Todos los años para esta fecha los sectores de derecha y negacionistas buscan discutir la cuestión de los desaparecidos. Para ello, con pocos o nulos argumentos, tratan de desprestigiar la historia, no quieren conocer la verdad de nuestro pasado, rechazando sistemáticamente las políticas de la memoria.
Es realmente un tema muy difícil tener que discutir el número de vidas humanas, como si se tratara de simples objetos. Sin embargo, todos los pueblos tienen el derecho a conocer su historia, la magnitud de sus tragedias y cuáles son los puntos en disputa con los cuales se construye la memoria y se busca hacer justicia.
Para discutir la cuestión sobre los desaparecidos los grupos de derecha habitualmente suelen utilizar dos tipos de estrategias. Una de ellas, como hacen los seguidores de Gómez Centurión, es intentar señalar que “los desaparecidos no fueron inocentes”. Que, de una manera poco larvada, quieren negar no solo el número de “30 mil” sino también justificar la desaparición de personas y los crimines de lesa humanidad, implicando a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado como responsables de su propio acontecer trágico.
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La segunda estrategia, mucho más extendida, es negar directamente el número de “30 mil desaparecidos”. Para hacer esto el principal argumento que se suele utilizar es apelar a los registros documentales oficiales, ya que, tal cual nos señala el recuadro, no existe ninguna institución que haya arribado al número simbólico de “30 mil”. Sino que el número más alto lo ofrece los archivos del año 1978 de un agente chileno, Arancibia Clavel, que contaba con un excelente acceso a las fuentes militares y altas esferas, que, en un informe secreto, indicaba que a dos años de comenzar el proceso ya había 22 mil muertos. Algo muy similar a los cables secretos en los cuales la embajada de Estados Unidos informaba a su país.
Es importante notar en ambas fuentes representan informes secretos, ocurridos a pocos años de iniciada la dictadura, con buena información interna y que en ningún caso buscaron “agrandar cifras”, generar escándalo, polémicas o conmoción. Sino que simplemente intentan informar a las autoridades de sus respectivos países lo que estaba ocurriendo en la Argentina en aquel momento y que, más bien, se presentan como números conservadores. Todos las demás cifras y organismos, indican valores todavía inferiores a estas cifras.
A su vez, al no existir un número oficial cercano a los “30 mil desaparecidos”, inmediatamente se habla de que es “un número inventado”. Pablo Shoklender, antes cercano a las Madres de Plaza de Mayo, llegó a decir que la misma Hebe de Bonafini le había confesado que el número lo había inventado ella. O como también sucede, Luis Labraña, ex militante Montonero, solía pasar por los medios de comunicación diciendo que él lo había inventado como “una necesidad política”. Mientras que otras personas, como el expresidente de facto, Jorge Rafael Videla, le atribuyen la invención al ex secretario de Derechos Humanos del kirchnerismo, Eduardo Luis Duhalde.
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Por su parte, la cuestión del “recuento” de las víctimas efectivas implica muchas temáticas. Una de ellas tiene que ver con la definición de la palabra “desaparecido”, la cual no posee un sentido único: a veces refiere a los muertos causados por el aparato estatal durante los años 1973-1983, ya que como dijo el mismo Videla en la serie de entrevistas que le concedió al periodista Ceferino Reato “cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte” (2012: 51). Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay personas consideradas desaparecidas (o que lo estuvieron un tiempo) y que luego aparecieron vivas.
Tampoco refiere a hallar los cuerpos, saber qué les pasó o dónde están: pues muchos pudieron ser hallados, ya sea muertos, sus cuerpos entregados, abandonados o encontrados tras simular su muerte en un enfrentamiento inventado. A su vez, una definición más amplia, puede considerar desaparecidas a personas que tuvieron que emigrar del país por la persecución, las amenazas, fueron desterradas o encontraron en el exilio forzoso la única chance de supervivencia.
Por todo esto, a veces es mejor no confundir a todas las víctimas de la represión ilegal (y todas las formas que asumió) con la palabra desaparecido, ligada esencialmente al secuestro y el haber sido parte de los centros clandestinos de tortura.
Otro tema a considerar con respecto a la “definición” y la cuestión de su “registro” tiene que ver con el argumento central a debatir. Pues quienes son negacionistas del número “30.000” justamente no entienden el punto del cual parten: no hay número oficial estricto porque la represión fue en gran medida ilegal, sin existir registros de ella. De allí que el único camino posible para conocer el número de víctimas es a través de una reconstrucción estimativa.
De hecho, por ejemplo, cuando se habla de los 6 millones de judíos asesinados en el holocausto, nunca se pudo identificar a todas esas victimas (los registros más exhaustivos llegaron a 4 millones), sin embargo, dada la dimensión de la tragedia, existieron formas alternativas de aproximarse.
En este sentido, los centros clandestinos de tortura y desaparición existentes entre 1974 y 1983 reconocidos oficialmente fueron 762 (información disponible aquí). Es decir, solo basándonos en este número oficial, con que hubieran pasado “tan solo” 40 personas por cada uno de ellos, se llegaría fácilmente a la cifra de 30 mil.
No obstante esto, debemos tener en cuenta que varios centros de tortura fueron auténticos campos de concentración a gran escala, en el que estuvieron varios miles de personas: por la ESMA pasaron unas 4.500, en Campo de Mayo 4.000, La Perla (Córdoba) unas 2.500, Vesubio unas 2.000 y Club Atlético 1.500. Es decir, si solo se considera estos cinco centros, la cantidad de personas superan el número de 15.000, cuando, repitámoslo, el número de centros de tortura y desaparición fueron unos 762. Por todo esto, vemos, el número de “30.000” no luce imprudente ni exagerado sino muy conservador en su estimación.
Agreguemos, a su vez, como lo hace Eduardo Luis Duhalde, el considerar el número de habeas corpus presentados durante esos años o el número de integrantes de las fuerzas militares y de policía destinados a la represión ilegal (unos 150 mil efectivos consignados a la caza de víctimas). Todo esto vuelve a mostrar que la cifra de “30 mil desaparecidos” está lejos de ser caprichosa o arbitraria, sino un valor bastante lógico.
Por ello siempre es recomendable estudiar la historia y aprenderla en vez de negarla. Sigamos luchando por tener MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.
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