Ingreso Universal: un sendero a la igualdad

“Ninguna mujer está inactiva nunca. Es un mandato de género que parece haber cambiado un poco, pero no en sectores medios o populares”.

Dora Barrancos

Con el advenimiento de la crisis del coronavirus se profundiza una situación que en la Argentina lleva mas de cuatro años de persistencia: la caída de los ingresos de la población tanto por la disminución de salarios y prestaciones de la seguridad social en términos reales como por mayores niveles de desempleo (particularmente en los trabajos informales). Dado la intersección del impacto de ambas cuestiones -en los sectores con menores ingresos- la situación ha redundado en un incremento en los niveles de pobreza. Este estado de cosas se originó tanto en las políticas de deterioro programado y explícito del salario real durante el anterior gobierno (aumento de tarifas, aumentos de tasa de interés, devaluaciones, liberalización de movimientos de capital), como en la situación estructural de trabajo no registrado, precariedad laboral y mala distribución del ingreso.

Víctimas principales de estas políticas han sido siempre las mujeres en tanto constituyen el sector que, en cada crisis económica y social, sufre en primer término la pérdida de empleos así como enfrenta condiciones laborales más precarias que el capitalismo patriarcal le asignó. Además se vio especialmente afectado por la supresión del régimen de moratoria previsional implementado por el gobierno de NK y CFK que permitió la incorporación al sistema jubilatorio de más de 3.5 millones de adultxs mayores, el 80% de los cuales fueron mujeres.

Sobre este cuadro aparece el COVID-19. Ante las condiciones de aislamiento que se han vuelto imprescindibles para proteger la salud colectiva y el abrupto derrumbe de la actividad económica, la caída de ingreso ha devenido en un problema de primera magnitud. Los primeros puestos en perderse están vinculados al trabajo informal y a modalidades no asalariadas (trabajos urbanos con vínculos “falseados”). Son por añadidura los casos en los cuales el Estado tiene menos herramientas (o es más difícil la implementación de políticas) por su propia condición de informalidad y/o por la dificultad de identificación o delimitación de las poblaciones objetivo. Hasta ahora el Estado Nacional ha avanzado con políticas de emergencia (IFE, complementación de sueldos de empresas, créditos “especiales”), su propia lógica conlleva dificultades de implementación y control de las mismas.

De mantenerse la necesidad de aislamiento será necesario incrementar y ampliar las políticas públicas tendientes a sostener los ingresos de la población. Es importante señalar que las acciones puesta en marcha hasta ahora tienen un carácter “extraordinario”, es decir están acotadas en el tiempo y condicionadas a la persistencia del fenómeno que las originó.

La profundidad de la situación coyuntural se ha convertido en un marco propicio para exponer y abordar uno de los problemas estructurales del neoliberalismo imperante a nivel global: la divergencia entre, incremento persistente de la productividad por un lado, contrastando con el patrón de baja de salarios y aumento del desempleo, por otro. Esta no es una cuestión idiosincrática argentina, muy por el contrario es un fenómeno global determinado por la institucionalidad multilateral y su impacto en las legislaciones locales.

Parece entonces haber llegado el momento de avanzar por el camino ya insinuado por distintos dirigentes del Frente de Todos y hasta por el propio Presidente de la República respecto a la implementación de algún modelo de Ingreso Básico Universal. Ahora bien, este título designa una perspectiva respecto al funcionamiento del capitalismo, la tecnología, el mundo del trabajo, los derechos y la igualdad. Sería negativo que se pensara simplemente como una cuestión de asistencia social o que se avanzara en un instrumento que no lograra amplia aceptación en la comunidad. Las experiencias de la Asignación Universal por Hijx y el Plan de Inclusión Jubilatoria diseñados e implementados por el kirchnerismo demuestran que es posible avanzar en derechos igualitarios sustentables cuando la sociedad se apropia de los mismos. Ni siquiera el perverso gobierno de Macri pudo destruirlos explícitamente, mas allá de su degradación sobre todo en el campo previsional (donde pasó de contrabando en la cínica ley de “reparación histórica” la sustitución de un derecho igualitario por una prestación asistencial de menor valor monetario -la PUAM-). 

Proponemos por ello poner en funcionamiento un Ingreso Femenino Estructural (otro IFE) de carácter permanente, incondicionado y sin contraprestación.

Someramente los motivos que la sustentan son:

Reconocer un derecho y no adoptar una medida transitoria

Por ende aprovechar la coyuntura desfavorable para tomar una medida de carácter estructural que aumente la igualdad

Es mucho más sencillo de implementar, conformar el padrón de beneficiarios y controlar

Mejora la distribución del ingreso de una vez y para siempre, en todos sus aspectos (género, territorio, edad)

Salda el debate acerca de las tareas que el capitalismo ha decidido no remunerar y que han sido asignadas culturalmente a las mujeres

Sostiene la demanda agregada de toda la economía

Es un tipo de erogaciones con un impacto “federal” automático

Sostiene las economías locales

Es un paso firme en la instauración de una Renta Universal Básica 

El padrón objetivo puede estimarse en 11.260.000 mujeres de entre 18 y 60 años (elaboración propia en base a INDEC).

Como ya lo hemos señalado en otros artículos, nuestro país puso en marcha durante el kirchnerismo una estrategia concreta de cobertura creciente de la población, en el camino hacia una Renta Universal como la que se viene discutiendo en términos académicos. Por lo tanto, el avance de dicha política en Argentina debiera enmarcarse en la continuidad de la construcción de políticas sociales universales por segmentos de la población.

Esta experiencia efectiva contrasta notable y positivamente respecto a los “experimentos sociales” transitorios implementados en otras latitudes. El camino secuencial en este sentido dan cuenta el Programa de Inclusión Jubilatoria (iniciado en 2006) que logró superar el 90% de cobertura para adultxs mayores y la Asignación Universal por Hijx (iniciada en 2008) que alcanza al 100% de lxs niñxs al completar las asignaciones familiares y los descuento por hijx para autónomxs. 

Un aspecto destacable de esta historia es además, que en ambos casos las medidas han tenido un impacto notable (muchas veces minimizado, ocultado e incluso denostado) sobre la igualdad de género, ya que como se dijo antes el 80% de quienes accedieron al derecho jubilatorio mediante la moratoria son mujeres y la percepción de la AUH (si bien el hecho que determina el derecho es la niñez) quedó en cabeza de las madres (contrastando con la tradición del padre como proveedor). 

Cuando se intentaba denigrar nuestra política previsional tildándola de “jubilación para amas de casa” a nosotrxs, por el contrario, nos llenaba de orgullo. Por eso, proponemos enmarcar conceptualmente dichas medidas tanto en el tránsito hacia un modelo de ingreso universal como en un feminismo igualitario profundo.

    El monto del mencionado reconocimiento de derechos de género debiera obviamente estar vinculado con el salario mínimo. Mientras que la universalidad de la misma explicarse a su vez en la centralidad de las tareas de cuidado que comprometen a todas las mujeres, que si además trabajan, desarrollan una segunda jornada sin remuneración a la fecha.

    Lo obvio a veces no se tiene en cuenta. ¿Qué sería de la humanidad sin el trabajo que han desarrollado las mujeres y no ha sido remunerado? ¿Cómo cambiaría el PIB si se incorporaran dichas tareas que la contabilidad del capitalismo no acepta reconocer? ¿Cómo puede ser que un sistema que le pone precio a todo no se digne valuar trabajos concretos e indispensables?

De aliados, neutrales u oposición

Entre lxs actores tradicionales del debate sobre un ingresos universal femenino estarán sin duda lxs legisladorxs y personalidades políticas del oficialismo y de la oposición. Sus posiciones son más o menos conocidas y previsibles. Basta rememorar las cosas que se dijeron en el debate de la AUH para proyectar sus posiciones. Algunxs fueron capaces de expresar que “se embarazan para cobrar la AUH”, cuestión que no resiste el mínimo análisis cuali ni cuantitativo ni la evidencia post-facto. O que la “plata de la AUH se iba por la canaleta de la droga y el juego”, los que se fueron a la canaleta intelectual fueron aquellos capaces de expresar semejante discriminación.

Pero en estos tiempos, ha cobrado visibilidad masiva una fuerza singular que viene desarrollándose desde mucho tiempo atrás, los distintos sectores del movimiento feminista se han constituido en la fuerza social y política más potente del sXXI. Es esperable que impulsen mayoritariamente una iniciativa de este tipo. Y teniendo en cuenta que el feminismo tiene extraordinaria capacidad para expresarse en términos públicos (en los diversos espacios) consideramos que dicha voz será decisiva.

La posición del Papa Francisco es también favorable a las políticas de ingresos universales. Desde otro eje ha asumido una contundente defensa de lxs vulnerables, desposeídxs y marginadxs por lo que simbólica e institucionalmente conlleva una opinión central.

De prosperar esta estrategia la Argentina completaría con ingresos garantizados al universo total de mujeres, ya que las menores acceden a la Asignación Familiar cuando los padres tienen trabajo formal y a la AUH cuando no. Y las adultas mayores poseen el derecho jubilatorio (cierto es que deteriorado considerablemente por el gobierno macrista, tras la sustitución de la Inclusión Jubilatoria por la PUAM).

Además la prestación propuesta se enmarca en el modelo ya utilizado de medidas con un fuerte impacto territorial, ya que acompañan en forma directa a quienes las perciben, lo que ha probado ser fuente de redistribución presupuestaria federal sosteniendo además la demanda local.

Pero asimismo, la nueva IFE:

Mejora la distribución del ingreso entre géneros, mejora la distribución del ingreso territorial, mejora la distribución de ingresos por edad.

Al disminuir una desigualdad de ingresos sostenida en la diferencia (que obviamente persiste) tiene también impacto cualitativo respecto a la igualdad de género con efectos esperados en disminución de sometimiento de género y violencia familiar.

Aumenta la propensión marginal a consumir promedio del colectivo que percibe ingresos, por lo tanto mejora la demanda agregada de la economía como un todo.

En términos operativos se propone que la prestación será acordada y administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que ha demostrado su capacidad operativa y cobertura de todo el territorio. Esto también le otorgas certeza presupuestaria, ya que el presupuesto del organismo incluye como recursos propios (Fuente de financiamiento 12) los aportes y contribuciones más recursos tributarios ya asignados por leyes específicas mientras que un eventual déficit es cubierto por el Tesoro Nacional (Fuente de financiamiento 11) según la normativa vigente.

Se propone a la par crear un “fondo de igualdad de género” (Fuente 12 con destino ANSES) aumentando la alícuota de Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas (exceptuando PyMEs) así como para los dos deciles más altos de ingresos y las categorías equivalentes de contribuyentes autónomos. Compondrían el mismo también un impuesto sobre la renta financiera y una alícuota adicional sobre las actividades exportadoras primarias.

Es que no se puede ni se debe diseñar e implementar ninguna política de ingresos universales sin un cambio en el sistema de ingresos públicos.

Una reflexión final. El ingreso básico universal será siempre el piso de reconocimiento social al derecho a la vida. Algo necesario para asegurar una verdadera libertad. La libertad de vivir sin privaciones y sin miedo. Una libertad compatible y hermana de la igualdad. Pero hace a una Justicia Social que llamaremos restringida y que invita a repensar un concepto central en el imaginario político y popular de la República Argentina: la movilidad social ascendente. Más allá de su semántica, en nuestra sociedad esta expresión implica tanto la posibilidad de mejorar la posición relativa individual como la reducción de diferencias entre diferentes colectivos.

Una Justicia Social verdadera tendrá como objetivo la construcción de un sistema económico productivo con mejor distribución del ingreso y por lo tanto menos necesidad de redistribución. En su tiempo el General Perón propuso garantizar (y se logró) una participación igualitaria en la distribución de la renta entre el capital y el trabajo.

Nada indica que el llamado fifty-y-fifty, como igualdad de posiciones en términos de Dubet refleje, con exactitud, las respectivas contribuciones a la creación de la riqueza de una sociedad. 

Pero como siempre en la historia, la proporción concreta será más que el resultado de complicados cálculos matemáticos, el producto de la lucha de lxs trabajadorxs. También de la posición comprometida o distante de sus gobiernos. 

No pensamos el ingreso universal como un nuevo ordenador de la sociedad, ni como la fuente mágica (no fue magia) de igualdad. Es para nosotros una herramienta más para que lxs trabajadorxs puedan obtener y ejercer sus derechos. Es un sendero no un objetivo. Con más instrumentos se podrá ir modificando la correlación de fuerzas. Y con más herramientas entonces, continuar la lucha por un mundo más igualitario, menos patriarcal, menos depredador y menos discriminador. Por lo tanto, también, menos violento.