Sin piedad contra los hijos de planeros

En estos últimos dos años, las narrativas sobre la escuela y las políticas educativas se han convertido en el caballito de batalla de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera como pre candidato a Presidente. En medio de la pandemia se instalaron los slogan “abran las escuelas” y “las escuelas no son focos de contagio” que fueron repetidos hasta al cansancio para confrontar públicamente con el Gobierno Nacional, a pesar de que las evidencias científicas y los consejos de salud de todo el país indicaban lo contrario.

Desde esos momentos la imagen de la conferencia de prensa a primera mañana, con el fondo de color amarillo,  del Jefe de Gobierno porteño junto a la ministra de educación, Soledad Acuña, y su par de salud, Fernán Quirós, fue una jugada con un claro corte publicitario pero con fuertes pretensiones políticas. Y así sucedió, ya que vienen utilizando ese mismo formato con astucia para anunciar cualquier cosa que deseen viralizar en los medios o en las redes, y provocar a docentes, sindicalistas, kirchneristas, progres, feministas, planeros, piqueteros, organizaciones sociales, etc.

Esta última semana el gobierno de la ciudad anunció con bombos y platillos nuevas medidas sobre los parámetros de regularidad escolar con, teóricamente, el objetivo de revertir la “crisis de la educación”. “Los chicos tienen que ir a clase todos los días. Y esto es una responsabilidad compartida por el Estado y las familias”, dijo Larreta. Para ello se modificó el criterio de regularidad que desde ahora implicará una asistencia mínima del 85% en cada bimestre. “Hasta hoy significa solamente estar matriculado. Ahora para tener el certificado de alumno regular los chicos tienen que cumplir una asistencia mínima del 85% en cada bimestre”, dijo el Jefe de Gobierno.

Pero eso no fue todo. Además decidieron hacer un cambio en la política social y advirtieron a las familias de menores recursos que cobran el plan Ciudadanía Porteña que les quitarán el pago adicional por cada hijx menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado, en caso de que no cumpla con ese 85% o acumule más de 25 inasistencias injustificadas en el año. Para Larreta cada aparición es una oportunidad para, en complicidad de los medios, instalarse como el paladín de la buena conducta, de la cultura del trabajo, de lo mejor de la tradición argentina y la vara de la moralidad. ¿O acaso alguien puede estar en contra de que lxs pibxs vayan a la escuela?

En lo operativo, según indicaron fuentes del Ministerio de Educación al Destape, se hará una evaluación de la regularidad cada dos meses, y esa información será entregada al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat desde donde se contactará a cada familia, y hará un seguimiento de la situación. Desde la cartera educativa remarcan que esto se suma a los mecanismos ordinarios que ya funcionan en cada escuela cuando para evaluar qué hacer ante un alumnx que tiene intermitencias en su escolaridad.

La desarticulación sostenida del programa Ciudadanía Porteña

El programa en cuestión fue creado  en 2005 a través de la Ley 1878 con el objetivo de disminuir los niveles de desigualdad en la Ciudad, asegurar la cuota alimentaria, promover la cobertura educativa y sanitaria de las familias. Por eso está destinado a familias y hogares que se encuentren bajo la línea de pobreza o de indigencia. Para consolidar su jerarquía en 2006, por decreto N° 1275/06 , se creó la Dirección General y la Dirección General Adjunta de Ciudadanía Porteña.

Fuentes oficiales indican que actualmente alcanza a 41.669 hogares, lo que implica un total de 100.057 personas y 23.686 menores de 18 años. “Los titulares del beneficio asumen corresponsabilidades, entre las que se encuentra asegurar la escolaridad de los menores de 18 años del hogar”, explica la página oficial del gobierno sobre el anuncio . El monto del subsidio es de $15 mil y el adicional es de $5.256 por hogar pobre y de $7.884,50 por hogar indigente.

Más allá de la quita, el programa porteño viene siendo reducido y subejecutado desde hace años: el recorte entre 2016 y 2020 fue de 29%, a la par de la situación general de Educación. Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría porteña, denunció múltiples falencias en un informe que abarca el período 2020 y 2021. El documento fue presentado ante el gobierno de Larreta sin respuesta alguna. Allí se identifican recortes sistemáticos, subejecución de las partidas, falta de transparencia en la actualización de montos y, lo más contradictorio con el anuncio, que el gobierno porteño viene desentendiendo los seguimientos de los menores de edad, de su acceso a vacantes, y los mecanismos de reincorporación.

Además en términos cuantitativos el recorte y la subejecución se observa en la cantidad de beneficiarios: según el informe desde 2014 hasta 2021 se redujo un 21%  la cantidad de beneficiarios. Y si faltaba alguna duda de las intenciones, en 2021 se desjerarquizó el área donde se gestaba el programa, ya que dejó de ser una dirección general a una gerencia operativa.

La mano dura con los planerxs como estrategia electoral

La justificación del anuncio de la quita se basa en datos oficiales que indican que el 30% de los alumnxs de la Ciudad tuvo más de cinco faltas en el último mes. Cuando El Destape consultó por la procedencia de esa información y formas de medición, fuentes del Ministerio de Educación explicaron que se basan en los datos de presentismo en línea que es un sistema que se empezó a implementar en 2022 que permite saber en tiempo real lxs alumnxs de inicial y primaria que sí están en la escuela y quiénes no. Lo paradójico es que de esa información no se desprenden datos que evidencien que sea el sector de menores recursos, o lxs alumnos hijxs de beneficiarixs del programa, los que más faltas acumulan.

En una entrevista radial ante la consulta por las razones de las ausencias frecuentes, la ministra Acuña analizó que existen dos grupos a los que dividió taxativamente: están “algunas familias que no mandan a los chicos porque quizás no saben qué es una rutina, porque en casa no hay esos hábitos de todos los días, mismo horario y misma responsabilidad”; y por el otro “familias que deciden irse de vacaciones a mitad de la cursada para ir a Europa porque es la temporada de esquí en el Norte, o porque está el Mundial y estoy previendo llevarme a mis hijos veinte días antes de que terminen las clases”.

En su análisis sobre los sectores de menores recursos la responsable de Educación sostiene que no tienen hábitos de responsabilidad u horarios. Un guiño de clase fríamente calculado en términos electorales que señala el supuesto espíritu de vagancia, la indisciplina o la falta de cultura del trabajo de quienes perciben un plan o subsidio estatal. La expresión es parte de la saga “se embarazan por un plan”, frase que tuvo su origen en 2009 con la creación de la Asignación Universal por Hijo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y se volvió un mito con cero evidencias pero un peso simbólico inconmensurable.

Que una ministra de Educación insista con estos imaginarios reproduce el discurso de la meritocracia y enciende los mecanismos de estigmatización de la pobreza; y al mismo tiempo demuestra un altísimo nivel de ignorancia al esencializar la figura del planerx, sin tener en cuenta las múltiples complejidades que puede atravesar un hogar en condiciones de pobreza, una familia numerosa, una mujer jefa de hogar, un menor que debe faltar a la escuela para cuidar a sus hermanxs, o simplemente lo difícil que se hace la vida cuando faltan los recursos.

En los gobiernos macristas el prejuicio y el humor social se convierten en el criterio formador de políticas públicas y en este caso el mensaje a dar es que no habrá piedad con lxs planerxs. De hecho la reciente medida tiene un timing que encastra como pieza de lego en el mapa actual de la opinión pública. Las encuestas muestran una marcada tendencia hacia el rechazo social por los planes sociales, fenómeno vinculado a la coyuntura de crisis económica y la cobertura sesgada de la movilización social. Según cifras de un estudio reciente publicado por la consultara Taquion, el 46,5% de lxs encuestados afirmó que si fuese ministro de economía lo primero que recortaría sería los planes sociales.

La culpa y el estigma de nacer pobre

En un interesante hilo de tuits, la vocera Presidencial Gabriela Cerruti, quien fuera una de las impulsoras  del programa en 2006 como parte del Ministerio de DDHH y Sociales, identificó que la ley incluye una serie de corresponsabilidades: regularidad escolar, vacunación obligatoria y búsqueda de trabajo para los adultos del hogar.  Y aclaró que se habla de corresponsabilidades y no requisitos porque “tanto el Estado como la familia se comprometen a llevarlo adelante”. “Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo”. Desde la Auditoría porteña cuestionaron que, en términos legales, la medida de Horacio Rodríguez Larreta modifica la Ley 1878, sin llevar el debate a la Legislatura como corresponde ni presentar un modificación del decreto reglamentario en el Boletín oficial.

La omisión del carácter de corresponsabilidad por parte del Gobierno de Larreta puede ser el punto nodal de todo el debate, y tiene un anclaje fuertemente ideológico. Como ya lo hizo en varias oportunidades, el gobierno porteño y el macrismo se desentienden de su responsabilidad gubernamental en la  crisis educativa para centrarse exclusivamente en la culpabilización de las familias, en la atomización e individualización de un asunto que es profundamente social, y en la estigmatización de una problemática como la vulnerabilidad social que es multidimensional y compleja.

Larreta actúa como si la reducción del presupuesto en educación, la falta de vacantes año tras año, la persecución a docentes, los problemas de infraestructura, o las malas condiciones de las comidas en las escuelas, no fueran eslabones en la cadena del deterioro social. Pero sobre todo como si la enorme transferencia de ingresos que ejecutó el gobierno de Mauricio Macri, con consecuencias que perduran hasta hoy, no tuviera nada que ver con una realidad de carencias y dificultades que atraviesan las grandes mayorías. El circulo vicioso de la exclusión es perfecto: se castiga a los pobres por algo que sin políticas públicas no pueden modificar, y al mismo tiempo ese castigo implica una quita de recursos económicos y culturales que los aleja aún más de la posibilidad de dejar de ser pobre. El resultado solo puede ser mayor desigualdad social.