de granos y la oferta de divisas de la Argentina. Aceptar alguna de estas variantes sería confirmar la tantas veces repetida historia del Estado bobo. Habiendo enterrado la banca pública casi cuatrocientos millones de dólares en el Grupo Vicentín, terminaríamos cediendo el control a Glencore, Cargill o Dreyfus.
Es en este marco que aparece la intervención por 60 días y la propuesta de expropiación a ser discutida por el Congreso. Se busca de este modo preservar los activos de la empresa, ponerla en marcha y llevar solución a los trabajadores y a los productores. Y por supuesto también, la Banca Pública puede tener hoy mejores condiciones para cobrar o bien para colaborar en la manutención de activos estratégicos en manos públicas. Ya sea por la vía de que YPF le pague (bajo alguna modalidad) la deuda a los bancos públicos, o capitalizando acreencias en función de utilidades futuras. En cualquier caso la situación generada es mejor que la que teníamos antes de esta definición. El tiempo que viene debe ser aprovechado para ir a fondo en la investigación de las maniobras que Vicentín ha desplegado con sus subsidiarias y con sus empresas offshore. Las relaciones con Vicentín Uruguay y Vicentín Paraguay, así como el vínculo con Nacadie Comercial Sociedad Anónima, empresa domiciliada en Santa Fe en el mismo domicilio que el Frigorífico Friar propiedad de Vicentín, y que tiene presencia en Uruguay y en Panamá, deben estar en el centro del análisis.
El crédito que en el marco de muchas irregularidades el Banco Nación le entregara a Vicentín, es en realidad un crédito para financiar las exportaciones de Vicentín Argentina a Vicentín Uruguay. Es un crédito para una operación entre empresas vinculadas. Es sabido que esta práctica suele encubrir precios de transferencia para reducir utilidades y también es un mecanismo que permite declarar en Uruguay lo que no se declara en Argentina eludiendo el pago de impuestos y retenciones en el país y dejando dólares en el exterior. En el caso de Paraguay, la investigación desplegada por un acreedor privado de Vicentín ha comprobado que la subsidiaria del Grupo en ese país es una oficina con no más de ocho empleados, que carece de planta de producción, y que sin embargo, al finalizar el primer bimestre del año pasado era líder absoluto en las exportaciones de soja paraguaya. Vicentín Paraguay tenía un 16% del mercado. Dato este que se desprende del informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). No deja de asombrar que sin tener planta alguna Vicentín Paraguay logre semejante perfomance y más curioso aún es constatar que el principal mercado de destino de la “soja paraguaya” es la propia Argentina. Cuenta la leyenda que las barcazas bajan vacías por el Paraná y se llenan en el Puerto de San Lorenzo, desde donde siguen hacia el resto del mundo. Subdeclaración de exportaciones y su correlato en términos de eludir el pago de retenciones e impuestos y facilitar la fuga de divisas parecen ser las maniobras que han estado a la orden del día en el comportamiento de este Grupo Empresario. El aporte de la AFIP, la UIF y la Inspección General de Justicia en este proceso serán esenciales para demostrar los delitos cometidos y obligar a que los dueños de Vicentín tengan que responder con su patrimonio frente a las deudas.
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A la vez avanzar en el proyecto de expropiación dando forma a un nuevo modelo de Grupo empresario de carácter público y no estatal será la otra tarea a encarar. Desde nuestro punto de vista lo lógico sería que el Estado tome control sobre el Grupo Empresario en sociedad con los pequeños y medianos productores y las cooperativas agropecuarias, y dando también representación a los trabajadores. Con los datos del año 2018 puede observarse que El Grupo Vicentín exportó 6,3 millones de toneladas de granos y ACA (Asociación de Cooperativas Agropecuarias, importante acreedor de Vicentín) colocó por su parte, 3,6 millones de toneladas. Una sociedad mixta que incluya a ambos actores (y también a AFA, Agricultores Federados Argentinos) implicaría crear una empresa pública con un potencial exportador equivalente al de los principales jugadores del comercio de granos. Hecho este que le daría al Gobierno Nacional una herramienta muy importante en el control de parte de las divisas (Vicentín facturaba unos 4 mil millones de dólares anuales y podrían ser más ya que la empresa pública no incurriría en los mecanismos de triangulación que el Grupo efectuaba para dejar dólares en el exterior). También esta Empresa Pública podría ser de utilidad para blanquear el comercio de granos que, como es sabido, es un mercado donde desde la pérdida de la Junta de Granos y la privatización de los puertos, la subfacturación de exportaciones y el contrabando están a la orden del día. Asimismo, Vicentín era un gran comprador de materia prima a los pequeños y medianos productores frente a los cuales hacía abuso de posición dominante, y pagaba precios por debajo de lo que correspondía sin diferenciar respecto a la mejor o peor calidad del grano que compraba. Habría que agregar a todo lo dicho la posibilidad de plantear nuevos mecanismos regulatorios en el mercado de alimentos a efectos de mejorar el control de precios en dicho sector. Por ejemplo, en el mercado de trigo actuando como comprador de último recurso, regulando así la provisión interna y el movimiento de los precios. En suma, dólares para el desarrollo, blanqueo del comercio de granos, mejores precios para los pequeños y medianos productores y mayor capacidad para regular el abastecimiento y los precios de los alimentos de nuestro pueblo. Estas son las virtudes que tendría que resolver la estafa de Vicentín con la creación de una empresa pública no estatal que asocie al Estado con las cooperativas agropecuarias. No son pocas.
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