El gran triunfo de sacarla barata

Por más que los voceros del gobierno precedente con menor temor al ridículo se paseen por los medios afirmando que el macrismo sólo incrementó mínimamente la deuda en “un 22 por ciento”, un dislate que a esta altura no amerita siquiera respuesta, el dato duro en términos de sostenibilidad es que en diciembre de 2015 las obligaciones de pago en divisas para los 4 años subsiguientes eran alrededor de 50 mil millones de dólares. En diciembre de 2019 la cifra se había triplicado: 150 mil millones.

Cuando la Alianza PRO – UCR se endeudaba a la velocidad del rayo, la insustentabilidad estuvo siempre a luz del sol y no para los adelantados en las complejidades del interés compuesto, sino para los simples conocedores de la adición. Luego, cuando los acreedores privados cerraron el grifo a principios de 2018 y comenzaron a hacerse programas con el FMI nadie en su sano juicio creyó que la estructura de vencimientos era sustentable. El macrismo aprovechó primero una economía relativamente desendeudada y cuando la agotó volvió al FMI, un regreso que también fue producto de la voluntad de sostener en el largo plazo el tipo de política económica que surge de las condicionalidades históricamente impuestas por el organismo. La coyuntura del período tiene más detalles, pero esa fue la lógica que estuvo por detrás del extraordinario endeudamiento en moneda dura.

Si bien es un hecho conocido vale la pena repetir que lo que define una relación colonial es la extracción del excedente económico y que, en la era del capital financiero, esta extracción se realiza a través de la deuda. Luego, las instituciones como el FMI garantizan las condicionalidades sobre las políticas económicas futuras. Los resultados del macrismo en materia de deuda no fueron un error, sino un objetivo político logrado en apenas 4 años: la resubordinación de la economía local al capital financiero global y la reducción al mínimo de los grados de libertad para la política económica interna.

En sólo un período de gobierno la segunda Alianza condicionó a la economía por décadas. Pero lo más duro cuando se mira hacia atrás es que, aun dentro de un sistema constitucional, no existieron barreras de contención. No es verdad que la deuda tomada en 2015-2019 es ilegítima. No debe olvidarse que la bandera de largada del proceso, el pago sin chistar a los buitres, recibió el voto de dos tercios de los diputados y tres cuartos de los senadores. Tampoco que en 2018, cuando una porción de la oposición convocó a una sesión en Diputados para rechazar el acuerdo con el FMI, buena parte de los propios no bajaron al recinto. El macrismo no fue una anomalía. No se trató de la banda de un loquito suelto y sus secuaces, sino de una estrategia de “el poder” en la Argentina. Su proyecto contó con el apoyo generalizado de la clase política, de la CGT, de las agrupaciones empresarias del campo, la industria y el comercio, de los principales grupos mediáticos y de la embajada estadounidense. Un “bloque histórico” impresionante, acotaría seguramente el teórico de Cerdeña.

  Estos hechos no se rememoran por un tardío espíritu revisionista, sino porque es imposible analizar los recientes acuerdos de renegociación de la deuda externa con acreedores privados si no se comprende, precisamente, “la realidad del poder”. La inclusión de “el poder”, es decir de las relaciones entre las clases sociales, locales y globales, la geopolítica y la geoeconomía. Esta es, precisamente, una de las principales diferencias entre la economía vulgar y la economía política. Y la peor lectura que puede hacerse sobre los acuerdos para la renegociación de la deuda con los privados bajo ley extranjera, es la que prescinde de la economía política.

  El enfoque puramente financiero es el que abunda en la discusión sobre el valor presente neto (VPN) de la deuda, una dimensión necesaria, pero insuficiente. La primera oferta de Argentina tenía un VPN de 40 dólares cada 100 nominales y la de los “bonistas” liderados por los grandes fondos de inversión rondaba los 75 dólares. El acuerdo se cerró un poco por debajo de 55 dólares por cada 100 (exactamente 54,7), no muy lejos del valor central de 57,5 entre las puntas iniciales. Bajo esta perspectiva el resultado parecería tan razonable como favorable a la posición argentina.

Sin embargo el criterio que guio la negociación no fue arrimarse a un valor central, sino otro basado en dos premisas: obtener un período de gracia y pagos “sostenibles en el tiempo”. Esta segunda premisa, la de la sostenibilidad, pretendía alguna quita de capital, pero especialmente una baja de los intereses, un punto inmediatamente lógico en tanto se supone que la tasa de interés incluye el riesgo de incobrabilidad. El riesgo de una deuda próxima al default no es el mismo que el de una ya reestructurada. El resultado alcanzado hasta ahora es una quita mínima de capital, pero un virtual período de gracia hasta 2025 y la baja promedio de los intereses desde el 6,6 a 3,2 por ciento.

Finalmente la sostenibilidad implica que los dólares que genera la economía alcanzarán para pagar los compromisos asumidos. Este último punto es importante porque suele perderse de vista que las deudas “externas” se pagan con dólares, no con superávit fiscal. En este punto la economía vulgar postula la metafísica de la “confianza”. Si hay confianza lloverán los dólares. Esta fue precisamente la lógica del macrismo, para quien no importaba incurrir en déficits externos (de la cuenta corriente del balance de pagos) gigantescos en tanto “la confianza de los inversores” en un gobierno “amistoso con los mercados” se traduciría en una abundante entrada de capitales. No se trata de un argumento novedoso, sino de la misma letra que acompañó a todos los procesos de mega endeudamiento local desde al menos 1976.

Desde un sentido económico estricto la reestructuración sostenible fue la que se calculó en la primera oferta, la de 40/100, en tanto la última de casi 55/100 lo será bastante cuando comiencen los vencimientos fuertes a partir de… 2025, cuando muchos de nosotros estaremos muertos. Por supuesto en este punto abundan las proyecciones y los supuestos. Si por ejemplo de aquí a 2025 la economía aprovecha el período de gracia en los pagos (es decir la reducción de la extracción de su excedente externo) y pega un salto de crecimiento y desarrollo, quizá puedan no generarse los dólares, pero sí, con un poco más de realismo, las condiciones para la renovación de los vencimientos. No obstante las suposiciones son muchas y el tiempo hasta entonces, medido en historia argentina, una eternidad. Aunque todavía falte pasar por las horcas caudinas del FMI, la que hoy realmente importa es que los compromisos hasta 2024 inclusive serán relativamente marginales, menos de 1 punto del PIB por año. En la negociación con el Fondo los objetivos serán similares a los de la negociación con los privados, posponer pagos a la vez que minimizar condicionalidades. La supuesta “quita imposible” no será prioridad. Y en cuanto a la deuda bajo legislación local no debe olvidarse que alrededor del 60 por ciento es intra sector público.

La síntesis provisoria de lo conseguido hasta el presente es que el gobierno evitó un default abierto que, en un contexto de reservas internacionales escasas, habría tenido un fuerte impacto sobre el precio del dólar y sobre el nivel de actividad, lo que a su vez habría abierto un escenario de inestabilidad política. Además, el potencial default no se evitó a cualquier precio, “el plazo de gracia” obtenido dará aire a todo lo que resta del primer gobierno del Frente de Todos.

¿Se podría haber obtenido un acuerdo mejor? En términos estrictamente económicos seguramente sí. Obviamente era mejor la primera oferta que la última, pero en términos de relaciones de poder la respuesta es no. Primero porque la posición negociadora del país era muy débil. Los fondos de inversión sabían que Argentina quería arreglar, pero también que los costos de no arreglar serían muy elevados para el país.

Segundo, e igual de importante, el poder económico local --y por extensión algunos referentes del Frente de Todos-- jugó a favor de los intereses de los acreedores. Presionaron por apurar un arreglo durante toda la renegociación (“¿van a defaultear por 3 dólares (cada 100)?”), jugaron en contra del ministro Martín Guzmán hasta el punto que el Presidente debió apuntalarlo varias veces como único negociador, mientras siguen demandando “un plan” económico al estilo FMI, casi como si no hubiesen perdido las elecciones.

Una tercera explicación se encuentra en la suma de condiciones políticos: a pesar del desastre provocado e su paso por el gobierno, el cambiemismo retuvo 4 de cada 10 votos en las últimas elecciones, mientras el oficialismo es una fuerza heterogénea que apenas consigue mayorías simples en el Congreso. El traspié Vicentin demostró que la derecha se mantiene fuerte y que el Poder Judicial funciona siempre como una casta retardataria en tándem con el poder económico.

Cuarto, el panorama regional. Quizá disimulado por la pandemia, que frenó algunas rebeliones, la situación de la región es muy desfavorables. Prácticamente no quedan gobiernos progresistas y todo el Mercosur es gobernado por fuerzas de derecha. No hace falta recordar el golpe en Bolivia, al peligro Bolsonaro ni la nueva agresividad estadounidense. Nunca Argentina estuvo tan sola en una región donde, dicho sea de paso, no existen países que estén realizando cambios estructurales o creciendo por demanda.

Y finalmente queda la macroeconomía. En promedio se viene de 10 años de estancamiento, con más de dos años catastróficos desde 2018.También de una inflación que en 2019 rondó el 50 por ciento y escapó por poco de la híper. El año pasado también cayeron fuertemente las reservas y desde el cambio de gobierno apenas se mantuvo su nivel. Sobre este panorama llovido y mojado apareció la pandemia.

El balance preliminar es que haberla “sacado barata” con un arreglo relativamente razonable que evitó el caos de un default y despejó el panorama financiero por cuatro años puede considerarse un verdadero triunfo. Que en este escenario de restricciones mayúsculas y en el medio de una recesión que será histórica el gobierno mantenga elevados índices de popularidad, y que sus medidas hayan evitado y contenido un estallido social, representa un triunfo adicional.