El pasado 17 de mayo, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, en medio de un proceso de votación para iniciarle un juicio político por un presunto delito de malversación de fondos, decretó la disolución de la Asamblea Nacional. Con ello, el “banquero-presidente”, aliado internacional de Mauricio Macri y confeso admirador del colombiano Álvaro Uribe, anticipó las elecciones presidenciales para agosto de este año, al tiempo que se auto-habilitó la posibilidad de gobernar por decreto.
En un contexto de enorme descontento social por su gobierno, Lasso gobernará los próximos seis meses con un Poder Legislativo disuelto y, con un tono amenazante, anunció estar respaldado por la Corte Constitucional (el Poder Judicial), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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Al mismo tiempo, habrá una campaña electoral express, de cara al 20 de agosto, fecha en la que el pueblo volverá a las urnas a elegir quién ocupará el Ejecutivo hasta el fin del mandato que debería haber cumplido Lasso. Al mismo tiempo, se elegirán los 137 representantes de la nueva Asamblea Nacional, suspendida en sus funciones como consecuencia de lo que se conoce como “Muerte Cruzada”, un mecanismo constitucional incluido en la reforma del 2008, pero tergiversada en su utilización política por la derecha ecuatoriana.
La gravedad del hecho reside, también, en lo que expresa en términos de impunidad. Lasso consiguió poner en suspenso el proceso de juicio político en su contra por peculado, es decir, malversación de fondos públicos, en contratos firmados por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (FLOPEC), y la firma privada de transporte petrolero Amazonas Tanker.
La corrupción, denunciada a raíz de filtraciones de audios a principios de enero de este año, en un caso que involucraría a exfuncionarios y actores políticos cercanos al gobierno de Lasso, terminó en una investigación denominada “Caso Encuentro”, cuyas protagonistas son empresas públicas en la que están involucrados Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, hombre cercano a él.
A finales de enero de este año, y luego de un intento fallido previo, la Asamblea Nacional creó una Comisión Multipartidista para avanzar en una investigación que realmente comprometía al Presidente, luego de que en las elecciones seccionales (subnacionales) de febrero de 2023, su Partido “Creo” -con una estética y un funcionamiento que nos hace acordar mucho al PRO argentino-, tuvo una elección desastrosa.
En dicho proceso electoral, el correísmo (“Revolución Ciudadana”) se consolidó como la primera fuerza electoral del país, obteniendo el 23% de los votos y ganando nueve Prefecturas (gobernaciones). El “Movimiento Pachakutik”, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la central sindical del movimiento indígena, consiguió un importante 8% y ganó seis Prefecturas, y hasta la izquierda marxista-leninista de “Unidad Popular” obtuvo una Prefectura, con el 5% de los votos. “Creo”, el partido del presidente, obtuvo apenas un 9% de los votos sin poder hacerse de ninguna gobernación, al tiempo que el Partido Social Cristiano, la organización política tradicional de la derecha ecuatoriana, se salió de la coalición gobernante para presentarse en soledad y obtener el 12% de los votos y seis Prefecturas.
El gobierno no es un banco
Ecuador, la economía dolarizada más importante del planeta, es totalmente dependiente de las inversiones directas extranjeras y de los ingresos del petróleo. Estos últimos representan entre el 14 y el 20% del PIB, más de la mitad de los ingresos procedentes de las exportaciones, y entre el 20 y el 30% de los ingresos públicos.
Lasso aumentó la deuda con el FMI en diciembre de 2022, en $8.200 millones, ubicando al país en el ranking de los cinco más endeudados con el organismo. En total, la deuda de Ecuador supera en 7 veces su cuota de participación en el Fondo. Ese acuerdo tiene revisiones periódicas que condicionarán a este y al próximo gobierno. Quien llegue al Ejecutivo, como en Argentina, llegará con un margen de maniobra acotado en función de las definiciones de un organismo, históricamente más preocupado por la dominación de la política económica de los países que caen en sus redes, que en el desarrollo y la prosperidad de sus sociedades.
Con Lasso, la desigualdad se profundizó. Casi 1,5 millones de ecuatorianos reciben algún tipo de ayuda estatal a través de bonos, una cifra que, sin embargo, está lejos de cubrir a los 5,9 millones de personas que viven en condición de pobreza o pobreza extrema en el país, según los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos, INEC, que reportó que el 25,2% de la población urbana es pobre, y el 8,2% vive en extrema pobreza. El índice de desnutrición, que funciona como un termómetro del impacto de la pobreza, es el segundo más alto de la región, solo por detrás de Guatemala. Según UNICEF, en el país de la mitad del mundo, uno de cada cuatro menores de cinco años sufre desnutrición crónica.
En el ámbito del trabajo, el desempleo disminuyó al 3,8% en enero de 2023, pero la tasa de informalidad aumentó, llegando a 54,3% y el subempleo alcanzó el 21,7%. De allí que Leonidas Iza, el principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, declarara, apenas se conoció la decisión de Lasso, que hay un “70% población en desempleo o subempleo o empleo precarizado. Más de 6 millones de familias pobres. 200 mil compatriotas salieron del país en busca de oportunidades. Más de 130 mil jóvenes no pudieron ingresar a las universidades. Más de 4 mil muertes violentas en los 2 años de gobierno de Lasso, que significa 25 muertes por día por ausencia de políticas públicas para combatir la inseguridad”.
La CONAIE, el movimiento social más importante del país con mayor población indígena de toda Latinoamérica, cuya expresión política partidaria es el Movimiento Pachakutik, tras años de peleas y rupturas, parece haberse realineado con el correísmo en las últimas manifestaciones de calle y en su correlato electoral, durante las ya descritas elecciones de febrero de este año. Estos realineamientos se explican a la luz de los conflictos de la historia ecuatoriana reciente.
En 2019, y como parte de la “onda expansiva” desatada en Chile en octubre de ese año, las manifestaciones urbano-rurales en Ecuador fueron creciendo, solo aplacadas por la pandemia, en protesta contra los sistemáticos ajustes a la clase trabajadora. El “paquetazo” que denunciaban las organizaciones sociales y partidos de la oposición, refería a los sostenidos aumentos del combustible, "sugerido" por el FMI, y el costo de vida en general. La respuesta del gobierno fue represión y criminalización, lo que finalmente dinamitó la legitimidad de Lenin Moreno.
En 2021 se retomó la calle y las protestas estuvieron asentadas principalmente en el sector agrario. En junio de 2022 hubo una tercera ola de protestas contra la restitución neoliberal. Estas luchas de calle fueron las que, finalmente, lograron rearticular las alianzas dentro del campo popular, entre el correísmo y la CONAIE. Esa fue la primera vez que, en el marco de un paro indígena y agrario, los sectores urbanos se plegaron en masa al conflicto. A su vez, fue la primera vez que el movimiento indigena dejó de pelear públicamente con el correísmo, y a la inversa. La antinomia correísmo/anticorreísmo, finalmente, dejó de ser el eje del debate público. El saldo de la represión estatal fueron más de 6 muertos, cientos de heridos, y detenciones con claros tintes políticos.
La campaña express, ¿simulación democrática?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los candidatos tendrán una semana para realizar su campaña electoral.
Entre los que ya expresaron su intención se encuentra Fernando Villavicencio, ex legislador y ex presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Villavicencio, un periodista de investigación clave en la causa “Arroz Verde”, por la que terminaron condenando a Correa, Glas y otros funcionarios. Villavicencio, dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Concertación, fue un actor central de la guerra jurídica contra el proceso de la Revolucion Ciudadana.
Por su parte, Jan Topic, un empresario con formación militar, anunció en sus redes sociales su candidatura, apoyado por el tradicional Partido Social Cristiano. Topic es dueño de la empresa de telecomunicaciones Telconet y ha combatido en África, Siria y Ucrania, en las filas de la OTAN. Otra posibilidad abierta es la planteada por el Partido Avanza, la Agrupación de Independientes Progresistas, el Movimiento Acción por el Cambio, el Colectivo Ciudadano Juntos Ecuador y Somos Libres, que impulsan la candidatura del ex Vicepresidente de Lenin Moreno, el economista y empresario Otto Sonnenholzner.
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En las fuerzas de la “Revolución Ciudadana” hay dos nombres en danza: Andres Arauz y Carlos Rabascall. El primero, afirman, es el que más mide. El segundo, que fue compañero de fórmula del primero en las últimas elecciones presidenciales de 2021, gozaría del apoyo personal de Rafael Correa, convertido en un gran decisor desde el exilio. Sin embargo, en la ecuación política también aparece el nombre de Leónidas Iza, el presidente de la CONAIE, protagonista indiscutido de las últimas movilizaciones contra Lasso, y muy bien ponderado por Correa, que ya ha manifestado intenciones de pensar una alianza conjunta.
En la coyuntura regional a la que asistimos, donde la apariencia democrática deja entrever cada vez más los hilos del poder fáctico, y sus maniobras financieras, mediáticas y jurídicas contra los proyectos populares, en las organizaciones políticas y sociales en Ecuador se expresan múltiples discusiones sobre la construcción de un programa de gobierno, las alianzas sociales y los acuerdos políticos que lo sostienen y construyen. Todo ello, ni más ni menos, en un contexto de un presidente con un enorme descrédito, dispuesto a gobernar por decreto y a sostenerse en las Fuerzas Armadas, la Policía y el Poder Judicial. Definitivamente, Ecuador constituye un escenario más de crisis institucional y política, en el marco de una ofensiva que es necesario entender en clave regional, con el objetivo de construir alternativas que representen los intereses de las grandes mayorías.
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